Activaron el protocolo antiexplosivos en Tribunales por un sobre dirigido al fiscal Luciani

Esta tarde en el Palacio de Tribunales porteño se vivieron horas de intensa conmoción. Un sobre sospechoso fue detectado en una de las entradas del edificio que funciona como sede de la Corte Suprema de Justicia y de modo preventivo se activó el protocolo de seguridad antiexplosivos.

El paquete en cuestión estaba dirigido con letra a mano a “Lucioni D. Fiscal”, y contaba en su interior con un llavero de una cruz esvástica y una carta en tinta roja que hacía referencias a la causa de “Vialidad”. Se trata del juicio donde intervino el fiscal Diego Luciani y la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada por asociación ilícita agravada y administración fraudulenta, a raíz de la gestión de obras públicas en Santa Cruz.

Ante la inquietud que despertó el objeto, encontrado por personal de limpieza del edificio, el juez federal Julián Ercolini dispuso un protocolo de seguridad donde intervino la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina. También ordenó la apertura de una investigación para analizar el hecho.

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Finalmente se trató de una falsa alarma. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, ante las sospechas los agentes debieron perimetrar el lugar, evacuar la zona y manipular el sobre de papel madera de unos 10 x 25 centímetros. Este paquete llevaba la inscripción “Lucioni D. Fiscal” escrita a mano y fue visto por personal de limpieza en una de las puertas de acceso de la sede judicial, ubicada en la calle Tucumán al 1360 de la Capital Federal. También guardaba en su interior una carta escrita en tinta roja con un texto que hacía menciones al caso Vialidad, sin mucho sentido. Los investigadores señalaron luego que en virtud de la redacción incoherente de la carta, pudo haber sido escrita por alguien que no estaba en sus cabales.

Frente al sobre sospechoso que encontró personal de ordenanza, se decidió convocar a la División de Intervenciones Judiciales del área de investigaciones de la Policía Federal, que luego consultó al juez de turno el procedimiento a seguir. Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal 11 de forma subrogante, fue quien estuvo a cargo de la situación y decidió activar el protocolo de seguridad para desentrañar la sospecha y verificar las instalaciones. En esa línea, convocó a la operación de especialistas en explosivos de la Policía Federal y dispuso la apertura de una investigación para analizar el incidente en el edificio donde funciona el máximo tribunal del país, en la calle Talcahuano 550.

El magistrado ya había intervenido en una circunstancia similar en diciembre del año pasado, cuando un llamado anónimo al 911 movilizó a las fuerzas de seguridad con una amenaza de bomba en distintas sedes del Poder Judicial: el Palacio de Tribunales, en Comodoro Py al 2002 (donde se ubican algunos juzgados federales de gran resonancia) y en el edificio “Libertad” de la Armada Argentina, donde también funcionan dependencias judiciales.

Por otro lado, la última vez que se puso en práctica este protocolo fue precisamente en otra circunstancia relacionada al fiscal Diego Luciani. Fue el 29 de marzo de este año, cuando agentes de la Policía Federal Argentina -encargados de la justicia del Palacio de los Tribunales- hallaron en la misma entrada de Tucumán al 1300 una bolsa abandonada con un papel en blanco cuyo mensaje rezaba: “Para el fiscal Luciani”.

El funcionario fue quien llevó la acusación en la causa de “Vialidad”, y en agosto de 2022 requirió la condena a 12 años de prisión de Cristina Kirchner tras encontrarla responsable del delito de asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública en concurso real. En ese expediente la ex presidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal 2 -junto a otros imputados- a la pena de 6 años de prisión.

Ese día los miembros de la fuerza de seguridad dieron aviso a la comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene jurisdicción en toda la zona del barrio porteño de Tribunales. La aparición de la bolsa que inquietó al personal que custodiaba la zona se sumó a su vez a un llamado telefónico anónimo que indicaba que había una bomba en el edificio que alberga al máximo tribunal del país. Frente a esa circunstancia también se dispuso la aplicación del procedimiento anti explosivos y se inició un protocolo que a la sazón resulta habitual para este tipo de situaciones: perimetraje, cercado de la zona, verificación del establecimiento y por último una detonación controlada del objeto. En este caso, de la bolsa abandonada sólo surgieron papeles en blanco.

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