Honduras podría concentrar sus medidas de seguridad más severas únicamente en los municipios donde se registra la mayor cantidad de homicidios, en lugar de aplicar restricciones de manera generalizada en todo el territorio.
Esa es la propuesta del criminólogo Gonzalo Sánchez, quien plantea combinar un desarme focalizado con un estado de excepción limitado a las zonas de mayor violencia.
El argumento parte de una realidad estadística: los homicidios no se distribuyen de manera uniforme.
El Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) señala que durante 2026 una parte importante de los homicidios se concentra en un grupo relativamente reducido de municipios. El Distrito Central encabezaba el registro oficial disponible a comienzos de agosto.
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El objetivo serían principalmente las armas ilegales
Sánchez diferencia entre las armas registradas legalmente por ciudadanos y las utilizadas por estructuras criminales.
Su propuesta apunta especialmente a retirar de circulación fusiles como AK-47, M16 y AR-15, armamento con capacidad de fuego mucho mayor que una pistola convencional.
Los decomisos recientes muestran que ese tipo de armas continúa circulando.
En julio, por ejemplo, la Policía confiscó dos fusiles AR-15 durante la captura de dos presuntos integrantes de la Pandilla 18 en Chamelecón. Ese mismo mes, otros tres AR-15 fueron localizados durante un allanamiento en Choluteca.
La ATIC también encontró en Puerto Cortés dos fusiles AR-15 y granadas que, según la investigación preliminar, estaban destinados a una estructura criminal de la zona norte.
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El problema, por tanto, no sería únicamente cuántas armas existen legalmente, sino cómo identificar y sacar de circulación las que operan fuera de cualquier registro.
¿Por qué focalizar un estado de excepción?
Sánchez sostiene que aplicar una medida extraordinaria únicamente en municipios críticos evitaría proyectar la idea de que todo Honduras se encuentra bajo un régimen excepcional.
El enfoque permitiría concentrar policías, inteligencia, allanamientos y operaciones en lugares donde la violencia registra picos específicos.
En teoría, esa focalización también podría reducir el impacto sobre comunidades que no presentan los mismos niveles de criminalidad.
Pero un estado de excepción plantea otra dimensión: puede implicar restricciones temporales a determinados derechos y mayores facultades para las autoridades.
Por eso, su efectividad no depende únicamente de capturas o decomisos.
También necesita límites geográficos claros, plazos definidos, supervisión institucional y mecanismos para evitar abusos.
La circulación de armas ilegales tiene varias rutas. Algunas son desviadas del mercado legal; otras ingresan mediante contrabando y también existen armas que terminan vinculadas con estructuras criminales después de atravesar diferentes redes de distribución.
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En mayo, autoridades fronterizas localizaron un fusil AR-15 y más de 200 proyectiles dentro de un contenedor procedente de Estados Unidos en Puerto Cortés.
Eso demuestra que un programa de desarme necesita algo más que retenes.
Requiere inteligencia, controles fronterizos, rastreo de armas, investigación financiera y persecución de quienes abastecen a las estructuras criminales.
El verdadero examen sería medir resultados
Una política focalizada puede aumentar presencia policial y decomisar arsenales, pero su éxito debería medirse por algo más concreto: si bajan los homicidios después de la intervención y si esa reducción se mantiene cuando termina la medida extraordinaria.
De lo contrario, el riesgo es que el estado de excepción se convierta en una herramienta recurrente sin solucionar las causas que permiten que las estructuras criminales recuperen armas, territorio y capacidad operativa.
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La propuesta de Sánchez pone sobre la mesa una estrategia más selectiva. Pero también deja una pregunta central para las autoridades hondureñas:
¿puede el Estado retirar las armas ilegales de los municipios más violentos sin depender indefinidamente de medidas excepcionales para mantenerlos bajo control?
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