La Justicia detectó que la banda que hackeó a D’Alessandro y a otras diez personas tiene conexiones con la política de Misiones

Uno de los acusados está vinculado a un candidato a intendente de la localidad de Eldorado, un empleado de ese Municipio, y otra persona que trabaja en el Ministerio de Hacienda de la provincia

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D'Alessandro renunció esta semana y el lunes lo reemplazará Eugenio Burzaco.
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La investigación judicial por el hackeo al ex ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y a otras diez posibles víctimas, entre ellas tres jueces de Comodoro Py, logró individualizar a cinco personas y esta semana desplegó una serie de allanamientos en la localidad de Eldorado, en la provincia de Misiones, donde se habría concretado la operación de inteligencia. Pero en el expediente hay más nombres. Uno de los acusados, identificado como Antonio Aquino, tendría conexiones con al menos tres personas vinculadas a la política local, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Aquino (30) es dueño de “GSM Express”, un local de El Dorado dedicado a la venta y a la reparación de celulares. Durante las tareas de investigación, la Policía detectó que se movía en un Audi A3 y en una moto Yamaha, identificada con la patente A034DWS, que está a nombre de Héctor Daniel Irala, un empleado del Ministerio de Hacienda de la provincia de Misiones. Aquino tiene una cédula azul para usar esa moto desde el 22 de septiembre de 2021.

Los investigadores también bucearon en sus redes sociales, donde surgieron otras conexiones políticas. En su perfil de Facebook surgió un “vínculo” con Hugo Kowalski, quien sería director de la Unidad Regional 5 de Vialidad Provincial y candidato a Intendente de Eldorado, según surge del expediente. Hace tres semanas, Kowalski participó de la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Eldorado y se fotografió junto a los referentes políticos de la ciudad.

Del análisis de las redes de Aquino también surge que tendría relación con familiares cercanos a Kowalski, “lo cual infiere una vinculación que excedería al plano solamente político/público”, expuso la fiscal porteña Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, al momento de pedir una serie de allanamientos que se realizaron este martes.

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Aquino formaría parte de la banda que estuvo detrás del hackeo a D’Alessandro junto a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Elías Nuñes Pinheiro (padre e hijo), Julio César Escobar y Cecilia Mercado. Los cinco viven en Eldorado y serán indagados en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Además de los allanamientos, la fiscal pidió que los detengan, pero la jueza Araceli Martínez rechazó ese pedido.

El hackeo al ex ministro de Seguridad ocurrió el 19 de octubre, un mes y medio después del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La Justicia determinó que la maniobra se realizó mediante el SIM Swap, que consiste en tomar el control de una línea telefónica desde otro dispositivo, sin el consentimiento de su titular. En este caso, utilizaron una tarjeta Sim blanca vendida por la empresa Comtel SA, e interactuaron, vía SMS, con la plataforma provista por Movistar que les solicitó tres datos: el número de línea, el número de documento del titular de esa línea, y el número de trámite del DNI.

A partir de ese momento, completaron una trivia de preguntas con datos personales de D’Alessandro, que habría obtenido Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro con un perfil falso de Nosis a nombre de “Nicanor Moreno Crotto”, un ex funcionario que trabajó junto a Marcos Peña.

En realidad, se habrían utilizado 16 perfiles falsos para obtener datos de 72 personas. Todos esos perfiles eran operados con las mismas claves: “ezequiel0508″ y “clientesgsm12″.

Larreta elogió esta semana a D'Alessandro tras conocerse su renuncia.
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Ahí aparece otro dato muy llamativo. El número de trámite del DNI del ex ministro de Seguridad habría sido obtenido el 19 de octubre a las 14.17 “por parte de un usuario del sistema de consultas que posee el Registro Nacional de las Personas, mediante un usuario cuya credencial de acceso es administrada por una entidad que se identifica como “MME” correspondiente a la Jefatura de Gabinete de Nación”.

“Todavía no se detectó quién habría prestado el usuario de Jefatura de Gabinete o si lo habrían hackeado. Pero hay pruebas que con ese usuario hicieron la consulta al RENAPER”, apuntó a Infobae una fuente que conoce los detalles de la investigación.

El hackeo a D’Alessandro fue parte de una maniobra más compleja. La Justicia determinó hasta ahora que desde el mismo IMEI, un código que identifica a un celular, y desde la localidad de Eldorado, ingresaron a las líneas de Fabio Alejandro Segurado, Luis Esteban Barbier, Diego Santilli y María Eugenia Piperio.

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En el caso del actual diputado y candidato a gobernador bonaerense, hubo varios intentos. “La mayoría fueron contra sus redes sociales. Una vez intentaron tomar la línea pero no lograron responder las preguntas de seguridad”, contó un allegado. El ex vice jefe de Gobierno igualmente está más relajado porque tres semanas antes del hackeo había borrado todos los mensajes. “Se sentó arriba del teléfono y quebró la pantalla. Cuando cambió el aparato, no pudo hacer la copia de seguridad y solo recuperó sus fotos”, detalló esa misma fuente.

No es todo. La misma técnica de Sim Swap se habría desplegado contra los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso (ambos integrantes del Tribunal Oral que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso Vialidad), el juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Cristina Vanesa Figueroa, Veronica Salido y Adriana Lazaro. En total serían once las víctimas.

La investigación sobre Aquino llevó a otra persona vinculada a la política de Misiones. En sus posteos, Aquino mostraba una Coupe Hyundai Genesis, patente JPF733. Ese vehículo está a nombre de Oscar Daniel Petcoff, quien trabaja para la Municipalidad de Eldorado, según los registros de bases comerciales.

La fiscal Dupuy tiene previsto indagar a los cinco acusados en los próximos días. En el expediente están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, y suplantación digital de la identidad. Si se logra probar que también existió una asociación ilícita, los cinco acusados podrían terminar detenidos.

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