La Policía de Jujuy ordenó un allanamiento este jueves 29 de junio en la casa de Milagro Sala situada en el barrio Cuyaya de la capital provincial. Fue en el marco de la investigación por las graves incidentes ocurridos el 17 y el 20 de junio, cuando partidarios de la dirigente social, militantes del Polo Obrero e integrantes de otras organizaciones sociales protagonizaron serios disturbios, en el marco de las protestas por la nueva Constitución que impulsó el gobernador Gerardo Morales.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el allanamiento en la casa de Sala, que cumple con prisión domiciliaria, fue ordenado por el juez Rodolfo Fernández. Los investigadores sostienen haber encontrado indicios de que la dirigente habría cumplido un rol de instigadora en los sucesos. Tales evidencias surgen de mensajes de texto y audio, más movimientos advertidos en los alrededores del domicilio de Sala en las horas previas al ataque a la Legislatura, el 20 de junio, luego de la jura de la nueva Constitución.
El peritaje a los celulares y la declaración de algunos testigos fueron clave para determinar el allanamiento, según indicaron fuentes del caso. Integrantes de la Tupac Amaru aseguraron, en paralelo, que durante el procedimiento se secuestraron dinero, computadoras personales y teléfonos móviles, entre otros objetos.
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El allanamiento habría sido pedido por un fiscal tras el testimonio de un imputado de identidad reservada. Esa persona habría mencionado a Sala como parte de alguna “vinculación con las protestas que muy dignamente lleva adelante el pueblo de Jujuy”, dijo Elizabeth Gómez Alcorta, parte del equipo de abogados de la dirigente.
“Morales en plena campaña electoral pretende responsabilizar a Milagro Sala por la bronca y el coraje del pueblo jujeño. Están allanando su casa en el marco de las causas que investigan los supuestos delitos por las manifestaciones. Son la dictadura”, escribió la ex ministra a través de su cuenta de Twitter.
Los incidentes en Jujuy dejaron como saldo 85 detenciones, con personas posteriormente imputadas en dos causas que corren en paralelo.
El primer episodio se vivió el sábado 17 de junio, luego de la aprobación en la madrugada previa, del nuevo texto constitucional en Jujuy. Allí la policía detuvo a 25 personas en el piquete que se había establecido en el acceso al pueblo de Purmamarca, en el cruce de las rutas nacionales 9 y 52.
Tras varios intentos fallidos de funcionarios de persuadir a los manifestantes, la policía decidió avanzar y se produjeron los incidentes. La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Rondón, quien imputó a los detenidos por atentado y resistencia a la autoridad.
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El otro hecho, que ocurrió en la Legislatura de Jujuy y alrededores, acaparó la atención de todo el país y fue transmitido en tiempo real por las canales de televisión, durante la jura de la nueva Carta Magna. Tras ello fueron detenidas otras 60 personas. Allí, la investigación implica, además, delitos como estrago, y se agrava porque en el edificio existen archivos históricos considerados de importancia para las instituciones jujeñas. En esa causa interviene el fiscal Diego Funes.
Ese día, Sala grabó un video con críticas hacia el gobernador Morales. “Tengo que salir a responder las mentiras de Morales. En estos últimos días, dijo que estoy financiando los cortes de ruta. Es totalmente mentira”, afirmó.
Desde la oposición, Patricia Bullrich, una de las candidatas presidenciales de Juntos por el Cambio, aseguró que las protestas tienen como objetivo final conseguir “una amnistía o un indulto” para Milagro Sala y Cristina Kirchner, ambas con condenas en la Justicia. “Les digo que empiecen a guardar a sus 500 militantes porque los conocemos a todos y no vamos a dejar que tomen el país”, introdujo. Y puntualizó: “Acá lo que hay es una búsqueda de amnistía para Milagro Sala y para Cristina Kirchner, el objetivo real es terminar el gobierno con esas causas que no han podido resolver por la vía que la deben resolver que es la justicia”.
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