Memorándum con Irán: Zannini pidió que se aparten los jueces de la Corte Suprema de Justicia

Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro de la Nación y ex secretario de Legal y Técnica de la presidencia de Cristina Kirchner, pidió que los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no intervengan en la causa por la firma del memorándum con Irán. Así lo solicitó en la apelación que presentó contra el fallo de la Cámara de Casación que revocó el sobreseimiento de Zannini, de Cristina Kirchner -y de otros acusados- y ordenó que se haga el juicio. Esa apelación debe ser resuelta por el máximo tribunal.

La defensa del funcionario, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, también pidió el apartamiento de los dos jueces de Casación que dictaron el fallo. También recusar a los seis magistrados por la situación de la jueza Ana María Figueroa, según el escrito al que accedió Infobae.

Figueroa junto con Diego Barroetaveña y Daniel Petrone integraban la Sala I de Casación que debía resolver el caso. Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para seguir en el cargo excepto que el Senado le otorgue un nuevo acuerdo para seguir por cinco años más. Ese trámite estaba en marcha pero, cuando la jueza cumplió 75 años, no estaba aprobado. Así, la Corte Suprema la cesanteó en el cargo pero el Senado le dio el acuerdo el jueves pasado.

Para la defensa de Zannini el fallo de Casación que revocó su sobreseimiento es nulo. “Los magistrados firmantes de la decisión impugnada demoraron la resolución del recurso por casi dos años, término en el que la tercera integrante del Tribunal cumplió la edad en que, para permanecer en el ejercicio de su cargo, el Senado debe prorrogar su nombramiento”, cita el documento. Y se añade: “Los otros dos magistrados -intencionadamente- la excluyeron de la deliberación, privándola de emitir su voto en la resolución de este recurso”, sostiene el escrito. La defensa solicitó que por “temor de parcialidad” Barroetaveña y Petrone no sigan en la causa.

El mismo argumento planteó la defensa de Cristina Kirchner en su apelación y pidió la nulidad del fallo de Casación. Los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy señalaron que la ley “hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces” pero dijeron que esa norma es de “dudosa constitucionalidad” y que “no les acuerda una prerrogativa discrecional a los magistrados para acotar el marco de deliberación y excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos dictados en consecuencia, también debe discutir con sus colegas e intercambiar opiniones para luego dictar sentencia”. Lo mismo dijeron en el caso de “Los Sauces-Hotesur”, el otro expediente que Casación ordenó reabrir en el que está imputada la vicepresidenta.

Pero Zannini también cuestionó que en la apelación intervengan los cuatro jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por considerar que cometieron prejuzgamiento y pidió que se aparten.

La defensa consideró que al ordenar que la jueza Figueroa cesó en el cargo adelantaron opinión sobre el caso. “Constituye una expresión que permiten deducir la actuación futura de los allí firmantes al momento de intervenir en el recurso deducido por esta parte, por lo que sin lugar a duda han anticipado su criterio”, explicó Fragueiro Frías y agregó que los jueces del máximo tribunal cesantearon a la magistrada sin tener las facultades para hacerlo.

“La causal de prejuzgamiento se verifica en el presente supuesto toda vez que la intervención aludida no constituyó un acto propio de sus funciones legales, ya que no fue dictada en el marco de la resolución de un proceso”, sostuvo.

La apelación de Zannini se dio junto con la del resto de los acusados. El plazo para hacerlo venció hoy a las 9:30 horas. Ahora los jueces de Casación deben resolver si las aceptan y envíen el caso a la Corte Suprema o si las rechazan. Si ocurre lo último, las defensas tienen la chance de acudir de todas formas al máximo tribunal a través de un recurso directo.

Además de Cristina Kirchner y Zannini en la causa por la firma del memorándum con Irán están acusados el senador nacional Oscar Parrilli, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el dirigente social Luis D´Elia, el ministro de la provincia de Buenos Aires Andrés Larroque y la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona, entre otros. Fueron imputados tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman -que primero fue archivada- por su presunta participación ilegal en la firma del acuerdo que según la denuncia tenía como objetivo dar de baja las ordenes de detención internacional de Interpol contra los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

El caso llegó a instancias de juicio oral y el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a todos los acusados por entender que la hipótesis de la denuncia no se comprobó y que las ordenes de detención nunca se dieron de baja ni estuvieron en riesgo. Además, el acuerdo nunca entró en vigencia. Esa decisión fue apelada y Casación revocó el fallo y ordenó que se haga el juicio oral, lo que ahora fue apelado para que intervenga la Corte Suprema.

Los acusados sostienen, y así lo marcó también el tribunal, que el acuerdo con Irán se trató de una decisión política que no puede judicializarse y que contó con la aprobación del Congreso de la Nación. Ese es uno de los argumentos centrales de las apelaciones de las partes a la Corte Suprema y hablaron de “gravedad institucional” en el fallo de Casación. También que Interpol informó en la justicia que las alertas rojas de detención sobre los iraníes siempre estuvieron vigentes.

Lucila Larrandart, abogada de Larroque también hizo mención a que el caso se resolvió sin la jueza Figueroa “a pesar de haber participado del trámite de este recurso” y que “había señalado algunas cuestiones que nunca fueron consideradas ni tratadas”. “Quiero asimismo hacer conocer mi preocupación por la actual situación institucional ante la mezcla o el desarrollo de funciones con confusión de los principios constitucionales referentes a la separación de los poderes en el marco de un Estado Democrático de Derecho”, sostuvo.