La obtención de antecedentes penales retrasa solicitudes de hondureños en proceso de regularización en España

La aprobación de un proceso extraordinario de regularización migratoria en España ha generado expectativas entre miles de extranjeros, incluidos hondureños que ven en esta medida una oportunidad para formalizar su situación y acceder a mejores condiciones de vida. A pocas semanas de iniciado el procedimiento, han surgido dificultades que amenazan con frenar el avance de muchos solicitantes.

El decreto, aprobado el 14 de abril por el Gobierno español, contempla otorgar permisos de residencia y trabajo a aproximadamente medio millón de migrantes que ya se encuentran en el país.

En el caso de Honduras, se estima que alrededor de 90 mil ciudadanos podrían beneficiarse de esta medida. Uno de los requisitos fundamentales es la presentación de antecedentes penales debidamente certificados y apostillados se ha convertido en el principal obstáculo para avanzar en el proceso.

Connacionales en distintas ciudades españolas han manifestado su preocupación por la lentitud en la emisión de este documento, que debe ser tramitado en Honduras y posteriormente validado por instancias oficiales. Esta situación ha generado un cuello de botella que podría dejar fuera a muchos solicitantes si no logran completar los requisitos dentro del plazo establecido.

Reducir tiempo de espera

Ante esta situación, el diputado Miguel Motiño impulsa un anteproyecto de ley que busca reducir a cinco días hábiles el tiempo necesario para autenticar documentos mediante firma digital, con el objetivo de beneficiar a migrantes que residen en España y otros países. Actualmente, el proceso de apostillado y rúbrica física en la Corte Suprema de Justicia presenta demoras de treinta a sesenta días, mientras que el plazo legal disponible es de noventa días.

La propuesta pretende agilizar estos trámites para garantizar que los migrantes puedan validar sus documentos de manera remota y oportuna.

Desde las autoridades hondureñas, tanto el sistema judicial como la Cancillería han reconocido las demoras y aseguran que trabajan para agilizar los procesos. Las quejas persisten, especialmente entre quienes ya iniciaron el trámite y aún no reciben respuesta.

Alternativas ante retrasos

El embajador de Honduras en España Marlón Breve confirmó que la fecha límite para presentar solicitudes completas es el 30 de junio de 2026, lo que añade presión a los interesados. Además, explicó que el proceso también requiere el apostillado del documento, una certificación que valida su autenticidad a nivel internacional.

El marco legal aprobado por España prevé algunas alternativas en caso de retrasos: si el solicitante no logra obtener el certificado de antecedentes penales en un plazo de un mes, puede presentar una declaración responsable que demuestre sus gestiones. En ese caso, las autoridades españolas tramitarán la solicitud por vía diplomática. Si después de tres meses no se obtiene el documento, el proceso puede darse por desistido, representando un riesgo adicional para quienes dependen de estos trámites.

El proceso ha presentado una alta demanda desde su inicio. En la primera semana, más de 130 mil migrantes presentaron solicitudes, lo que refleja el interés generalizado en acceder a la regularización. Las autoridades españolas han señalado que el procedimiento se desarrolla conforme a lo previsto, combinando modalidades virtuales y presenciales mediante citas programadas.

Oportunidades laborales

Este programa tiene implicaciones sociales y económicas, debido a que, sectores productivos en España han manifestado su interés en incorporar a estos migrantes regularizados al mercado laboral. En el ámbito de atención a personas dependientes existe un déficit significativo de trabajadores ante el envejecimiento de la población. Organizaciones empresariales han planteado la posibilidad de generar hasta 160 mil empleos para quienes logren regularizar su situación

Para los hondureños, el desafío inmediato es superar las barreras burocráticas y cumplir con los requisitos dentro del plazo establecido. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre quienes ven en esta regularización una posibilidad concreta de estabilidad y hoy enfrentan retrasos que podrían dejar en pausa ese objetivo.