Un tribunal federal porteño condenó a diez años de prisión a un marino de la Armada por someter a una menor de edad salteña a realizar tareas domésticas en su casa durante más de un año y abusar sexualmente de ella en una ocasión, mientras dormía junto a una de las hijas del condenado. A causa de esa violación, la víctima dio a luz a una beba, por lo que luego fue echada del domicilio del militar.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encontró al marino de 46 años, radicado en la Capital Federal, autor responsable de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser la víctima menor de edad y por haberse consumado la explotación, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber resultado un grave daño a la salud.
Según publicó el sitio del Ministerio Público Fiscal (MPF), el integrante de la Armada -de origen salteño- “captó” a la víctima en marzo de 2019 en un pueblo de su provincia, la trasladó a Buenos Aires y la albergó en su casa “mediante engaño y abuso de su situación de vulnerabilidad”. Ya instalada en el domicilio donde el marino convivía con su esposa, fue sometida a “un régimen de realización ilimitada de trabajos domésticos y al cuidado de las hijas menores del matrimonio, de 6 y 10 años de edad, durante las 24 horas, de lunes a domingo, hasta principios de septiembre de 2020″.
De acuerdo a las constancias del debate, donde intervinieron el fiscal general Ángel Córdoba y la auxiliar fiscal María Laura Grigera, a fines de diciembre de 2019, la menor de edad dormía al lado la hija más chica del marino cuando este ingresó al cuarto y la abusó sexualmente mientras con un trapo con olor a alcohol la adormecía cada vez que la joven intentaba gritar.
“Al despertar, la víctima encontró que tanto las sábanas como su ropa y el piso estaban manchados de semen y de sangre -producto de sus lesiones genitales- que luego debió limpiar. La joven recibió amenazas de muerte por parte del hombre para que no contara lo sucedido. El sujeto utilizó un cuchillo para amedrentarla”, informó el MPF.
Luego del abuso, la víctima salió de vacaciones y viajó a Salta para encontrarse con su familia. Desde allí empezó a recibir amenazas telefónicas por parte del marino y su hermano. Ambos la amenazaban con matar a su madre, por lo que se vio obligada a volver a la casa del militar en febrero de 2020 para seguir trabajando.
Al cabo de algunas semanas, la joven salteña comenzó a notar cambios en su cuerpo, y, eventualmente, decidió informarles al marino y su esposa del embarazo en curso. Sin embargo, al recibir la noticia, los dos le dijeron que debía abortar. Ella continuó con los trabajos domésticos hasta dar a luz a su hija el 14 de agosto de ese año, luego de lo cual el matrimonio la echó de la casa.
Los hechos quedaron acreditados en el debate oral que llevaron adelante los jueces Néstor Costabel, Luciano Gorini y María Gabriela López Iñiguez. La instrucción de la causa había estado a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan. Por su parte, la acusación en el juicio había solicitado la imposición de 20 años de prisión para el imputado y diez años de cárcel para su mujer, quien finalmente quedó absuelta del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Además de los diez años de prisión, el tribunal dispuso la inclusión del condenado en el Registro Nacional de Datos Genéticos relacionados a los delitos contra la integridad sexual. Asimismo ordenó la “reparación económica integral” de la víctima, calculada por la fiscalía en más de 30,5 millones de pesos. El monto final será revelado el próximo 9 de noviembre, cuando los jueces brinden los fundamentos de la sentencia.
La causa se inició en noviembre de 2020 por una denuncia presentada por la fiscal federal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), María Alejandra Mángano, quien antes de formular la presentación llevó a cabo una serie de pesquisas para corroborar los datos que una persona había aportado acerca de estos hechos en un llamado a la línea telefónica 137 del Programa de Víctimas contra las Violencias.
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