“Purga” en la base de datos de la Corte Suprema que habría alcanzado a jueces en Nicaragua

Alrededor de 2,000 abogados habrían sido eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, una medida denunciada por profesionales y fuentes judiciales que, de confirmarse, les impediría ejercer la abogacía y el notariado y reforzaría el control oficial sobre una profesión clave para la defensa ante los tribunales.

La cifra fue divulgada por el periodista Miguel Mendoza en su programa, a partir de testimonios de abogados y de una fuente vinculada al sistema judicial. Según esa versión, la depuración alcanzó a profesionales considerados no afines al oficialismo y también habría afectado a algunos jueces.

De acuerdo con lo informado por Artículo 66 en base a esas denuncias, la situación comenzó a hacerse visible cuando varios abogados llegaron a complejos judiciales para presentar escritos o representar a clientes y se encontraron con un nuevo mecanismo de verificación antes de ingresar sus documentos.

Ese procedimiento, según el relato, consiste en que el personal de seguridad toma una fotografía del profesional y consulta su estatus en el sistema electrónico de la CSJ. Fue en esa revisión cuando varios descubrieron que ya no figuraban como registrados.

Mendoza describió así lo que, según dijo, ocurrió en los juzgados: “Muchos abogados que estaban gestionando casos o haciendo alguna defensa se encontraron en los juzgados con la notificación de que ya no son abogados, que la dictadura decidió eliminarlos del registro que maneja la Corte Suprema de Justicia”.

La exclusión impediría presentar escritos, representar clientes y ejercer el notariado

La consecuencia práctica de salir de esa base de datos es inmediata: quien no aparece en el registro oficial no puede presentar escritos, representar clientes ni realizar actos notariales. En los hechos, eso bloquea el ejercicio profesional.

El periodista también citó la respuesta que habrían recibido algunos afectados durante la revisión en sede judicial: “Les dicen: ‘Usted ya no aparece en el registro, no puede ejercer’”.

Los abogados afectados sostienen que nunca fueron notificados de una cancelación de su registro profesional. También aseguran que no enfrentaron procesos disciplinarios o administrativos que justificaran una exclusión de esa naturaleza.

Una fuente del sistema judicial, cuya identidad fue reservada, afirmó que dentro de la Corte se hizo una “limpieza” de la base de datos. Según la misma versión, desde la institución se manejaba la cifra de 2,000 profesionales eliminados y se trataba de personas consideradas no afines al oficialismo.

La denuncia incluye a jueces y menciona casos ya verificados por afectados

La denuncia no se limita a abogados particulares. La fuente judicial consultada por Mendoza aseguró que algunos jueces también habrían sido retirados de la base de datos de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los casos mencionados aparece el del abogado opositor Rudy Siles, quien, según el periodista, revisó personalmente el sistema y comprobó que ya no figuraba como profesional autorizado para ejercer. Otros abogados en el exilio también habrían constatado la desaparición de sus registros.

La denuncia sostiene que la medida alcanzaría tanto a profesionales que permanecen en Nicaragua como a otros que salieron del país después de la crisis política. Hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial de la Corte Suprema de Justicia ni del Gobierno de Nicaragua sobre estas acusaciones.

En su interpretación de los hechos, citada por el medio, Mendoza vinculó la presunta exclusión con una política de control sobre profesiones estratégicas. “Solo quieren profesionales militantes”, afirmó durante su programa.