
Sara Sánchez y su hija Antonella García, de cinco meses, murieron en la noche del 8 de agosto cuando la embarcación en la que celebraban un cumpleaños volcó cerca de la Estatua de la Libertad.
El capitán que pilotaba esa noche, un salvadoreño de 46 años en situación irregular, no tenía licencia, llevaba 14 personas en un bote con capacidad para 10 y sabía desde antes de zarpar que no había chalecos para bebés a bordo.
Ese hombre, Manuel Ernesto Hernández Umaña, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 19 de agosto, 11 días después del naufragio. La detención migratoria llegó tras una investigación del Servicio de Investigación de la Guardia Costera que confirmó su presencia ilegal en el país, según comunicó el Departamento de Seguridad Nacional.
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Quién es el capitán y qué cargos enfrenta
Hernández-Umana reside en Manville, Nueva Jersey, y declaró a las autoridades que cruzó la frontera por Texas en 2007 al hacerse pasar por ciudadano estadounidense ante un agente fronterizo.
Trabajaba originalmente como chofer de limusina para la empresa Zeus Luxury Rental Inc., pero de forma periódica realizaba excursiones en bote por el puerto de Nueva York y cobraba alrededor de USD 1.000 por viaje, sin contar con ninguna de las certificaciones requeridas.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de dos cargos federales por mala conducta y negligencia como oficial de embarcación con resultado de muerte. Cada cargo contempla una pena máxima de 10 años de prisión. El NYPD, la Policía de Nueva York, sumó 13 cargos estatales por imprudencia temeraria.
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El 10 de agosto compareció por primera vez ante un tribunal federal sin declararse culpable ni inocente. Ese mismo día quedó en libertad bajo una fianza personal de USD 50.000, con la condición expresa de no operar ningún tipo de embarcación.
Desde su detención por ICE, permanece bajo custodia migratoria a la espera del juicio, y el Departamento de Seguridad Nacional anticipó que será deportado una vez concluido el proceso penal.
Lo que ocurrió la noche del naufragio
El grupo había pagado USD 1,800 por un paseo nocturno que se extendió durante más de tres horas. Según la denuncia presentada por los fiscales, Hernández Umaña ejecutó un giro en U que puso la proa de la embarcación frente a la estela de un barco más grande. Aceleró para intentar atravesar la ola, pero el agua inundó la proa y la embarcación volcó de inmediato.
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Las 14 personas que iban a bordo cayeron al agua. Los equipos de emergencia rescataron a 12 con heridas leves. Sara Sánchez y Antonella fueron trasladadas en estado crítico al hospital, donde murieron. El padre de la bebé, Andrés García, sobrevivió; su hijo de seis años no estaba en el bote esa noche.
Antes de zarpar, Hernández Umaña advirtió a los padres de Antonella que el bote no tenía chaleco salvavidas para bebés. Aun así, les indicó que uno de ellos debía ponerse un chaleco para adultos y sostener a la niña durante todo el recorrido. La embarcación, una Yamaha AR210, tenía capacidad para 10 personas y salió al agua con 14 a bordo.
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El problema más amplio: el puerto como “tierra de nadie”

El naufragio puso bajo la lupa a Zeus Luxury Rental Inc., la empresa que organizó el paseo. Según la denuncia federal, la compañía no tiene registro de haber solicitado la certificación de la Guardia Costera. Un año antes, otra de sus embarcaciones había sufrido un incendio durante un paseo de cumpleaños en el Long Island Sound.
Tras el accidente, aparecieron carteles en las marinas de Liberty Landing y Chelsea Piers que instaban a los pasajeros a verificar las credenciales de los capitanes. Según Carter Craft, quien opera recorridos por el puerto en un antiguo bote de seguridad naval, la aplicación de las normas de navegación en la zona equivale a “un vacío”.
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Las regulaciones federales exigen una certificación de la Guardia Costera y al menos 360 días de experiencia documentada al timón para cualquier embarcación que transporte más de seis pasajeros de pago.
Sin embargo, muchos operadores de excursiones trabajan con la llamada licencia “six-pack”, que solo los habilita para llevar hasta seis clientes y no requiere inspección oficial.
Algunos sortean ese límite mediante contratos de “bareboat”, en los que el pasajero firma un acuerdo de alquiler del equipo para que la embarcación deje de clasificarse como nave comercial.
“Las operaciones chárter ilegales ponen en riesgo la vida humana, y en este caso, la conducta denunciada derivó en una tragedia inimaginable”, declaró Josh Packer, subdirector del Servicio de Investigación de la Guardia Costera.
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El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue más directo: “Este extranjero ilegal criminal conducía ilegalmente y de forma imprudente excursiones en bote sin licencia en el puerto de Nueva York cuando su embarcación volcó, matando a una mujer de 27 años y a su bebé de 5 meses”.
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