La falta de oportunidades y de políticas públicas capaces de proteger de manera efectiva a la niñez hondureña se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo frente al avance de las estructuras criminales, advirtió Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, la Asociación para una Sociedad más Justa.
A criterio del especialista, Honduras acumuló durante décadas deficiencias en materia de prevención, pese a que más de 24 instituciones públicas incluyen dentro de sus presupuestos programas y acciones relacionados con la protección y atención de niños y adolescentes.
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El problema, explicó, no está relacionado necesariamente con la inexistencia de recursos o de un marco legal, sino con la dificultad para convertir esas disposiciones y asignaciones presupuestarias en programas que tengan un impacto real en las comunidades y que reduzcan los factores que hacen vulnerable a la población infantil.
Castañeda alertó que las condiciones de pobreza y la falta de acceso a educación, salud, oportunidades de desarrollo y mecanismos efectivos de protección pueden convertirse en factores aprovechados por las organizaciones criminales para acercarse a los menores.
“La situación alcanza niveles particularmente preocupantes por la edad de algunos de los menores involucrados.” señalo
Para el especialista, este escenario evidencia que la respuesta del Estado no puede limitarse a reaccionar una vez que un menor ya fue captado por una estructura criminal, sino que debe intervenir previamente sobre las condiciones sociales que permiten que estos grupos encuentren oportunidades para reclutar.
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Más de 130 leyes sin el impacto esperado
Otro de los cuestionamientos planteados por Castañeda está relacionado con la respuesta legislativa que Honduras desarrolló en las últimas dos décadas.
El representante de la ASJ señaló que durante ese período se aprobaron alrededor de 130 leyes relacionadas con seguridad, pero consideró que una parte importante de esas normas no consiguió traducirse en los resultados esperados.
A su juicio, aprobar nuevas leyes no es suficiente para modificar las condiciones de seguridad del país cuando no existen las capacidades institucionales necesarias para hacerlas cumplir.
Las normas, explicó, deben estar acompañadas de funcionarios debidamente capacitados, recursos humanos y logísticos, planes estratégicos y mecanismos que permitan coordinar el trabajo de las distintas instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
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De lo contrario, advirtió, el país corre el riesgo de continuar acumulando legislación mientras los problemas estructurales que permiten el avance de la delincuencia permanecen sin solución.
Castañeda también cuestionó las políticas basadas principalmente en la aprobación de nuevas penas o medidas de endurecimiento de la respuesta penal, una práctica que calificó como parte de un enfoque de “mano dura” y populismo penal.
Falta de coordinación
Castañeda señaló que existen departamentos del país donde las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia todavía enfrentan dificultades para recuperar plenamente el control territorial.
Una de las principales limitaciones, a su criterio, es la falta de coordinación entre los distintos niveles e instituciones con responsabilidades en materia de seguridad.
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Aunque Honduras cuenta con un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Castañeda cuestionó que algunos de los compromisos adoptados dentro de ese espacio no terminen cumpliéndose de manera efectiva.
El especialista reconoció que las capturas ejecutadas por la Policía Nacional representan una respuesta importante frente a quienes participan en actividades delictivas. Sin embargo, advirtió que una detención por sí sola no garantiza que una estructura criminal sea desarticulada.
“La consecuencia, según su planteamiento, es que pueden existir esfuerzos importantes en las primeras etapas de la respuesta contra la delincuencia que pierden fuerza cuando las instituciones responsables de investigar y judicializar los casos no cuentan con las capacidades suficientes.”
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La vulnerabilidad de la niñez como emergencia nacional
El especialista cuestionó que todavía no exista suficiente voluntad política para apartar los intereses partidarios y construir una estrategia técnica que pueda mantenerse en el largo plazo, independientemente de los cambios de gobierno.
La prevención, en su opinión, debe recuperar un papel central dentro de las políticas públicas, con acciones dirigidas a garantizar que los niños y adolescentes tengan acceso efectivo a educación, salud, protección y oportunidades de desarrollo.
“También implica fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación entre ellas y atacar las condiciones que permiten que las organizaciones criminales encuentren en la vulnerabilidad de los menores un espacio para expandir sus actividades.”
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Para Castañeda, mientras las acciones continúen desarrollándose de manera separada y sin una estrategia integral, será difícil obtener resultados sostenibles frente a las estructuras criminales y, sobre todo, impedir que más niños y adolescentes terminen siendo utilizados por ellas.
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