La ONU y la Cruz Roja urgen a regular las armas autónomas antes de que puedan elegir objetivos humanos

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, pidieron el pasado martes a los Estados que inicien negociaciones para adoptar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre armas autónomas. Ambos señalaron la Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), prevista para noviembre en Ginebra, como la oportunidad para dar ese paso.

“Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: que las máquinas seleccionen de forma autónoma a seres humanos como objetivos”, advirtieron Guterres y Spoljaric en una declaración conjunta difundida desde Ginebra.

El llamamiento llega tres años después de que ambos formularan un primer pedido conjunto, en 2023, para que los países prohibieran estos sistemas antes de 2026. Ese plazo, fijado entonces por el propio Guterres, vence este año sin que exista todavía ningún tratado específico. Desde entonces, sostienen, la distancia entre el ritmo de la innovación militar y la capacidad de los Estados para regularla se ha ampliado.

Por sistemas de armas autónomas se entienden aquellos capaces de seleccionar y atacar objetivos mediante inteligencia artificial, sin que un operador humano intervenga en la decisión final de disparar. La ONU y el CICR distinguen estos sistemas de los drones teledirigidos, en los que una persona conserva el control sobre cada ataque.

El primer caso documentado de un ataque de este tipo se remonta a marzo de 2020, cuando un panel de expertos de la ONU concluyó que drones turcos Kargu-2 habían “perseguido y atacado remotamente” a combatientes en retirada en Libia, sin conexión entre operador y munición. El fabricante, la empresa STM, ha señalado que esa capacidad de ataque autónomo nunca fue demostrada públicamente por la compañía.

Seis años después, la guerra en Ucrania ha convertido la autonomía en el campo de batalla en una práctica habitual antes que en una excepción. Investigadores ucranianos atribuyeron a un dron ruso la muerte de tres civiles en Zaporizhzhia a finales de agosto, lo que consideran el primer caso documentado de víctimas civiles causadas por un sistema que seleccionó su objetivo final mediante visión artificial y sin intervención de un operador. Ucrania, por su parte, emplea ya más de setenta sistemas basados en inteligencia artificial desarrollados por cerca de 200 empresas del país, según su Ministerio de Defensa.

La coalición Stop Killer Robots, coalición internacional contra las armas autónomas, que agrupa a 270 organizaciones no gubernamentales de más de 70 países, reclama desde hace más de una década una prohibición específica para los sistemas que operan sin control humano significativo. Human Rights Watch, uno de sus miembros fundadores, ha documentado que el abaratamiento de la producción está facilitando la integración de estas tecnologías en arsenales ya existentes.

Estados Unidos, que junto con Rusia ha frenado en los últimos años los intentos de negociar restricciones vinculantes en el seno de la CCAC, sostiene que el derecho internacional humanitario vigente ya ofrece garantías suficientes para regular el uso de la fuerza, incluido el empleo de sistemas autónomos. Washington ha defendido en foros previos un enfoque gradual, basado en principios de conducta responsable antes que en prohibiciones categóricas, una cautela que responde en parte a su interés por no limitar su propia inversión en inteligencia artificial militar mientras Rusia y China avanzan en programas similares.

Las decisiones en la CCAC se adoptan por consenso, un mecanismo que permite a cualquier Estado parte bloquear un acuerdo respaldado por la mayoría. El número de países dispuestos a negociar un instrumento vinculante creció de 42 en septiembre de 2025 a 70 en marzo de 2026, según los últimos registros del Grupo de Expertos Gubernamentales que discute el asunto desde 2017, aunque esa cifra no incluye todavía a las principales potencias con programas activos de armamento autónomo. Ese grupo de expertos ya adoptó en 2018 y 2019 once principios rectores no vinculantes sobre la materia, que reafirman la vigencia del derecho internacional humanitario, pero que Guterres y Spoljaric consideran insuficientes frente al ritmo de despliegue actual.

Ambos insisten en que la falta de un marco específico no solo afecta a la decisión de disparar, sino también a la posibilidad de exigir responsabilidades después de un ataque. Sin normas que fijen qué grado de supervisión humana es exigible, advierten, resulta cada vez más difícil determinar si un error de selección de objetivo corresponde al fabricante del sistema, al mando militar que lo desplegó o al algoritmo mismo, un vacío que, sostienen, erosiona las protecciones que el derecho internacional humanitario debe garantizar a la población civil.

La cita de noviembre en Ginebra reunirá a 180 países en un momento en que la autonomía en el combate ya no depende de que la tecnología esté lista, sino de que los Estados con mayor capacidad militar acepten limitarla.