La denuncia de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez por violación de secreto cambió de tribunal

La denuncia del ex presidente de la Nación Alberto Fernández por violación de secreto contra su ex pareja Fabiola Yañez por difundir contenido de un teléfono celular cambió de fuero y será otro tribunal el que estará a cargo del proceso. Pasó de Comodoro Py, donde el ex mandatario la había presentado, a la justicia nacional de instrucción de la ciudad de Buenos Aires.

El ex presidente había iniciado la denuncia en la Justicia Federal pero el fiscal federal Eduardo Taiano y la jueza María Eugenia Capuchetti se declararon incompetentes por entender que el delito a investigar no era federal, sino que correspondía a la Justicia de instrucción. Esa decisión quedó firme el viernes pasado.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Cámara del Crimen recibió hoy el expediente y lo sorteó. El caso quedó en manos de Alejandro Ferro, a cargo de manera subrogante del juzgado de instrucción nacional 44, y de la fiscalía 24 de Marcelo Retes. Ahora deberán decidir si aceptan el caso o si entienden que debe volver a Comodoro Py. En ese último supuesto será un tribunal superior el que defina en donde debe tramitar la causa.

El ex presidente denunció a Yañez por presunta violación de secreto. Fernández planteó que su ex pareja accedió al contenido de un celular que él le había dado al hijo de ambos, Francisco, de dos años, para que mirara videos y escuchara música y que de allí accedió a contenido que luego divulgó, como las filmaciones con la conductora Tamara Pettinato en su despacho de la Casa Rosada.

“La querellada Fabiola Yañez es la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido. Dicha información está contenida en el teléfono que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal”, sostuvo en la denuncia que presentó la abogada Silvina Carreira, quien también defiende al ex jefe de estado en la denuncia por violencia de género que Yañez presentó en su contra.

La causa había recaído en la jueza Capuchetti quien entendió que no corresponde que intervenga la Justicia Federal de Comodoro Py y resolvió que el expediente pase a la Justicia nacional de instrucción. Para rechazar la causa, la magistrada sostuvo que la Justicia federal puede intervenir “cuando exista un riesgo para la regular prestación de los servicios de telecomunicación o una afectación a los intereses del Estado Nacional”, lo que no se da en la denuncia que presentó el ex presidente.

“Se puede observar que se trata de un conflicto entre particulares, que de ninguna manera podría vulnerar la tecnología de la información ni de las comunicaciones, así como tampoco de algún software en específico”, sostuvo la magistrada para derivar la causa a la justicia de instrucción.

En la denuncia, Fernández había pedido que se dicte una medida cautelar para que se le ordene a los medios de comunicación que “se abstengan de reproducir, mencionar y/o cualquier otra conducta que implique la invasión a mi privacidad e involucre a mujeres”. La jueza rechazó ese planteo.

Capuchetti sostuvo que no se daban ninguno de los dos requisitos de una medida cautelar, la verosimilitud de derecho y el peligro en la demora. “El peticionante no ha logrado demostrar la verosimilitud en el derecho invocado, ya que, al momento de realizar su presentación, no indicó cuál sería el objeto de la medida cautelar, sino que tan sólo se limitó a expresar manifestaciones genéricas en torno a que no se divulgue información personal que involucre a mujeres”, sostuvo.

También señaló que el ex presidente “tampoco precisó hacia quiénes se debería dirigir la medida solicitada ya que no individualizó correctamente cuáles serían los medios de comunicación afectados”. Y otro de los argumentos de Capuchetti fue que prohibir la difusión de las imágenes afectaría la libertad de expresión y de prensa: “En caso de hacer lugar a la medida cautelar peticionada, se estarían cercenando diversos derechos de raigambre constitucional, como lo son la libertad de prensa y la libertad de expresión, lo que representaría una censura previa”.