La comparecencia del funcionario se realizará ante los diputados en un contexto marcado por los cuestionamientos sobre la violencia, los homicidios, la extorsión, los feminicidios y el crimen organizado, problemáticas que continúan afectando a diferentes sectores de la población hondureña.
La reunión ocurre luego de que el Congreso Nacional aprobara distintas iniciativas impulsadas desde la Secretaría de Seguridad para fortalecer las herramientas legales destinadas a combatir delitos como el narcotráfico, la extorsión y las estructuras vinculadas al crimen organizado.
Con este respaldo legislativo, los diputados buscan conocer cuáles han sido los avances concretos alcanzados por las instituciones de seguridad y cuáles son los principales obstáculos que todavía dificultan la ejecución de estrategias para reducir los índices de criminalidad.
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Aunque las autoridades han informado sobre diferentes incautaciones de drogas, armas y capturas de personas vinculadas con estructuras criminales, algunos sectores consideran que estos resultados todavía no se traducen en una reducción suficiente de la percepción de inseguridad entre los hondureños.
Entre las principales preocupaciones mencionó la extorsión, fenómeno que continúa impactando a comerciantes, transportistas y familias hondureñas, además de la violencia contra las mujeres, que continúa generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
El director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, también cuestionó la respuesta estatal frente al delito y señaló que las instituciones mantienen principalmente una estrategia de carácter reactivo.
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A criterio de Irías, además de fortalecer la respuesta policial y judicial ante los delitos una vez que ocurren, el Estado necesita impulsar mayores acciones de prevención y atención de las causas estructurales de la criminalidad.
Las cifras oficiales reflejan que la reducción de homicidios registrada durante el período analizado todavía representa un importante desafío para las autoridades encargadas de la seguridad pública.
De acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026 se contabilizaron 1,461 homicidios en Honduras.
La cifra representa una reducción de 34 homicidios en comparación con los 1,495 registrados durante el mismo período de 2025. Sin embargo, los datos también evidencian que la violencia homicida continúa concentrándose en determinados departamentos del territorio nacional.
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Francisco Morazán encabezó los registros durante el período analizado, con 223 homicidios, seguido por Cortés, que contabilizó 215 casos.
En tercer lugar se ubicó Yoro, con 162 homicidios, mientras que Olancho registró 135 y Comayagua alcanzó 112 casos durante los primeros meses del año.
La distribución territorial de los homicidios será uno de los elementos que deberá considerar la Secretaría de Seguridad para definir las estrategias de prevención y despliegue operativo en las zonas que presentan mayores niveles de violencia.
Otro de los temas que genera preocupación es la situación de violencia contra las mujeres, debido a que las organizaciones defensoras de sus derechos continúan registrando muertes violentas durante 2026.
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De acuerdo con los reportes de organizaciones dedicadas al seguimiento de estos casos, 179 mujeres han muerto de manera violenta en lo que va del año.
Estas cifras colocan los feminicidios y las muertes violentas de mujeres entre los asuntos que requieren una respuesta específica de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
La comparecencia de Velásquez ante el Congreso Nacional permitirá a los diputados conocer las medidas que se han implementado para enfrentar este tipo de violencia y determinar cuáles son los principales obstáculos para mejorar la prevención, investigación y judicialización de estos casos.
La extorsión también figura entre los delitos que generan mayor preocupación, particularmente por su impacto en sectores económicos y comunidades donde las estructuras criminales utilizan amenazas para obtener recursos de comerciantes, transportistas y otros ciudadanos.
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Los diputados buscan que las autoridades expliquen qué estrategias se están ejecutando para combatir este delito y cuál ha sido el impacto de las medidas aprobadas recientemente por el Legislativo.
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