Espionaje a jueces: la Cámara Federal ordenó una audiencia para acceder a los teléfonos de Fabián “Conu” Rodríguez

La causa por el espionaje a jueces de la Corte Suprema tuvo novedades este martes, esta vez con el capítulo abierto por el enfrentamiento del fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi por el análisis de los celulares y dispositivos secuestrados al ex funcionario de La Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez, investigado como partícipe de las maniobras y por su vínculo con el agente inorgánico detenido Ariel Zanchetta.

Tal como había revelado Infobae, Stornelli denunció en durísimos términos que no le permitía tener acceso total a ese material secuestrado a pedido de la defensa y que se estaba limitando la autonomía del Ministerio Público. El fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe llegó a pedir el apartamiento de Martínez De Giorgi de la causa, junto a la querella del diputado Fernando Iglesias, a cargo del abogado Tomás Farini Duggan. La Cámara Federal resolvió hoy: ordenó que juez, fiscal, defensa y partes acusadoras, es decir querellas, se junten en una audiencia para evaluar qué material queda en el proceso.

“Partiendo de las premisas fácticas y de derecho señaladas, resulta que la limitación ahora ordenada (por el juez) resulta injustificada. El fallo tiene que ser revocado. Ahora bien, al determinarse el modo a proceder, debe compatibilizarse esa solución con la expresa alegación de la defensa, de que entre el material a que se pide acceso, existen cosas completamente ajenas al objeto del caso y al objetivo de la medida de prueba, que hacen a circunstancias protegidas por el derecho a la intimidad de los involucrados y su grupo familiar (artículo 19 de la Constitución Nacional)”, sostuvo el fallo firmado este martes por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

“Con ese fin -se añadió-, se encomendará” al juez Martínez De Giorgi que “el ‘procesamiento’ de la información se realice con su presencia, la de la defensa y la de las partes acusadoras, en una audiencia conjunta (llevada adelante de forma tal que permita un control posterior) donde regirá el secreto que impone la ley y donde la totalidad de los elementos descargados de los dispositivos (una vez concretado ello) serán puestos a disposición del director del proceso para que, frente a la compulsa de aquellos, requiera la opinión de la defensa (que ya hizo un listado referido a la pertenencia y contenido de los aparatos) y el control de la fiscalía (a través de su exhibición, de ser necesario) y la querella, con el fin que el juez determine qué curso de acción adopta con relación a cada carpeta o documento concreto”, dijo.

Se señaló puntualmente qué habrá que resolver sobre el futuro de cada documento que aparezca en los dispositivos: “sea excluyéndolo de la instrucción -por manifiestamente ajeno a su objeto- o incorporándolo a ésta dando así pleno acceso a las partes para su compulsa adecuada (o incluso procediendo de algún otro modo exigido por la ley, llegado el caso”).

Pareció una decisión salomónica, en medio del conflicto abierto en la causa y cuando todavía no se comenzaron a analizar los equipos secuestrados a “Conu” Rodríguez. La mayoría de los dispositivos habían sido secuestrados en su casa y en sus oficinas de la AFIP el 6 de noviembre. Pero el celular personal del ex funcionario recién fue entregado en tribunales cuatro días después, cuando el entonces funcionario ligado a La Cámpora se presentó en tribunales. Fue luego de un pedido frustrado de detención que había motorizado en su contra el fiscal Gerardo Pollicita. Según Pollicita, el día de allanamiento “Conu” Rodríguez estuvo el día del allanamiento en las oficinas de la AFIP pero se escondió.

La causa investiga el espionaje que sufrieron un grupo de jueces de Comodoro Py a través delhackeo de sus celulares en un mismo período -octubre de 2022. Ahí aparecen Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. También se investiga la denuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti luego de enterarse que habían sacado cinco líneas de teléfono a su nombre desde Misiones.

Tirando de la misma soga, los investigadores descubrieron que lo mismo habían hecho con el vicepresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, el juez Ricardo Lorenzetti, la jueza de Posadas Verónica Skanatta o el gobernador de la provincia de entonces Oscar Herrera Ahuad, y su sucesor y actual mandatario Hugo Passalacqua.

Por este expediente está preso un hacker misionero, Ezequiel Núnes Pinheiro, que confesó haber participado en las maniobras de hackeo de los jueces, además de las del diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Se justificó diciendo que él no sabía quiénes eran las víctimas y que el encargo se lo hizo un misterioso sujeto vía Telegram que luego desapareció.

Pero la investigación también llegó a Ariel Zanchetta, un ex policía de Junín que se decía periodista, que había buscado en la base SudamericaData a Borinsky el mismo día en que le hackearon el teléfono. Cuando averiguaron un poco más, Zanchetta había rastrillado datos de más de mil personas en solo 2022, entre las cuales había más jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

Al investigarle los teléfonos, Pollicita acusó a Zanchetta de ser un espía inorgánico que trabajaba hace años con los servicios de inteligencia. También pidió indagar a tres agentes de la AFI.

Pero del análisis encontrados, la fiscalía acusó formalmente a “Conu” Rodríguez de haberle pagado a Zanchetta, a través de fondos de publicidad de la provincia de Buenos Aires, para espiar y escrachar en un medio a entonces ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.

Fue así que ordenó allanar a Rodriguez, quien cumplía funciones directivas en la AFIP en última parte de la gestión de Alberto Fernández y fue era una pieza estratégica en la comunicación de La Cámpora.

La discusión se centra ahora en cómo avanzar sobre ese material. Hasta ahora, los teléfonos no fueron analizados. La querella de Silvio Robles, director de la vocalía de Rosatti y espiado por Zanchetta, había pedido tener acceso al material y la defensa de “Conu” Rodríguez se había negado.

Pero el conflicto con el juez se desató cuando el fiscal Stornelli pidió tener acceso y denunció que no se lo permitían. Apeló ante la Cámara Federal diciendo que se está cercenando arbitrariamente la labor del Ministerio Público y planteó dudas sobre la “opacidad de este proceso, puesto que a casi dos meses de recibidas las copias forenses extraídas de los dispositivos del imputado Rodríguez, no se observa ninguna providencia, pese al tiempo transcurrido, tendiente al análisis de su contenido”.

La querella del diputado Fernando Iglesias también reclamó tener acceso al material. La defensa de “Conu” Rodríguez insistió en su postura, reclamando la protección de la privacidad del material que no fuera objeto de la causa. Por último, la Cámara Federal ordenó ahora resolver en una audiencia entre las partes las pruebas que serán parte del expediente.