El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó al ex intendente de la localidad pampeana de 25 de mayo David Edgardo Bravo por considerarlo autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual tras considerar acreditado el funcionamiento de un cabaret en la zona petrolera del suroeste de la provincia de La Pampa entre el 16 de diciembre de 2011 y el 6 de octubre de 2012.
La sentencia del Tribunal, integrado por los jueces Pablo Díaz Lacava, José Tripputi y Marcos Aguerrido, recayó este miércoles en una causa donde también estuvieron imputados la dueña del prostíbulo, Nuris Caraballo, y el comisario de la Policía de la Pampa Miguel Ángel Oyarce. En esta instancia, Caraballo fue condenada por el mismo delito de trata, mientras que el comisario-acusado por encubrimiento- fue absuelto en un fallo que conocerá sus fundamentos el próximo viernes 24 de febrero.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal Iara Silvestre, cuya investigación centró en el hecho según el cual David “Sapo” Bravo -quien fuera el intendente más joven en llegar a ese cargo, con 25 años- promulgara una Ordenanza municipal prohibitiva de los clubes nocturnos, cabarets y whiskerías, para luego emitir una habilitación administrativa a la dueña del cabaret -Nury Caraballo- para el funcionamiento del local que simularía ser un resto bar.
Según expresó Silvestre en la etapa de los alegatos, el ex intendente -y ahora concejal de 25 de mayo- “sabía lo que pasaba dentro del local cuando prorrogó la habilitación bajo otro nombre (...) Sabía lo que allí pasaba, tenía noticia por los medios y por denuncias anónimas, todo el mundo sabía que allí funcionaba un prostíbulo. Tenía 8 mil habitantes el pueblo, ¿todos sabían menos el intendente, que le hizo un trámite exprés en un día a esta señora para poder cambiarle el nombre?”.
“En julio de 2010 ya había noticias en los diarios de las habilitaciones irregulares. Una de las pruebas fundamentales son las libretas sanitarias que las mujeres debían completar en el municipio, con controles ginecológicos y de enfermedades de transmisión sexual”, agregó. Por su parte, Bravo, perteneciente al partido vecinal “Movimiento Popular Veinticinqueño”, en declaraciones radiales manifestó que la condena “era una cuestión política” y se desligó de toda responsabilidad. “Hay una situación donde hay actores de la política que no están sentados acá conmigo, partiendo puntualmente del ámbito legislativo, donde salió la ordenanza”, expresó.
“No sabía lo que pasaba en función de lo que se acusa, y si se juzga en función de la ordenanza ¿Dónde están los concejales aprobaron la ordenanza? No se olviden que hay un comisario que quedó sobreseído, si no lo sabían ellos que iban a inspeccionar ¿cómo iba a saber yo que no iba? Entonces puedo tener responsabilidad política pero no penal”, dijo el concejal a Radio Kermes tras conocer el fallo condenatorio.
El ex intendente, abogado de profesión y quien en sus inicios de su carrera política fuera asistente del dirigente justicialista Carlos Verna en el Senado de la Nación, había manifestado sus intenciones por volver a la intendencia de 25 de mayo. Con lo cual interpretó la sentencia como “una cuestión política”. En ese contexto, el fallo declaró la absolución por el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público que reclamaba la fiscal, cuya condena lo habría inhabilitado para ejercer el puesto.
Por otra parte, el “Sapo” Bravo ya contaba con una condena en suspenso -a siete meses de prisión y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos- por el delito de abuso de autoridad en el año 2013. En ese entonces se juzgó una habilitación irregular del cabaret “El Rancho”, uno de los locales surgidos en torno a la actividad petrolera que la Ruta Nacional 151 conecta con las zonas hidrocarburíferas.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
El fiscal Stornelli amplió la acusación contra petroleras que exploran cerca de las islas Malvinas
Incorporó a tres sociedades de Rockhopper y a Navitas Petroleum. Solicitó información sobre la composición societaria de las firmas y sus posibles relaciones comerciales con intereses británicos
Una discusión con un remisero terminó en un ataque con cuchillo: la Justicia ordenó indemnizar al pasajero con más de $46 millones
Un hombre de 53 años sufrió heridas graves tras ser agredido durante un viaje contratado a una agencia de remises en Chacabuco. El juzgado hizo lugar a la demanda civil y responsabilizó de manera conjunta al agresor y a la empresa prestadora del servicio tras considerar acreditado el ataque con testimonios, peritajes y actuaciones policiales
Denunció el robo de su camioneta del estacionamiento de un home center, pero la Justicia rechazó la demanda: las fallas de su propio relato
El tribunal rechazó la demanda por daños y perjuicios iniciada tras el presunto robo de una Ford Ranger en el estacionamiento de un local de zona oeste. La sentencia concluyó que el demandante no logró acreditar que el hecho hubiera ocurrido en el predio y le impuso el pago de todas las costas del juicio
Demandó a un influencer por una campaña de desprestigio contra su cervecería, ganó el juicio y la condena quedó firme
El dueño del local inició una demanda por los daños y el impacto en la reputación comercial que le provocaron publicaciones difamatorias en redes sociales. La Cámara Civil confirmó la condena por daño moral y afectación al honor al rechazar la apelación del creador de contenido
Tras los videos de Cristina Kirchner, dos reclamos de careos elevan la tensión en el juicio por los Cuadernos
A diez meses del comienzo del debate, los jueces deben decidir si confrontan relatos opuestos sobre el allanamiento a la ex presidenta y presuntas coimas atribuidas a Roberto Baratta
