
En medio de la conmoción mundial que provocó el atentado contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, aspirante a volver a ocupar la Casa Blanca, la seguridad de los jefes de Estado en Argentina también está en la mira. El intento de asesinato a Cristina Kirchner y el botellazo lanzado a Javier Milei el día de su asunción lo dejaron expuesto. En ese contexto, dos fiscales le reclamaron a la Policía Federal que revise la “discrecionalidad” que tienen los custodiados a la hora de cumplir con las medidas de seguridad. Y uno de ellos hasta planteó que si no van a seguir con las órdenes, firmen un acta en donde deslinden de responsabilidad a los agentes, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
La nota, a la que accedió este medio, fue enviada a la jefa del Departamento de Investigaciones Administrativas de la Policía Federal, comisario inspector Mónica Carracedo. Está firmada por el fiscal Carlos Rívolo, que tiene en sus manos la investigación del ataque a CFK y logró en un juicio abreviado la condena del hombre que le lanzó un botellazo a Javier Milei el día de su asunción. Y va en sintonía con otro escrito que mandó días antes el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, haciendo las sugerencias para revisar algunos puntos del Protocolo de Actuación 07 para la custodia de funcionarios y dignatarios, aprobado mediante resolución PFA 266 del 2012.
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Precisamente, el fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la PIA, y el fiscal Rívolo se pronunciaron luego del sumario administrativo que la Policía Federal llevó adelante sobre cómo actuó la custodia de Cristina Kirchner el día en que Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma en la cabeza. El joven, que hoy está siendo sometido a juicio, se había mezclado entre los militantes kirchneristas que esperaban a la entonces vicepresidenta en su casa. La custodia hacía una división entre “público hostil” y “no hostil” y por lo tanto nunca supusieron una amenaza entre los que iban a saludarla. El tiro no salió porque no había bala en la recámara. El “copito” fue atrapado por los simpatizantes K.

Tal como detalló Infobae la semana pasada, el sumario interno determinó que no hubo irregularidades. “El personal policial dio cumplimiento estricto al tipo de accionar específico de acuerdo a la situación, entorno y momento de la protección de la exmandataria, manteniendo de forma continua y permanente estrecho contacto con la misma”, se dijo.
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La PIA le pidió a las autoridades de la fuerza rever el protocolo de custodia. Según las fuentes consultadas, allí se planteó que el protocolo actual permite un grado de “discrecionalidad” del dignatario que le permite al custodiado alterar “total o parcialmente” las medidas de seguridad y protección. Se reclamó entonces “limitar la discrecionalidad del funcionario custodiado, quienes deberán cumplir con las instrucciones impartidas por los custodios asignados, a fin de poder desempeñar eficientemente la protección de los mismos, garantizando su seguridad integral”.
El fiscal Rívolo se sumó al planteo: “a modo de sugerencia y a los fines de su consideración por parte de la autoridad que corresponda” afirmó que se “evalúe la posibilidad de dejar en claro que las alteraciones -totales o parciales- a la aplicación de los protocolos de custodia y protección de personas” no pueden ser permitidas ya que “en todos los casos” son “potestad exclusiva de quien ejerza la jefatura de la custodia”, en tanto es el “máximo responsable de la garantía de seguridad del custodiado”.
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“Sin perjuicio de lo anterior, para aquellos casos en los cuales el funcionario insistiese en que se modifique alguna de las medidas de seguridad previstas en los protocolos, corresponderá la inclusión de una cláusula en la cual se exija la firma de un acta o documento escrito en el cual quede asentado expresamente dicho requerimiento, poniéndolo en conocimiento -a través del jefe de custodia- de los posibles riesgos que suponga la alteración de los protocolos correspondientes”, se añadió en la nota a la que accedió Infobae enviada días atrás.
El planteo del Ministerio Público quedó a estudio de las autoridades de la Policía Federal, justo cuando en el mundo se debatía el intento de asesinato del expresidente y candidato Trump en un acto de campaña.
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