El tráfico ilícito de tabaco, alcohol, agroquímicos y electrónicos se ha afianzado en Centroamérica por una serie de fallas estructurales y regulatorias que persisten en la región, según un informe reciente de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit).
La presentación de la “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito” tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, con la participación de representantes empresariales y expertos, según informó EFE. El estudio examina la situación de 158 economías en seis rubros distintos, entre ellos el entorno impositivo, la regulación, los controles gubernamentales, la corrupción y los sistemas para combatir el blanqueo de capitales.
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El informe destaca que la falta de control aduanero en las zonas francas y la debilidad de los intermediarios en la cadena de suministros facilitan el flujo ilegal de una amplia gama de productos. Además, señala la existencia de una economía informal robusta, el uso indebido de zonas francas y una capacidad desigual de monitoreo estatal que favorecen la expansión del comercio ilícito en la región.
Países más expuestos y factores que alimentan el comercio ilícito
Según el índice de 2025, Costa Rica y Panamá encabezan la lista centroamericana con 51.2 y 49.6 puntos respectivamente. Les siguen El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, estos últimos con puntuaciones que reflejan una mayor vulnerabilidad.
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Dentro de América Latina, Uruguay se distingue como el país mejor ubicado. El promedio global, de 49.9 puntos sobre 100, indica que la mayoría de los gobiernos en el mundo no está preparado para prevenir o mitigar el comercio ilícito.
El informe de Tracit sostiene que, aunque algunos países centroamericanos muestran avances, la región en su conjunto sigue enfrentando obstáculos significativos para controlar la circulación ilegal de productos, de acuerdo con lo reportado por EFE.
El documento menciona que la Zona Libre de Colón en Panamá y la de Corozal en Belice son focos críticos, ya que manejan altos volúmenes de reexportaciones con baja transparencia sobre los beneficiarios finales y un mínimo de inspección física de mercancías de alto riesgo, tales como cigarrillos y destilados.
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La investigación advierte que estos factores, junto a la corrupción arraigada y la informalidad, permiten que el comercio ilícito de bienes como tabaco, bebidas alcohólicas, electrónicos, medicamentos y productos agrícolas falsificados o adulterados se mantenga activo y conectado a nivel regional.
Productos afectados, riesgos y respuestas gubernamentales
Entre los productos más afectados por el comercio ilegal se encuentran los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y los electrónicos, principalmente de origen asiático.
A esto se suman medicamentos falsificados —antibióticos, analgésicos, tratamientos contra la gripe y productos dermatológicos— y la circulación de plaguicidas, fertilizantes y semillas adulterados o robados. Este flujo ilícito representa un riesgo para la salud y la seguridad alimentaria.
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Las redes de comercio ilegal aprovechan las brechas en el monitoreo de la cadena de suministro y la falta de inspecciones efectivas para mover mercancía a gran escala en toda la región.
El informe señala que los gobiernos centroamericanos reconocen cada vez más el comercio ilícito como un asunto prioritario y han comenzado a establecer medidas de control y salvaguardas. Tracit propone que las zonas francas sean declaradas formalmente bajo jurisdicción aduanera, con derechos plenos para inspeccionar y controlar almacenes y puntos de entrada o salida.
Según el documento, “los crecientes esfuerzos de Centroamérica por fortalecer la transparencia y la integridad de la cadena de suministro, junto con los avances continuos para abordar las limitaciones de capacidad institucional y alinear los marcos regulatorios con los tratados y normas internacionales, ofrecen una base sólida para aumentar la resiliencia frente al comercio ilícito en toda la región”.
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Mientras la región avanza en la coordinación y actualización normativa, el informe de Tracit subraya la necesidad de profundizar en estos esfuerzos para enfrentar el comercio ilícito y proteger tanto la economía como la salud pública.
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