Mafia de los contenedores: así operaba la banda que aprovechaba mudanzas desde Miami para contrabandear mercadería

En septiembre de 2016, Martín L. fue citado por la Aduana para la apertura de un container. Lo primero que pensó fue que por fin habían llegado la cama especial que debía usar su esposa a quien le habían trasplantado un riñón y un televisor de 50 pulgadas, los únicos elementos que decidió traer de Miami, ciudad donde el matrimonio había residido menos de un año y medio. Para concretar ese propósito había contratado los servicios de la empresa Venner Trade, propiedad de Javier Limardo, un argentino a quien había conocido porque tenía las oficinas en el mismo complejo donde funcionaba la compañía en la que él trabajaba. La sorpresa fue grande y el estupor aún mayor cuando las autoridades aduaneras le informaron que un contenedor completo estaba a su nombre. Al abrirlo se encontraron con mercadería nueva que no había sido declarada que había ingresado al país en forma ilegal. No estaban ni el televisor ni la cama. Luego fue anoticiado de que los contenedores a su nombre eran tres y que estaba imputado en una causa penal por contrabando. Los datos personales de Martín L. habían sido utilizados para esa maniobra, había caído en la trampa de los mudanceros de Miami. La modalidad criminal se repitió decenas de veces.

La instrucción de la causa, que tramita en el Juzgado Penal Económico Nro. 6 a cargo del juez Marcelo Aguinsky, tuvo como propósito investigar la presunta actuación de una asociación ilícita que habría simulado diversas mudanzas internacionales de ciudadanos argentinos residentes en el exterior, cuyo régimen de importación se encuentra exento de gravámenes, con el fin de ingresar al país mercadería de origen extranjero destinada a ser comercializada. De esta manera, pretendieron evadir los pagos de los derechos que gravan las importaciones para consumo.

El juez Aguinsky procesó sin prisión preventiva a ocho personas que integraban este grupo acusadas de los delitos de asociación ilícita y contrabando. Además el magistrado ordenó trabar embargos por un total de más de 40 mil millones de pesos. Según pudo establecer la instrucción esta organización dedicada a cometer delitos habría funcionado al menos desde el mes de septiembre de 2015 hasta marzo de 2017.

En la causa se investigan 28 hechos consumados y otros 7 en grado de tentativa. La banda ingresó al país mercadería nueva, de origen extranjero, destinada a ser comercializada, evadiendo el pago del derecho de importación, mediante supuestas mudanzas provenientes del exterior de ciudadanos argentinos, cuyo régimen se encuentra libre de gravámenes. Para esos fines habría presentado ante la D.G.A. documentación falsa con el propósito de someter la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal distinto y más favorable al que corresponde, con la presunta intervención en los hechos de funcionarios de la Aduana, ya que la mercadería -en todos los casos- superaría la suma de $3.000.000.

A través de esta modalidad ingresaron ilegalmente al país consolas de videojuegos PlayStation, insumos médicos, ecógrafos, monitores para ecógrafos, repuestos, calzados, juguetes, prendas de vestir, celulares, notebooks, cámaras de fotografía y video, bicicletas, peluches, lentes, y drones, entre otros artículos.

Según se pudo establecer en la investigación el grupo estaría integrado por Aldo Javier Limardo, dueño de la empresa Venner Trade Company LLC; Julio Fernández, el despachante de aduana, Omar Elhamond; y los verificadores aduaneros Edgardo Kornuta, Julio Loscalzo, Leonardo Savio, Patricio Curiel y Pedro Gómez.

La maniobra comenzaba en las oficinas de Limardo en Aventura, en el norte de Miami, donde los argentinos que querían regresar al país contrataban los servicios de la empresa Venner Trade que, además de hacer el transporte desde Estados Unidos a la Argentina, ofrecía ocuparse de todos los trámites, tanto de retiro de los objetos de la Aduana en Buenos Aires como del transporte y su entrega a domicilio. Para eso los interesados en hacer la mudanza a la Argentina debían presentar un certificado de residencia que pedían en el consulado argentino en Miami y además les hacían firmar un poder ante un escribano en Buenos Aires a favor del despachante Omar Elhamond con la excusa de que era necesario para hacer los trámites ante la Aduana para poder ingresar a plaza los objetos de la mudanza. De acuerdo con la investigación, el otro integrante de la organización en Buenos Aires, de apellido Fernández se ocupaba de contactar a los repatriados, se aseguraba de que firmaran el poder y se ocupaba de contratar el transporte.

Según señala el auto de procesamiento dictado por el juez Aguinsky, empresa habría utilizado los nombres de sus clientes en mudar sus pertenencias desde los Estados Unidos hacia la Argentina, como consignatario de los contenedores -con los elementos a mudar-.

Sin embargo, quedó demostrado que los documentos de transporte internacional eran apócrifos en cuanto a la mercadería transportada en los containers y de esa manera se presentaba en la Aduana con el propósito de burlar los controles. De esta manera, ingresaban mercadería nueva de todo tipo con la finalidad de comercializarla sin pagar los tributos correspondientes.

Un dato llamativo es que en muchos casos presentaban documentos con un mismo tipo de formato, letra y detallando los mismos objetos. Es más, presentaron documentación en repetidas ocasiones con el mismo error de tipografía, con la palabra “tricilo” en lugar de “triciclo”.

Eso no era todo, en muchos casos los containers pesaban el doble del peso declarado, y en varias oportunidades se comprobó que los funcionarios aduaneros involucrados verificaban, oficializaban y autorizaban la salida a plaza de la mercadería en menos de 24 horas que no es la duración común que requiere ese tipo de trabajo.

En una auditoría interna en la que se analizaron las imágenes de las cámaras de los puntos operativos surgió que el tiempo de verificación promedio era de 1 minuto y 44 segundos desde la apertura hasta el cierre del contenedor. El colmo fue el caso del contenedor HASU 4039882 que estuvo abierto apenas 35 segundos, un tiempo exiguo para controlar su contenido.

El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky además de disponer el procesamiento de los ocho integrantes del grupo y de ordenar embargos millonarios, decretó la prohibición de salida del país de aquellos que residente en la Argentina mientras que Limardo, que vive en Estados Unidos, debe presentarse cada dos meses en el Consulado argentino en Miami para acreditar su sujeción al proceso y a las instrucciones que imparta el magistrado.