Un juez federal frenó un proyecto para realizar un relleno sanitario en Luján

El juez federal de Quilmes Luis Armella hizo lugar a una medida cautelar y dispuso frenar las obras del Centro Ambiental, ubicado en la localidad de Open Door, en Luján. Tras el fallo, el apoderado de la Fundación Banco de Bosques informó al juzgado que desistía de la acción de amparo.

El Centro Ambiental fue anunciado el año pasado y comprende una inversión por parte del Estado Nacional junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de USD $10,7 millones. Las obras, que habían arrancado hace un mes, incluyen el saneamiento del basural, instalaciones de control de ingreso y pesaje, estacionamiento, oficinas de administración general, guardería, baños y vestuarios y playones para gestión de residuos voluminosos. También se ejecutará una planta de separación y clasificación manual, depósito de materiales recuperados, taller de mantenimiento, planta de tratamiento de lixiviados y relleno sanitario con 20 años de vida útil. A su vez, contará con una planta de separación de residuos que se dividirá en un sector para áridos, neumáticos, vidrio y poda, y un centro de interpretación ambiental.

El juez, con intervención de la fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo, hizo lugar a una acción de amparo ambiental colectiva contra la empresa EVA S.A., el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Municipalidad de Luján, y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En los fundamentos de su resolución, Armella advirtió sobre las “consecuencias irreversibles” en materia “ambiental social y cultural” de un basural a cielo abierto, pero “también la afectación de un predio ambientalmente sano como sería el Predio Sucre, el cual sería utilizado como centro de disposición de residuos con las consecuencias que ello traería aparejado para el ambiente y los pobladores del lugar”.

Se refiere a un predio de ocho hectáreas, al lado de las vías del tren, que está frente a la histórica estación Sucre, ya en desuso.

El magistrado avaló la postura de un grupo de vecinos y dispuso un período de al menos seis meses para que expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realicen los correspondientes estudios de factibilidad.

“No vamos a hacer un basural renovado, estamos haciendo un centro ambiental. Es un proyecto de altísima calidad, que abarca 14 hectáreas, que está aprobado por el Banco de Desarrollo y hoy ya adjudicado, antes de fin de año comienza la obra civil y en 15 meses va a estar terminado”, había anunciado el ministro de Ambiente Juan Cabandié a fines del año pasado.

Ahora el juez dispuso una evaluación integral de la totalidad de las obras que se van a ejecutar. El proyecto, según la resolución judicial a la que tuvo acceso Infobae, deberá también comprender la situación actual y futura del basural a cielo abierto y el Predio Sucre, de los recursos naturales, y de la situación social de las personas que viven en el lugar.

En relación con el predio Sucre, los expertos deberán realizar un relevamiento de la cantidad de ocupantes, su situación habitacional, vulnerabilidad social, condiciones sanitarias, posible afectación a la salud por contaminación generada en el BCA, verificar la existencia de menores y su acceso a centros educativos y medios de transporte, entre otras cosas.

Consultado por el Infobae, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, cuestionó la medida judicial y aseguró que va a “conspirar contra 200 familias que viven en el basural en condiciones medievales”. “El reclamo de los vecinos había sido rechazado un limine por varios jueces de Luján. Todo lo que este juez de Quilmes pide ya existe, ya se hizo. Los vecinos, que en realidad son dos o tres familias ricas de la zona, no presentaron ninguna alternativa, fueron a una mediación y se fueron”, se quejó el funcionario.

Además, el viceministro de ambiente de la Nación, apuntó: “El fallo es una aberración que lo toma un juez que no tiene ninguna vinculación geográfica, ni con la temática con el cierre del basural a cielo abierto que declara una cautelar pidiendo cosas que ya el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha presentado en todas la instancias que la ley le exige pedirlo y además el proyecto tiene el aval en todas las instancias también, sea ambiental y social, entre otras, del Banco Interamericano de Desarrollo”.

Federovisky, agregó: “El juez alega que lo hace para preservar el ambiente. Ese contrasentido o ese sin sentido, es el que daría la sensación de que el fallo es estrictamente de orden político”.

Conocida la decisión, Emiliano Ezcurra Estrada, apoderado de la Fundación Banco de Bosques Para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Conservación de los Ecosistemas Naturales (“Fundación Banco de Bosques”) presentó un escrito en el juzgado diciendo: “Que por medio de la presente, en representación de la Fundación Banco de Bosques y cumpliendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a desistir de la acción de amparo ambiental iniciada en el presente expediente como coactor”.

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