Una entidad que agrupa distintas entidades y referentes judiciales salió a criticar al abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, por haber descalificado al fallecido juez federal Claudio Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli y el periodista de La Nación Diego Cabot. Es que el abogado había advertido que el periodista “iba a ir preso”. Eso también generó el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y fue considerado una “amenaza” por parte de la organización.
Esta vez el pronunciamiento vino a través de la “Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina”. Está integrada por Acción Conjunta Republicana, Asociación Civil Río Paraná, CADAL, Contadores Forenses, Directorio Legislativo, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Instituto de altos estudios de derecho de la provincia de Mendoza, Justa Causa, Profesores Republicanos como Marta Nercellas y Guillermo Mizraji, Será Justicia Asociación Civil, Usina de Justicia y los académicos Daniel Sabsay y Ricardo Guibourg.
El comunicado lleva el título “La causa de los Cuadernos debe continuar su trámite sin presiones ni alteraciones” y dice: “el doctor José Manuel Ubeira descalificó el periodista denunciante Diego Cabot y lo cuestionó duramente así como también al ex juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli por llevar adelante una rigurosa investigación que condujo al procesamiento de funcionarios y empresarios”.
“También acusó al diario La Nación de actuar en forma fraudulenta. Ubeira señaló injustificadamente que se fraguaron pruebas así mismo cuestionó la actuación del juez del Tribunal Oral Federal 7 doctor Germán Castelli. Las descomedidas manifestaciones del abogado Ubeira atienden a ocultar el cúmulo probatorio corroborado por numerosos arrepentidos para desviar la atención respecto de un proceso ratificado en varias instancias y que debe ser ventilado en juicio oral tal proceder viola los principios de la ética y la buena fe con la que deben conducirse los profesionales”.
“Cabot en este momento debe estar muy preocupado por no perder la libertad”, lanzó el defensor de Cristina Kirchner en una entrevista radial. Además, acusó al diario La Nación y al periodista de ser “copartícipes de un proceso fraudulento” en la causa Cuadernos.
Te puede interesar: Fuerte repudio de ADEPA a los dichos de un abogado de Cristina Kirchner que pidió que un periodista vaya preso
Al respecto, ADEPA expresó su “preocupación y rechazo ante la amenaza expresada por el abogado contra el Diego Cabot y los directivos de La Nación, en un intento de descreditar una causa judicial iniciada tras una investigación del periodista”. Este trabajo se hizo público en 2018 y la Justicia consideró válidos los escritos de Centeno para utilizarlos como material probatorio.
Las palabras de Ubeira, que representó al ex director de Yacireta en la causa de los cuadernos, estaban relacionados con la denuncia que hizo el empresario y arrepentido Armando Loson en una causa paralela que se tramita en el juzgado a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, en donde Loson denunció que, a través de una pericia privada, había detectado irregularidades en las anotaciones del chofer Oscar Centeno cuando se lo mencionaba. El juez ordenó un peritaje oficial que confirmó las irregularidades y dispuso profundizar las peritajes. Fue así que llegó a sus manos un informe que le plantaba dudas sobre quién podría haber hecho esas modificaciones, que registraban una escritura distinta a la de Centeno.
Hace tres semanas se ordenó un allanamiento en la casa de Jorge Bacigalupo, el amigo de Centeno que tuvo en sus manos los cuadernos y los compartió con Cabot. “No puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación”, sostuvo el informe al que accedió Infobae y que evaluó Martínez de Giorgi al ordenar el procedimiento.
Tras ese procedimiento, la fiscal Fabiana León, que deberá intervenir en el juicio oral de la causa de los cuadernos, salió a denunciar una operación contra la investigación en la que terminó procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas la vicepresidenta Cristina Kirchner y muchos de sus funcionarios, junto a los principales empresarios del país responsabilizados por esos pagos.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Denunció a la dentista porque le extrajo por error un diente sano: la Justicia la condenó por mala praxis
Una odontóloga le extrajo dos incisivos superiores a una paciente basándose únicamente en una radiografía panorámica. La pericia oficial concluyó que uno de los dientes estaba completamente sano y que el otro podía conservarse con un tratamiento de conducto
Le robaron el auto, el seguro argumentó “culpa grave” para no pagar, pero la Justicia falló contra la aseguradora
Un juzgado civil de La Plata hizo lugar a la demanda del propietario de un Ford Focus sustraído en 2023. El tribunal concluyó que la aseguradora no logró acreditar las causales con las que pretendía eximirse de responsabilidad y la condenó a pagar casi $17 millones, más intereses y costas
Dijo que se lesionó la mano al resbalar con un líquido en un supermercado y fue a juicio: perdió la demanda
Un hombre de 49 años demandó a una cadena comercial al sostener que sufrió una fuerte caída en el salón de ventas. Sin embargo, la Justicia rechazó el reclamo al considerar que el hecho no quedó acreditado: el único testimonio no estuvo respaldado por otras pruebas y la documentación médica y de la obra social no permitió vincular las lesiones con el episodio denunciado
La Cámara Federal porteña elevó a la Corte Suprema un pedido de licencia de Martín Irurzun
Acordó por mayoría que el pronunciamiento institucional quede en manos del máximo tribunal. La presentación fue enviada también al Consejo de la Magistratura
Sueños Compartidos: la UIF pidió 6 años de condena para Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender
La querella sostuvo que defraudaron al Estado por más de 206 millones de pesos a través de adjudicaciones directas para luego desviar el dinero hacia sociedades fantasma
