La millonaria obra que despierta el interés de constructoras europeas y latinoamericanas en Panamá

La licitación para ampliar, rehabilitar y mantener uno de los corredores viales más congestionados de Panamá despertó un amplio interés entre constructoras, firmas de ingeniería y otros actores vinculados al sector de infraestructura.

Un total de 34 empresas contratistas participaron en la etapa de homologación del proyecto de la Autopista Centenario, que se desarrollará bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

A diferencia de una obra pública tradicional, este modelo permite que una empresa privada financie, construya, rehabilite y mantenga la infraestructura durante un período determinado, mientras el Estado remunera el servicio con base en indicadores de desempeño previamente establecidos.

El acta de la reunión revela una participación todavía mayor en términos individuales: 23 personas asistieron presencialmente y otras 37 participaron de manera virtual, para un total de 60 interesados registrados.

La sesión reunió a constructoras, firmas de ingeniería, consultoras y representantes de grupos nacionales e internacionales, que plantearon decenas de observaciones sobre las condiciones para competir por el contrato.

Entre las compañías de mayor trayectoria internacional que aparecen en el registro están Mota-Engil, grupo de ingeniería y construcción de origen portugués; Egis, firma francesa especializada en infraestructura; y Applus+, compañía española que presta servicios técnicos en carreteras, puentes, ferrocarriles y otros activos.

También figura TYLin, una firma global de ingeniería con amplia actividad en Estados Unidos y América Latina, especializada en transporte e infraestructura.

El listado incluye además a Coconal, empresa mexicana fundada en 1950 y especializada en construcción, modernización, conservación y operación de carreteras, y Grupo HYCSA, otro conglomerado mexicano con más de 28 años de experiencia en proyectos viales, marítimos, hidráulicos y de edificación.

La atención empresarial responde a la dimensión del contrato. La licitación comprende 42.5 kilómetros de la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera, divididos en seis tramos, e incluye estudios, financiamiento, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento.

El corredor conecta Panamá con Panamá Oeste y soporta altos volúmenes de tráfico durante extensas horas pico. La necesidad de esta obra responde a una realidad que miles de conductores enfrentan diariamente.

El Puente Centenario constituye la segunda gran puerta de entrada y salida de la capital, después del Puente de las Américas, y es el principal enlace para quienes se desplazan entre la ciudad y Panamá Oeste. Sin embargo, el crecimiento demográfico, residencial y comercial registrado durante la última década ha llevado esta infraestructura al límite de su capacidad.

Uno de los puntos aclarados durante la homologación fue la duración de la relación contractual con el futuro concesionario. Ante una consulta formulada durante la sesión, el MOP indicó que el plazo previsto para el contrato es de 360 meses, equivalentes a 30 años, período durante el cual se desarrollarán las diferentes etapas del proyecto.

El esquema definitivo establece una relación de largo plazo en la que el adjudicatario no solo deberá ejecutar las obras, sino mantener y operar la infraestructura conforme a indicadores de desempeño hasta la terminación y reversión del contrato.

Las preguntas de los interesados se concentraron especialmente en los requisitos para participar, la experiencia exigida a los consorcios, las condiciones financieras y los plazos disponibles para presentar propuestas.

Varias compañías pidieron modificaciones o aclaraciones, y en distintos casos el MOP aceptó revisar la redacción del pliego antes de que avance el proceso.

Uno de los asuntos más recurrentes fue el tiempo para preparar las ofertas. Alya Constructora solicitó 60 días adicionales, Coconal pidió una extensión de 30 días y Gami Ingeniería planteó igualmente ampliar el período en 60 días.

Las empresas argumentaron que la magnitud del proyecto exige levantamientos, estudios de campo, mediciones, modelaciones y análisis técnicos antes de estructurar las propuestas.

El MOP respondió que evaluaría esas solicitudes. Actualmente, el pliego establece que las propuestas deberán entregarse el 16 de noviembre de 2026, incluyendo la fianza, la documentación técnica y la oferta económica.

La recepción será exclusivamente presencial y, una vez vencida la hora establecida, no podrán incorporarse nuevos participantes al acto.

Otro grupo reiterado de consultas estuvo relacionado con la experiencia que deberán demostrar los proponentes y la forma en que puede acreditarse dentro de los consorcios.

Las compañías preguntaron si podían utilizar antecedentes de empresas controladoras, filiales o subcontratistas y bajo qué condiciones esa experiencia sería reconocida durante la evaluación.

Para operación y mantenimiento vial, el pliego permite acreditar hasta tres contratos cuya longitud conjunta sea de al menos 80 kilómetros, con uno de los proyectos de por lo menos 40 kilómetros.

Además, los antecedentes deben incluir labores de conservación, mantenimiento y operación, lo que eleva las exigencias para compañías sin experiencia previa en concesiones viales.

También surgieron numerosas preguntas sobre capacidad financiera, porcentajes de participación dentro de los consorcios, documentación de empresas extranjeras y compromisos de permanencia.

Parte de las consultas buscaba aclarar cómo podrían estructurarse las alianzas entre constructoras, operadores e inversionistas para cumplir simultáneamente los requisitos financieros y técnicos establecidos por el Estado.

El componente económico fue otro foco importante. El MOP ha divulgado que el proyecto contempla una inversión estimada de $606.5 millones, cifra que comprende la dimensión global de la iniciativa.

El pliego de condiciones fija en $267.4 millones el valor de referencia para la inversión inicial y establece un monto estimado de inversión total de $329.4 millones para efectos relacionados con las fianzas.

Adicionalmente, determina en $38.5 millones el valor de referencia del compromiso firme semestral durante la etapa de operación y mantenimiento. El propio pliego advierte que los valores de referencia no limitan las inversiones adicionales necesarias para cumplir con las obligaciones, estándares de servicio y riesgos que sean transferidos al contratista durante el contrato.

La infraestructura que recibirá el adjudicatario tampoco se limita a la construcción. Tras las obras deberá asumir actividades permanentes de operación, mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico, además del monitoreo de indicadores de desempeño.

El contrato seguirá vigente hasta completar la transición y reversión del proyecto al Estado.

Entre las intervenciones previstas figura ampliar la vía Centenario a tres carriles por sentido y la autopista Arraiján–La Chorrera a cuatro, además de remodelar intercambiadores como Tecal, Bique y Nicolás Solano.

También se incorporarán sistemas inteligentes de transporte y herramientas para gestionar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

Con esta licitación, Panamá continúa ampliando el uso del modelo APP como mecanismo para desarrollar grandes proyectos de infraestructura.

Actualmente el país ya cuenta con dos contratos bajo este esquema para rehabilitar y mantener importantes tramos de la carretera Panamericana. Uno corresponde al trayecto entre Pacora y Yaviza, en la provincia de Darién, con una longitud de 246.2 kilómetros, mientras que el segundo abarca el tramo comprendido entre La Loma de Campana y Santiago de Veraguas, con aproximadamente 192 kilómetros.