Las reformas al subsector eléctrico siguen sin avanzar al tercer debate en el Congreso Nacional de Honduras y, ante la falta de consensos, comienza a tomar fuerza un “plan B”: que el Ejecutivo utilice decretos dentro de sus competencias y promueva una licitación de corto plazo.
La posibilidad fue planteada por el diputado Mario Pérez, quien reconoció que las condiciones políticas para aprobar la reforma en los próximos días son reducidas y que buena parte del desenlace dependerá del respaldo que pueda ofrecer la bancada liberal.
El problema es que una salida temporal puede contener parte de la presión, pero no sustituye los cambios estructurales que requiere el sistema eléctrico hondureño.
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¿Qué puede hacer el Ejecutivo sin el Congreso?
Según Pérez, el Gobierno podría recurrir a decretos ejecutivos o PCM para resolver asuntos que estén dentro de sus atribuciones.
Eso permitiría adoptar medidas administrativas o impulsar procesos de contratación energética de corto plazo, pero no reemplazaría las reformas que necesitan aprobación legislativa.
En términos prácticos, el Ejecutivo tendría margen para atender urgencias operativas, pero no para modificar por sí solo todo el marco legal del subsector.
La ENEE sigue siendo la empresa pública responsable de buena parte de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en Honduras, y entre sus objetivos institucionales están recuperar su situación financiera, reducir pérdidas y garantizar el suministro.
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Una licitación de emergencia podría comprar tiempo
La otra alternativa planteada es una licitación de corto plazo para adquirir energía en condiciones más favorables y reducir la presión inmediata sobre los costos de compra.
Ese mecanismo podría ayudar a cubrir déficits temporales o evitar contrataciones más costosas, pero no solucionaría por sí mismo los problemas de transmisión, distribución, pérdidas técnicas y no técnicas o la planificación de nueva generación.
El propio sistema eléctrico cuenta ya con un Plan Indicativo de Expansión de la Generación y de la Red de Transmisión para 2026-2035, aprobado de forma condicionada por la CREE en marzo de 2026, lo que muestra que las necesidades del país van mucho más allá de una contratación de emergencia.
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El riesgo de aplazar las decisiones de largo plazo
Pérez advirtió que el estancamiento podría impedir una licitación de mayor horizonte, pensada para cubrir las necesidades del país durante aproximadamente una década.
Sin contratos de largo plazo, Honduras podría terminar recurriendo de manera repetida a soluciones temporales o renovaciones bajo condiciones menos favorables.
Eso importa porque el costo de comprar energía termina repercutiendo en las finanzas públicas y, eventualmente, en las tarifas que pagan hogares y empresas.
El debate, por tanto, ya no es solamente político. También involucra qué tipo de contratos tendrá Honduras, a qué precio comprará energía y cuánto margen tendrá para planificar el crecimiento de la demanda.
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Uno de los puntos más delicados continúa siendo el nivel de pérdidas del sistema eléctrico.
La información divulgada alrededor de la reforma sitúa las pérdidas de transmisión y distribución por encima del 38%, aunque las cifras exactas pueden variar según el período y la metodología utilizada.
El propio plan de expansión de la ENEE reconoce que las pérdidas de distribución representan un requerimiento real de energía que debe ser abastecido aunque no llegue a convertirse en facturación, lo que evidencia el peso financiero del problema.
Esto significa que incluso si el país consigue energía más barata mediante una licitación, una parte importante del beneficio puede diluirse si continúan las pérdidas, el robo de energía, las deficiencias de red y los problemas de cobro.
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El verdadero costo del estancamiento
Mientras el Congreso no defina una reforma de fondo, a pero difícilmente resolver el deterioro estructural del sistema.
La discusión energética se mueve así en dos velocidades: una respuesta inmediata para evitar mayor presión sobre tarifas y suministro, y una reforma de largo plazo para reducir pérdidas, atraer inversión y estabilizar la ENEE.
El riesgo es que el país termine atendiendo lo urgente mientras aplaza nuevamente lo importante.
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