La Justicia detectó un “plan sistemático” del Gobierno para quedarse con los registros del automotor ocupados en la gestión anterior

El manejo de los registros del automotor siempre fue visto como una caja política. A lo largo del país, hay decenas de registros entregados a familiares y allegados a los gobierno de turno. La novedad es que ese sistema clientelar acaba de ser expuesto por la propia Justicia en un caso concreto.

La jueza federal de Neuquén María Carolina Pandolfi repuso a una interventora desplazada por el actual gobierno y sostuvo que durante los últimos tres años hubo un “plan sistemático” para remover a los interventores que fueron elegidos entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El caso puntual involucra a la interventora a cargo del registro del automotor número 6 de Neuquén, Mariana Luraschi, quien fue desplazada en junio de este año por la directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza. La decisión se basó en una auditoría oficial, un requisito administrativo para remover a los auditores que no fueron designados por concurso.

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Esa auditoría detectó supuestas irregularidades en el funcionamiento del registro como errores en la facturación, omisiones en realizar consultas en trámites que podían ser observados por la Unidad de Información Financiera (UIF), o algunas denuncias de usuarios.

Puntualmente, la auditoría detalló estas irregularidades:

1) Consignación errónea de altas y bajas impositivas de vehículos con cambio de radicación, lo que incumpliría el “Instructivo SUCERP patentes” e implicaría un “lapso de tiempo en el cual los dominios no tributen en ninguna jurisdicción”.

2) Cobro erróneo de aranceles en cinco trámites de inscripción inicial y treinta y dos transferencias, cobrando importes superiores en $26.703,10 en perjuicio de los usuarios, y dejándose de cobrar $80.106,15 en perjuicio del Estado.

3) Falta de agregación a los legajos de numerosos instrumentos anulados (cédulas automotor y cédulas autorizado), incumpliendo con la Circular 12/2005.

4) Falta de consulta de inhibición general de bienes de los adquirentes en incumplimiento a la Circular 11/2013 y art. 7 de la Resolución UIF 29/2013.}

5) Dos quejas de usuarios, una de las cuales habría implicado un incumplimiento al art. 5 de la Disposición 154/2018.

6) Inscripción de un trámite cuyo titular se encontraba fallecido, con disimilitud de firmas en los instrumentos certificados.

7) Inscripción tardía de los trámites al sistema informático SURA en incumplimiento a lo establecido por el art. 5, sección 6, Cap. XIII, Tit. II del Digesto de Normas.

Luraschi desconoció los resultados de esa auditoría, a la que calificó como una “parodia”, y presentó un amparo ante la justicia federal. Entre otras cosas, sostuvo que al comienzo de su gestión, allá por 2018, invirtió 1,2 millón de pesos con la expectativa de “poder concursar y desarrollar la actividad”. Ese concurso se inició al año siguiente pero fue suspendido por otra decisión judicial.

Además, la interventora denunció que su remoción era parte de un plan del actual gobierno para remover a los interventores designados durante la gestión de Mauricio Macri. “La remoción se realiza bajo un modelo que es casi idéntico para los distintos registros cuyos encargados interventores fueron designados durante el gobierno anterior...Allí se hace una pseudo auditoría, se le imputan hechos, se les permite realizar un descargo que nunca se considera...se los interviene con gente de la Dirección pero al poco tiempo se designa un amigo de la gestión como interventor”, sostuvo Luraschi.

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Infobae contactó a Luraschi para conocer los detalles del caso, pero prefirió no hacer declaraciones.

En el expediente, la Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor (DNRPA) argumentó que se respetó el debido proceso y el derecho de defensa de la interventora.

Antes de resolver, la jueza Pandolfi le pidió al Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, un informe sobre todas las auditorías realizadas por la Dirección Nacional del Automotor desde diciembre de 2019.

Ese informe reveló que desde ese momento se realizaron 122 auditorías: 34 se hicieron en 2020, 56 durante 2021, y 32 hasta el 20 de julio de este año.

Pero el dato más llamativo fue que el 92% de las auditorías fueron contra interventores designados en el gobierno anterior. “Cuatro Registros Seccionales inspeccionados se encontraban a cargo de encargados o interventores designados con anterioridad al año 2015. El resto de las Seccionales (46) se encontraban a cargo de Encargados oInterventores designados durante el período 2015­2019. De la totalidad de las sanciones, 17 fueron llamados de atención y en 25 casos se dispuso el cese en la gestión del Encargado o Interventor“, destacó la jueza federal en un fallo al que tuvo acceso Infobae.

Y agregó: “Sin perjuicio de admitir que es posible que en todos los casos, los encargados o interventores designados en el período 2015­2019 y sancionados hayan incurrido en faltas suficientemente graves para fundar la grave sanción aplicada, lo cierto es que el análisis del cuadro general permite considerar por el momento verosímil la hipótesis alegada por la actora, esto es, la existencia de un plan de remoción sistemático que afectó especialmente a los encargados de Registro designados en la gestión de gobierno previa a la actual”.

Con esos argumentos, la jueza federal de Neuquén suspendió la decisión administrativa que había apartado Luraschi y le ordenó al Estado nacional que la reponga en su cargo.

La decisión ya fue confirmada por la Cámara Federal de General Roca. “El hecho de que no se hayan aportado las fiscalizaciones en las que no se adoptó temperamento alguno, o la referencia relativa a que solo en 28 casos se dispuso el cese, nada dice sobre la conclusión extraída por la magistrada: se fiscalizaron más registros y se sancionaron muchos más funcionarios designados durante el gobierno anterior que lo que ocurrió con los nombrados por el actual”, sostuvo el juez Mariano Roberto Lozano.

Aunque se trata de una medida cautelar, el fallo blanquea las históricas irregularidades en la asignación de los registros del automotor.

Por esas oficinas pasan todos los trámites vinculados al patentamiento o transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas del país. Aunque los costos varían, se paga alrededor de un 6 por ciento del valor de cada vehículo. Una caja millonaria que se distribuye hace décadas de manera discrecional.