La audiencia ante la Comisión Interamericana fue convocada tras un pedido de organizaciones de derechos humanos que sostienen que Honduras sigue aplicando el juicio político sin las reformas ordenadas por el sistema interamericano. El caso se vincula con la destitución del fiscal general Johel Zelaya y del magistrado Mario Morazán.
La audiencia también evaluará el cumplimiento de la sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado hondureño adecuar su legislación y sus procedimientos para evitar que el juicio político comprometa la independencia de las instituciones y los derechos de quienes son sometidos a estos procesos.
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La canciller Mireya Agüero confirmó que la representación oficial de Honduras estará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por el procurador Dagoberto Aspra, quien comparecerá junto con parte de su equipo de asesores ante la Comisión en Washington.
La funcionaria explicó que la convocatoria fue remitida oficialmente por la Cancillería a la PGR, responsable de la defensa jurídica del Estado en los procesos internacionales.
Organizaciones señalan incumplimientos
Entre quienes promovieron la audiencia se encuentra el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, quien sostiene que las recientes actuaciones del Congreso Nacional muestran que las observaciones formuladas por el sistema interamericano aún no fueron atendidas.
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Según Mejía, los procesos de juicio político continúan desarrollándose sin garantizar plenamente el derecho a la defensa ni otras garantías esenciales del debido proceso, una situación que, a su juicio, podría derivar en una nueva condena internacional para Honduras.
En la misma línea, el exdirector del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) Andrés Pavón advirtió que el incumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana podría generar nuevas responsabilidades para el Estado hondureño.
Diferencias sobre el alcance jurídico
Algunos analistas consideran que el caso presenta elementos jurídicos sujetos a interpretación. El analista Kenneth Madrid señaló que las observaciones emitidas por la Corte Interamericana estaban dirigidas principalmente a procedimientos de naturaleza judicial y no necesariamente a los mecanismos de carácter político previstos en la legislación hondureña.
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Desde esa perspectiva, estimó que la audiencia permitirá aclarar el alcance de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y determinar si las actuaciones recientes se enmarcan o no dentro de los parámetros establecidos por el tribunal regional.
Deudas en derechos humanos
El delegado adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) Ricardo López manifestó su preocupación por el bajo nivel de cumplimiento que Honduras mantiene respecto de las sentencias emitidas por el sistema interamericano.
Indicó que, aunque el Estado suele cumplir con medidas como la publicación de las resoluciones o la realización de actos de reconocimiento de responsabilidad, las reformas legales e institucionales ordenadas para evitar nuevas violaciones continúan pendientes, lo que mantiene abiertos varios casos ante los organismos internacionales.
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La audiencia programada para el 5 de agosto permitirá a la Comisión Interamericana conocer los argumentos de las partes y evaluar los avances alcanzados por Honduras en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. De momento autoridades gubernamentales preparan
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