Casi el 50% de los registros del automotor están intervenidos y dependen de los vaivenes de la política

Casi la mitad de los registros del automotor del país están en manos de interventores. Se trata del 48% de los 1556 registros que hay en todo el país, según datos oficiales a los que accedió Infobae. Esos interventores nunca pasaron por un concurso y por ese motivo están más desprotegidos ante los funcionarios de turno. “Los concursos garantizan cierta idoneidad y estabilidad para contratar personal y realizar las inversiones necesarias”, resume un ex funcionario que conoce el intrincado sistema registral.

Aunque los números son dinámicos, porque casi a diario hay licencias por enfermedad o muerte, de los 1556 registros que hay en el país apenas 809 están en manos de encargados titulares (con concurso) y otros 747 quedaron en manos de interventores (230 en el rubro automotor, 290 en motovehículos y 244 en máquinas agrícolas). Los datos fueron suministrados a Infobae por la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRP). Los detalles de cada registro, discriminados por ubicación y categoría, aparecen en otro informe de 18 páginas obtenido por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López mediante un pedido de acceso a la información.

Entre los interventores, la gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional. Esos interventores “internos” se usan para emergencias. Cobran un plus de su sueldo y viáticos, pero muchas veces tienen que viajar a lugares recónditos del país. “Cada agente de la Dirección Nacional lleva tres o cuatro empleados de la ‘familia registral’ y se queda con el 50% de los emolumentos, es un lindo privilegio”, advierte un interventor “externo”.

“La mitad de los registros intervenidos es un número muy alto, lo ideal sería un 20%. En 2015, la situación era similar. Nosotros pasamos 200 registros a titulares con concursos abiertos y muchos postulantes en cada uno”, dijo un ex funcionario de la gestión macrista.

El porcentaje actual de intervenciones tiene consecuencias negativas para todo el sistema. “Los interventores tienen la espada de Damocles, no tienen estabilidad, están a tiro de firma de los funcionarios de turno, los pueden apretar políticamente y sacarles el registro en cualquier momento”, graficó una fuente que conoce el sistema.

De hecho, una jueza federal de Neuquén denunció un “plan sistemático” del actual Gobierno para correr a los interventores elegidos durante el gobierno de Mauricio Macri. La herramienta utilizada fueron las auditorías. Desde diciembre de 2019 hasta mediados de 2022 se realizaron 122: 34 en 2020, 56 en 2021, y 32 hasta el 20 de julio de 2022.

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En un informe oficial, el Ministerio de Justicia admitió que el 92% de las auditorías fueron contra interventores designados durante la gestión anterior.

“Cuatro registros seccionales inspeccionados se encontraban a cargo de encargados o interventores designados con anterioridad al año 2015. El resto de las seccionales (46) se encontraban a cargo de encargados o interventores designados durante el período 2015-­2019″, destacó la jueza María Carolina Pandolfi a raíz de una denuncia realizada por una interventora de Neuquén a la que intentaron correr por los resultados de una auditoría.

Todas las auditorías dependen del Director de Fiscalización y Control de la DNRPA, Eduardo “Rolo” Weber, un histórico del sistema que fue ascendido a mediados de 2020, apenas asumió la actual directora nacional, María Eugenia Doro Urquiza, cerca a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “La relación entre ellos es muy estrecha, Weber es el que operativiza lo que pide la política”, explicó un empleado de la Dirección Nacional que resistió varias gestiones. Un dato refleja esa relación: el registro de San Isidro N° 2, que fue otorgado en su momento a Doro Urquiza, ahora está a cargo de Florencia Weber, hija del actual Director. Todo queda en familia.

El sistema de los registros del automotor también está contaminado, desde los 90′, por una cadena interminable de favores políticos. Los casos llegan hasta la actualidad: Emilce Angélica Aiello, concuñada del ministro de Justicia Martín Soria, fue designada como interventora en la provincia de Neuquén. Cuando trascendió el escándalo, hubo un pase de facturas interno entre Soria y Doro Urquiza. Según pudo saber este medio, se desconfían mutuamente. El ministro sospecha que la funcionaria quiere quedarse con su cargo.

Ante el escándalo, la concuñada de Soria, que estaba concursando para quedarse con un registro en la localidad de Centenario, cerca de Vaca Muerta, decidió no presentarse al examen oral.

Infobae también reveló que Doro Urquiza fue determinante para que el registro 12 de Mar del Plata quede en manos de Nicolás Parato (33), el hijo de una de sus mejores amigas, María del Carmen Sarlo, una reconocida empresaria de esa ciudad y dueña de otro registros. El joven primero fue designado como interventor porque no tenía título de abogado. Recién el año pasado, una vez recibido, se presentó al concurso 362 y terminó primero.

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“El sistema de registros del automotor no resiste ningún análisis de eficiencia y transparencia de los recursos públicos, es muy caro para los consumidores y con este nivel de intervención se consolida la idea de que hay eliminarlos e ir a un sistema más simple y accesible para todos los que adquieran a un automotor. Los favores políticos se tienen que terminar y este es uno de los ejemplos por los que empezamos a trabajar”, opinó el diputado Juan Manuel López ante una consulta de Infobae.

Los concursos son otra herramienta utilizada por los funcionarios de turno para administrar favores políticos. La actual gestión suspendió los concursos durante casi dos años. “La situación de pandemia impidió hasta fines del año 2021 llevar a cabo procedimientos de selección para titularizar las oficinas registrales que se encontraban vacantes”, argumentan desde la Dirección Nacional del Registro Automotor. Recién en la segunda mitad de 2022, ante un posible cambio de gobierno, se lanzaron varias convocatorias. En los últimos días, de hecho, se anunció la etapa 21 para cubrir unas 40 vacantes, tres de ellas en Capital Federal y 21 en la provincia de Buenos Aires (uno de los registros es el N°2 de San Isidro).

Las sospechas sobre los concursos abundan, aunque hasta ahora nadie pudo probar en la Justicia que se filtren los exámenes escritos o que los jurados son parte de un acuerdo previo, dos de las acusaciones más difundidas. Sin embargo, es habitual que muchos concursos se frenen por amparos judiciales. En la etapa 20, que está terminada, hubo al menos cuatro amparos. “La mayoría de los que ganaron los concursos tenían entre tres y seis meses de interventores, y muchos son militantes de La Cámpora”, denunció uno de los concursantes que fue a la Justicia.

El sistema siempre está bajo la lupa porque se trata de una caja millonaria con escasos controles. Según una respuesta del Director de Control Presupuestario del Ministerio de Justicia, Sergio Porral Bermúdez, ante un pedido del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, el Estado recibió durante el año pasado $37.156.200.707 de todo el sistema registral. Es el equivalente a más de 1 millón de planes del Potenciar Trabajo, que hoy paga $32.713 por mes. A ese dato le falta computar la segunda quincena de diciembre. “Todo lo que giramos de los emolumentos (ingresos) va a una cuenta de Ministerio de Justicia y la administra un ente cooperador, no hay rendición de cuentas”, resume un interventor.

Una caja negra de la política que ningún gobierno pudo reformar.

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