La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de la defensa de una diputada provincial jujeña, investigada por la venta ilegal de terrenos en esa provincia. En febrero de este año, la Cámara de Diputados de Jujuy resolvió desaforar a la diputada del bloque Frente por Jujuy-Frente de Todos, Débora Ruth Juárez Orieta, de acuerdo a lo solicitado por el juzgado de Control Penal N°6. También fue suspendida de su cargo, mientras dure el proceso judicial.
Ya en junio de 2012, el juzgado penal del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, a pedido del fiscal, había pedido el desafuero de la legisladora por la supuesta venta ilegal de lotes en la localidad de Fraile Pintado. Juárez Orieta fue imputada por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública en concurso real y amenazas coactivas, luego de suscribir un compromiso de colaboración con el Estado provincial, a través del entonces Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la provincia, acordando la venta de terrenos de propiedad de su esposo en el marco del programa “Un Lote para cada Familia que lo Necesite”.
Según la acusación, la acusada suscribió en 2012 un compromiso de colaboración con el Estado provincial, a través del entonces Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, acordando la venta de terrenos a particulares para el programa «Un Lote para cada Familia que lo Necesite», de propiedad de su cónyuge Francisco Fernando Bracamonte, actuando como responsable legal de este último. Fue así que, bajo la apariencia de dicho documento y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad habitacional, Juárez Orieta suscribió con sus víctimas un convenio y un boleto de compra-venta de inmueble, acordando las condiciones para acceder a un lote habitacional en Fraile Pintado.
Las víctimas procedieron a realizar diferentes pagos periódicos por un lote a Juárez Orieta, quien se desempeñaba como funcionaria pública -concejal y luego diputada provincial- en negociaciones que se vieron concretadas en cada pago recibido. De esta manera, señaló la acusación, Juárez Orieta abusó e incumplió con los deberes funcionales que la ley le impone por su condición de tal. Luego, en las campañas políticas electorales (julio de 2012 hasta diciembre de 2017) Juárez Orieta obligó a sus víctimas a trabajar para ella con la amenaza de quitarle el lote si no lo hacía, a lo cual las víctimas accedieron por el temor a perder su lugar para vivir, se señaló en la causa. El agente fiscal agregó los hechos de amenazas coactivas respecto a cada una de las 10 víctimas.
En febrero pasado, la Legislatura de Jujuy se aprobó el desafuero y suspensión de la diputada peronista. En la causa resuelta hoy por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la defensa de Juárez Orieta había planteado la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y pedido el sobreseimiento de su representada. El rechazo de sus planteos motivó una apelación, que también fue rechazada por la Cámara de Apelaciones y Control de la provincia de Jujuy.
El caso llegó hasta la Sala Penal del Superior Tribunal de la provincia, que rechazó el recurso de inconstitucionalidad local. La defensa planteó un recurso extraordinario federal que, rechazado, motivó la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el planteo.
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