El Tribunal Oral Federal de Corrientes dará a conocer mañana el veredicto contra el ex juez federal de esa provincia Carlos Soto Dávila acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que le cobraba coimas a acusados para beneficiarlos.
Los jueces Juan Manuel Iglesias, Ruben Quiñones y Manuel de Jesús Moreira darán a conocer su resolución a las 12. Es lo único que resta ya que todos los acusados dijeron sus últimas palabras en audiencias anteriores. “Los arrepentidos que declararon en mi contra son los que mandé a la cárcel. No soy jefe de ninguna asociación ilícita”, dijo Soto Dávila en esa instancia.
El veredicto estaba previsto para el viernes pasado. Pero los magistrados le informaron a las partes que se pasó para mañana.
Soto Dávila fue el titular del juzgado federal 1 de Corrientes durante 22 años. No solo tuvo a su cargo las causas de crimen organizado, sino que era el magistrado electoral de la provincia. Por la causa penal, tenía una orden de detención que no se podía cumplir por sus fueros como juez. En febrero de 2019 renunció y fue internado por problemas de salud. Estuvo en prisión domiciliaria y hoy en libertad.
Junto con él hay otros seis acusados. Son Pablo Molina y Federico Grau -secretarios del juzgado-, los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Gregorio Humberto Giménez y Alfredo Viglione y el ex intendente de la ciudad de Empedrado Juan Manuel Faraone.
Te puede interesar: Pidieron 15 años de prisión para un ex juez federal por beneficiar a narcotraficantes
Todos fueron acusados de formar parte, en distintos roles, de una asociación ilícita que le cobraba coimas a narcotraficantes para beneficiarlos en sus causas. Los narcos no llegaron a juicio porque acordaron un proceso abreviado. Eso significa que reconocieron su responsabilidad en los hechos y fijaron una pena con la Fiscalía, lo que debe ser resuelto por el tribunal oral. Uno de ellos es Federico “Morenita” Marín, quien estaba bajo prisión domiciliaria y en febrero pasado se fugó cuando tuvo autorización para ir a un control médico.
El fiscal federal Carlos Schaefer y los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias y Martín Uriona pidieron en sus alegatos una pena de 15 años de prisión para Soto Dávila, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 75 mil pesos. Lo acusaron de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado (haber cobrado coimas) y de nueve casos de prevaricato, que es dictar sentencias contrarias a derecho.
Para el resto de los imputados solicitaron penas de 12 años a dos años y cinco meses de prisión.
La clave de la acusación estuvo en las escuchas telefónicas de causas de narcotráfico que el propio Soto Dávila había ordenado. En una de esas intervenciones, Germán “Chavito” Barrios, condenado como parte de la banda de Marín, habla de su causa: “Si el abogado salta, si me cambian al otro juez, el otro juez no me va a dar pasar, me va a detener, pero si es Soto Dávila no pasa nada dice, a Soto Dávila le tira unos pesos y se arregla”.
Los fiscales señalaron en sus alegatos que las fechas de las conversaciones coincidían con resoluciones que dictada Soto Dávila dictaba a favor de los narcos. Calcularon que se pagaron 25 millones de pesos de sobornos para 2015. “Soto Dávila tenía la llave para rechazar los acuerdos espurios”, dijo el fiscal Schaefer.
Te puede interesar: “Le tira unos pesos y se arregla”: las escuchas que comprometen a Soto Dávila, el ex juez acusado de beneficiar a narcos
El ex juez rechazó las acusaciones y su abogada, Mariana Barbitta, pidió la absolución. En sus últimas palabras ante el Tribunal Oral señaló que no hay prueba en su contra. “He tenido que soportar intentos permanentes de enlodar mi rol a pesar que no he tenido ni una sola persona que haya trabajado conmigo que aquí declarara en contra mía o cualquier otra cuestión que yo le haya ordenado hacer, que haya dejado de hacer o que le haya sugerido”, sostuvo.
Soto Dávila también señaló que hubo una “intervención de facto en la ciudad de Corrientes de la Justicia porteña” porque fue investigado por el ex juez federal de Comodoro Py Sergio Torres.
“Los arrepentidos que declaran en mi contra son los que mandé a la cárcel. Solo buscaban mejorar su situación procesal y los bienes que tengo los adquirí antes de ser juez federal. Hay una persecución en mi contra. No soy jefe de ninguna asociación ilícita”, completó Soto Dávila.
Ahora solo resta la decisión final del Tribunal Oral.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Quién es la argentina investigada por el robo de virus en un laboratorio de una universidad de Brasil
La científica rosarina Soledad Palameta Miller fue detenida y luego liberada en el caso de la presunta sustracción de material biológico en un centro de investigación de alta seguridad de ese país. Cuál es su trayectoria profesional
La Justicia ordenó proteger a la testigo que declaró que Adorni fue invitado por el periodista Grandío en el vuelo a Punta del Este
Se trata de Vanesa Elizabeth Tossi, quien ayer había recibido llamadas y mensajes del amigo del jefe de Gabinete mientras testificaba. Lo resolvió el juez federal Ariel Lijo tras un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita
El avance de la causa ANDIS: sumaron 29 indagatorias por posibles coimas en las licitaciones
Las autoridades judiciales notificaron a los implicados en el expediente sobre adquisiciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras detectar supuestas irregularidades en contrataciones de insumos médicos y posibles pagos indebidos a funcionarios y empresarios
Se cayó de la moto por un lomo de burro sin señalizar, demandó al municipio y perdió: ahora deberá pagar los gastos del juicio
El accidente ocurrió a plena luz del día, pero la Justicia rechazó el reclamo por daños materiales y morales. Por qué las pruebas y pericias no fueron suficientes para culpar a la comuna y el “efecto búmeran” que obliga al demandante a hacerse cargo de las costas en ambas instancias
El caso de la mujer que gastó sus ahorros para comprar un auto, pero la operación se cayó y no le devolvieron el dinero
El sueño del vehículo propio se convirtió en una pesadilla de evasivas y silencios. Tras reiterados reclamos, la mujer logró que la Justicia condenara a la concesionaria. El fallo incluye capital actualizado, daño moral y una sanción por la falta de respuesta de los vendedores
