Atentado a Cristina Kirchner: Brenda Uliarte adelantó una estrategia para contrarrestar la acusación en su contra

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, la pareja acusada de haber intentado matar a Cristina Kirchner en la noche del 1 de septiembre pasado cuando la Vicepresidenta llegaba a su casa y estaba rodeada de un grupo de simpatizantes, avalaron este lunes que la investigación en su contra está cerrada y que el caso debe pasar a juicio oral, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Sus defensores oficiales, que no habían apelado en su momento el procesamiento en su contra, respaldaron que la causa avance hacia etapa de debate oral donde se analice si deben o no ser condenados.

Sobre eso, la defensa de Brenda abrió una puerta que hasta ahora no había sido planteada en la causa y que aparece como la primera jugada, a futuro, de cara a un juicio oral. Según el escrito, en solo dos carillas el defensor oficial Gustavo Kollman repasó los términos de la acusación contra la joven por parte de la fiscalía y la querella y advirtió que no se opondrá a la elevación “por entender que el debate a producirse en el plenario venidero será el ámbito propicio para llegar a la verdad de lo acontecido, arrojando luz sobre la responsabilidad que en definitiva deba caberle a mi pupila”.

Y en el juicio oral, dijo el defensor, “no podrá eludirse el análisis sobre si existió posibilidad material -real y concreta- para que se culminara con la ejecución del principal ilícito que aquí se investiga y se produjera el resultado lesivo”.

Aunque no lo dice, el defensor alude a la discusión que hasta ahora no se había puesto en juego: si el arma que se usó en el ataque pudo efectivamente producir daño. ¿Por qué? Porque si bien las pericias indicaron que la pistola Bersa calibre 32, modelo Lusber 84 con la numeración “25037″ en el lateral izquierdo del cañón, se encontraba en condiciones de disparar, lo cierto es que la bala nunca salió.

“Imaginate los nervios. Tiré del gatillo y el tiro no salió”, le diría el atacante hace unos meses al canal C5N. “El tiro no podía salir nunca. Si la pistola era semiautomática y no tenía una bala en la recamara, era imposible que pudiera provocar el asesinato”, explicaron a Infobae fuentes judiciales.

Es un debate jurídico que será discutido en el juicio, entre otras alternativas que la defensa pueda poner en juego. Pero es la primera vez que, de alguna manera, la defensa muestra por dónde podría avanzar la estrategia de Brenda.

Por lo pronto, en el documento que recibieron la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, el defensor Kollman sostuvo que las pruebas recolectadas en la instrucción “evidenciaron la existencia de un obstáculo insalvable para que pudiera alzarse la vulneración del bien jurídico protegido, circunstancias éstas que merecen un profundo escrutinio jurídico a la hora de arribar” a una sentencia.

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“Por ello, y a fin de no demorar el trámite de la causa con planteos dilatorios, teniendo especialmente en cuenta la prisión preventiva que viene soportando” Brenda Uliarte, Kollman solicitó clausurar esta etapa procesal y elevar a juicio el sumario “a la brevedad posible”.

El defensor oficial de Sabag Montiel, Juan Martín Hermida, en apenas tres párrafos, avaló la remisión a juicio. “Vengo a contestar los requerimientos de elevación propiciado por el señor Agente Fiscal y la parte querellante respecto del nombrado, manifestando que a juicio de esta defensa oficial no existen a esta altura del proceso fundamentos de oposición a efectuar. Entendiendo esta parte que se encuentra agotada la instrucción, considero que Vuestra Señoría puede decretar la clausura y elevar la causa a juicio”, señaló. No dijo mucho más ni adelantó planteos, lo cual no quiere decir que no se estén trabajando de cara al debate.

La postura de Sabag Montiel y Brenda Uliarte quedó así fijada. La fiscalía a cargo del fiscal Carlos Rívolo los acusó de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas, agravado pro el empleado de un arma de fuego, en grado de tentativa” y por el delito de “tenencia de arma de guerra”.

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El abogado Gastón Marano, a cargo de la representación legal de Nicolás Carrizo, hará saber su posición en las próximas horas. El llamado jefe de los copitos está acusado de ser partícipe secundario del intento de homicidio y está preso desde mediados de septiembre, luego de haber entregado su teléfono cuando declaró como testigo y los mensajes encontrados lo convirtieron en sospechoso.

Para la cuarta imputada, Agustina Díaz, la amiga de Brenda que estuvo presa, tanto la fiscalía como la querella decidieron no acusar. La Cámara Federal había dictado su sobreseimiento y, más allá de los diálogos que mantuvo con la acusada, nada la conectó directamente con el intento de homicidio de la Vicepresidenta. Hasta una imagen que se difundió de ella supuestamente en los días previos al atentado en las inmediaciones de la casa de CFK resultó ser falsa.

El atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022. Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta. Allí la esperaban, como desde el día en que el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa Vialidad, un nutrido grupo de militantes para saludarla. Sabag Montiel también estaba allí. Se acercó y le apuntó en la cara con una Bersa calibre .32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes, sin que la custodia de Cristina Kirchner ni ella misma se dieran cuenta de lo que había pasado.

Cristina Kirchner es crítica de la investigación. “Me quieren presa o muerta”, afirmó. Ya recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti varias veces y ahora también al fiscal. Cuando le tocó opinar sobre la elevación de la causa a juicio, los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira se opusieron. Dijeron que la causa no puede ir a juicio sin profundizar la pista sobre los autores intelectuales y apuntan a la llamada pista sobre el diputado del PRO Gerardo Milman -que el viernes pasado se autoimputó.

No obstante, en el mismo escrito, la querella “subsidiariamente” pidió la elevación a juicio. Unos días después también pidió frenar el proceso de elevación a juicio solicitando medidas de prueba urgente de acuerdo a unos mensajes que se encontraron en la causa Revolución Federal, expediente que se tramita por cuerda separada a esta investigación.

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