El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) sea publicada en el mismo momento en el cual se fijen los incrementos salariales de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación. La solicitud hizo referencia al contexto inflacionario del país y a los “perjuicios a los abogados y abogadas” respecto a la demora en la fijación del índice que regula los honorarios de la profesión.
En una carta dirigida al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el CPACF -entidad que nuclea a los letrados porteños- envío una misiva firmada por su presidente, Ricardo Gil Lavedra, y su secretario general Martín Casares, a través de la cual solicitó que “se analice la posibilidad de que, en lo sucesivo, al fijarse el incremento salarial de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación, se publique de igual modo el valor de la Unidad de Medida Arancelaria, en cumplimiento del art. 19 de la Ley 27.423″.
Dicha ley regula los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia nacional y federal, y en ese marco establece -en su artículo 19- la UMA, como índice a utilizar por los tribunales al momento de establecer el pago de los servicios prestados durante una causa.
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“La Corte Suprema de Justicia de la Nación suministrará y publicará mensualmente, por el medio a determinar por dicho Alto Tribunal, el valor resultante, eliminando las fracciones decimales, e informará a las diferentes cámaras el valor de la UMA”. A su vez, “Los honorarios de los abogados y procuradores que por su actividad judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación actuaren como patrocinantes o representantes, o auxiliares de la Justicia, respecto de asuntos cuya competencia correspondiere a la justicia nacional o federal, se regularán de acuerdo con esta ley”, fija su artículo 1.
Por otro lado, la última actualización fue dispuesta en la Acordada 3/2023 del pasado viernes, donde se fijó el valor de la UMA en 12.479 pesos “a partir del 1 de diciembre de 2022″. En ese marco, por intermedio de la carta el Colegio Público expresó: “Sin perjuicio de que la propia ley de aranceles determina el valor de la UMA al establecer su equivalencia con el tres por ciento de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia, la demora en la fijación del valor resultante de la UMA conspira contra la seguridad jurídica y ocasiona perjuicios a los abogados y abogadas, toda vez que los tribunales inferiores, en la práctica, regulan honorarios en base al último valor publicado de la UMA”.
“Ante ello, y teniendo en cuenta que, conforme lo establece el art. 54 de la citada Ley 27.423, ‘el pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago’, la publicación inmediata se adecua mejor a los principios de celeridad y economía procesal”, agregó.
“Hacemos presente además que, en un contexto de alta inflación como el que sufre el País, las razones expuestas tornan conveniente que el valor actual de la UMA sea publicado en el mismo momento en que se dispone el aumento salarial”, concluyó la nota publicada hoy en el sitio oficial de la entidad.
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