El Congreso Nacional aprobó una serie de reformas al Código Penal que elevan las penas por femicidio en Honduras a entre 25 y 30 años de prisión, y a entre 30 y 40 años en casos agravados. La ley también contempla condenas de hasta 60 años de cárcel en determinadas circunstancias.
La iniciativa, respaldada por una comisión multipartidaria y presentada ante el pleno legislativo, modifica las sanciones vigentes para este delito e incorpora cambios en el sistema de justicia, como la creación de un circuito especializado para investigar y judicializar los femicidios.
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La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, dijo que el Poder Legislativo busca enviar un mensaje de mayor dureza contra quienes ejercen violencia extrema contra las mujeres y aseguró que existe un compromiso para fortalecer las herramientas legales que permitan combatir estos crímenes.
Violencia e impunidad
La aprobación de penas más altas ocurre en un contexto de violencia contra las mujeres. Organizaciones feministas como el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla denunciaron que al menos 108 mujeres habían sido asesinadas de forma violenta hasta finales de mayo de 2026, -La cifra sigue en aumento-.
Además, esas organizaciones alertaron que cerca del 95% de estos casos permanece en la impunidad. Sus registros muestran que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho concentran parte de los asesinatos de mujeres, aunque los casos se informan en casi todo el país.
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El debate también incluye si el aumento de las penas alcanza para reducir los femicidios. Diversos sectores sostienen que la principal deuda del Estado sigue siendo la impunidad, ya que una gran cantidad de casos nunca llega a una sentencia firme, mientras muchas víctimas habían denunciado antes situaciones de violencia sin recibir una respuesta efectiva de las instituciones encargadas de protegerlas.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) señaló en análisis recientes que en el país una mujer pierde la vida de forma violenta aproximadamente cada 34 horas, un dato que da cuenta de la magnitud del fenómeno.
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Cambios en el sistema de justicia
Además del aumento de las penas, la reforma crea un circuito especializado para la investigación y judicialización de los femicidios, con juezas dedicadas exclusivamente a este tipo de procesos.
Según explicó Matute Cano, el objetivo es garantizar una atención especializada y con enfoque de género, para ampliar la capacidad de respuesta de los tribunales frente a delitos que suelen presentar altos niveles de complejidad.
La creación de instancias especializadas ha sido un reclamo recurrente de organizaciones de mujeres, que durante años señalaron deficiencias en los procesos de investigación, recolección de pruebas y judicialización de los casos.
Aplicación de las reformas
Durante la discusión de las reformas, Cano también destacó la necesidad de impulsar campañas permanentes de sensibilización para combatir las raíces culturales y sociales de la violencia contra las mujeres.
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Para organizaciones defensoras de derechos humanos, las reformas representan un avance en materia sancionatoria, pero advirtieron que los resultados dependerán de la capacidad de las instituciones para investigar, judicializar y castigar a los responsables.
La atención ahora está puesta en la implementación de los nuevos mecanismos aprobados por el Congreso y en la capacidad del sistema de justicia para responder a una problemática que sigue dejando víctimas de manera constante en Honduras.
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