Luego de estar retenido durante casi cuatro días, Valentin Kazantsev, el ciudadano ruso que tenía un alerta naranja de Interpol, dejó anoche el aeropuerto de Ezeiza, con un permiso provisorio de Migraciones y esta mañana se presentó ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) para formalizar su pedido de refugio. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, Kazantsev completó los formularios de rigor y en los próximos días será citado para una entrevista rigurosa. Aunque la solicitud de refugiado puede demorar hasta un año, en este caso se prevé un trámite exprés.
Kazantsev llegó al país el viernes pasado, cerca de las 19:30, junto a su mujer, embarazada de 33 semanas, y su hijo, en un vuelo de Ethiopian Airlines. La mujer y el menor atravesaron los controles migratorios sin mayores problemas. En cambio, el ciudadano ruso, dedicado al rubro informático, según expuso a través de su abogada, fue retenido porque Interpol había emitido una alerta naranja.
Al día siguiente, el juez federal Luis Armella, que está subrogando el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, decidió que debía abandonar el país de manera inmediata y le ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo subiera a un avión de regreso a Moscú, pero Kazantsev se movió rápido y presentó un habeas corpus a través de una abogada.
Ese trámite recién se resolvió ayer a la tarde. Luego de una breve audiencia, y tras un dictamen de la fiscal Cecilia Incardona, la misma que había hecho lugar a la petición de cuatro mujeres embarazadas que habían sido retenidas en Ezeiza, el juez decidió rechazar el habeas corpus de Kazantsev.
Kazantsev activó entonces el “plan B”. Siempre a través de su abogada, hizo una solicitud de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y se lo comunicó al juez. Como el pedido bloquea el trámite de expulsión, Migraciones decidió otorgarle el desembarco provisorio por razones humanitarias, una figura prevista en la legislación local.
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Cerca de las 20.30 de anoche, Kazantsev dejó la oficina del aeropuerto de Ezeiza donde era custodiado por la PSA. Y esta mañana se presentó en las oficinas de la CONARE para completar los formularios correspondientes. En los próximos días, según pudo saber este medio, será citado a una entrevista donde los funcionarios del organismo le harán preguntas sobre su situación personal y su historia. A partir de ese momento, se recopila información sobre el solicitante en bases de datos públicas. La decisión final está en manos del plenario de la CONARE.
El trámite para obtener la condición de refugiado puede tardar hasta un año porque intervinieron otros organismos como el Ministerio de Justicia, Cancillería, INADI, y hasta el Ministerio del Interior. Pero las fuentes consultadas admitieron que este caso tendrá una resolución mucho tiempo antes. De hecho, esta misma semana podría ser citado para la entrevista personal.
Kazantsev fue retenido en Ezeiza porque tenía un alerta naranja de Interpol por un pasaporte robado. Pero los abogados que lo representan aseguran que se trató de un error. “Aparentemente Kazantsev perdió el pasaporte y luego lo volvió a encontrar, por eso su nombre quedó con el alerta naranja de Interpol. Hay que entender que uno al escapar de un país en guerra escapa con lo que tiene. En la situación en la que está podría viajar con un papel de apatriado”, explicó el abogado Rubilar Pansiuk a este medio.
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Ante la Justicia y las autoridades migratorias, el ciudadano ruso sostuvo que se escapó de su país porque no quería sumarse al Ejército. “Corre riesgo su vida y la de su familia si retorna a su país de origen”, sostuvo su abogada en la audiencia por el habeas corpus.
El arribo de este hombre de 38 años ocurre en medio de un fenómeno denunciado por el periódico inglés The Guardian, que puso la lupa sobre la llegada masiva de mujeres rusas embarazadas, un fenómeno que se disparó como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones a las que están sujetos los ciudadanos rusos. En principio, Kazantsev no estaría vinculado con las organizaciones ilegales que les cobran hasta USD 35 mil a las embarazadas para que puedan parir en la Argentina y conseguirle documentación falsa para lograr la doble ciudadanía. Esa parte de la trama está en manos de la jueza federal María Servini, que decretó el secreto de sumario. La Dirección de Migraciones hasta ahora no pidió ser querellante.
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