La exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán, fue aprehendida este lunes en el marco de las investigaciones por la comercialización de gasolina de mala calidad a inicios de este año. Según la Fiscalía existen más de 88 indicios en su contra y pedirán su detención preventiva de 180 días debido a supuestos riesgos de fuga y obstaculización de la investigación.
Durán fue aprehendida en la ciudad de Santa Cruz y este martes por la mañana fue traslada a La Paz en un vuelo comercial, ciudad donde se desarrollará la audiencia judicial. Está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó el lunes que la exdirectora jurídica estaba a cargo de la revisión de los contratos suscritos por la empresa petrolera con firmas internacionales, entre ellas Vitol y Trafigura, para la provisión e importación de combustibles que luego son comercializados en Bolivia.

“Son más de 88 indicios que se tienen dentro de lo que es el tema del caso denominado gasolina basura. Estos indicios también sirvieron en su momento para librar la resolución de aprehensión. Todos los elementos e indicios van a ser expuestos”, explicó en el canal Red Uno.
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Daniela Durán es una abogada con trayectoria en el sector hidrocarburífero y experiencia en YPFB. Antes de ocupar el cargo de directora jurídica ocupó funciones en el área legal de una de las agencias subsidiarias de la estatal. En su perfil profesional destaca la negociación de contratos comerciales, derecho corporativo, análisis financiero y estrategia de fijación de precios, entre otros.
Su aprehensión es parte de un proceso judicial más amplio que incluye acusaciones contra varias autoridades de los gobiernos de Luis Arce (2020-2025) y el actual de Rodrigo Paz, entre ellas el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que fue imputado penalmente por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica a raíz de la autorización de desprecintado de un lote de gasolina que tenía indicios de estar contaminado. La exautoridad, que defendió su inocencia alegando que la liberación de ese combustible estaba destinada a la realización estudios y no a su comercialización, obtuvo detención domiciliaria el 31 de julio.
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Además de Medinaceli hay tres exgerentes presos -Carlos Cuellar Pinto, Rolando Torrico Ibañez y Alejandro Mendoza Torrez- y varios exfuncionarios señalados como presuntos, entre ellos el expresidente Luis Arce, el exministro Alejandro Gallardo y los expresidentes de la estatal petrolera, Armin Dorgathen y Yussef Alky.
Según un informe de la comisión legislativa que investigó el caso, la comercialización de gasolina contaminada en el primer trimestre del año respondió a una sucesión de malas decisiones, omisiones administrativas y deficiencias técnicas tanto en la administración anterior como la actual.
La distribución de este combustible provocó daños mecánicos en miles de vehículos. Según el último reporte de la estatal petrolera, se recibieron más de 66 mil denuncias y cerca de 28.000 usuarios ya fueron resarcidos con un seguro de compensación que fue creado en medio del escándalo. El desembolso hasta el 8 de junio de este año superaba los 8,5 millones de dólares.
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