El Ministerio Público de Honduras confirmó este domingo la entrega de Mario Roberto Flores Mejía a las autoridades de Estados Unidos, como parte del proceso derivado de una solicitud judicial presentada por el estado de Pensilvania. La diligencia estuvo a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que coordinó el traslado y la entrega del ciudadano hondureño al FBI.
Flores Mejía es requerido por delitos que incluyen asesinato, secuestro y agresión en un caso por el que permaneció prófugo durante más de 25 años. Según el Ministerio Público, también utilizaba distintas identidades, entre ellas “Alexis Flores”, “Alex Contreras” y “Carlos”.
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Su caso cobró notoriedad en Estados Unidos porque, en 2007, el FBI lo incorporó a su lista de los 10 criminales más buscados. En ese momento, la agencia ofreció una recompensa de USD 250 mil por información que permitiera localizarlo y llevarlo ante la justicia.
Las acusaciones contra Flores Mejía están relacionadas con la desaparición y el posterior asesinato de una niña de cinco años, ocurrido en julio de 2000. Según los antecedentes citados por las autoridades, el crimen ocurrió el 29 de julio de ese año. Cinco días después, el 3 de agosto, el cuerpo de la menor fue localizado envuelto en bolsas.
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Por qué era buscado por el FBI
Los reportes policiales elaborados en ese momento indicaron además que la víctima presentaba signos de abuso sexual, lo que convirtió el caso en una investigación prioritaria para las autoridades estadounidenses.
La investigación se mantuvo abierta mientras las autoridades de Estados Unidos intentaban determinar el paradero del sospechoso, que habría permanecido fuera del alcance de la justicia durante más de dos décadas.
El Ministerio Público informó que el requerido fue localizado en una montaña del municipio de Lepaera, en Lempira, donde permanecía escondido. La captura se produjo el 11 de febrero de 2026, como resultado de labores de inteligencia desarrolladas por unidades especializadas de la ATIC.
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En las acciones participaron investigadores del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y del Centro Antipandillas Transnacional, ambos vinculados con la estructura de investigación criminal de la agencia hondureña.
La localización del sospechoso permitió activar el procedimiento correspondiente para atender la solicitud de las autoridades de Estados Unidos y avanzar con el proceso de extradición.
Un expediente abierto durante décadas
La muerte de la menor ocurrió en 2000 y, pese a los esfuerzos de las autoridades estadounidenses, el acusado permaneció prófugo durante años. Su inclusión en la lista de los más buscados del FBI en 2007 volvió a poner el caso en el foco de la opinión pública.
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La recompensa ofrecida por el FBI buscaba obtener información que permitiera establecer su ubicación. Sin embargo, el sospechoso consiguió mantenerse fuera del alcance de las autoridades hasta su localización en territorio hondureño.
Su captura en Lempira marcó un punto decisivo en una investigación que se había prolongado durante aproximadamente un cuarto de siglo. El Ministerio Público destacó que la captura y la posterior entrega forman parte de una operación de cooperación entre instituciones hondureñas y agencias de investigación de Estados Unidos.
Según el ente fiscal, el trabajo conjunto fue determinante para establecer la ubicación del requerido y ejecutar la captura. La coordinación también permitió avanzar en el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses, porque Flores Mejía es requerido por un tribunal de Filadelfia, Pensilvania.
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Qué ocurrirá ahora con Flores Mejía
Con su entrega al FBI, Flores Mejía queda a disposición de las autoridades estadounidenses para continuar el proceso judicial correspondiente en ese país.
La extradición permitirá que el requerido sea presentado ante la justicia de Pensilvania y responda por los cargos que se le atribuyen en relación con el secuestro y asesinato de la menor.
La entrega no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad. Las acusaciones deberán ser examinadas dentro del proceso judicial estadounidense, donde corresponderá a la fiscalía presentar las pruebas y al acusado ejercer su derecho de defensa.
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