Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles los cargos criminales contra el ex dictador cubano Raúl Castro Ruz por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, en lo que el fiscal general interino Todd Blanche describió como la primera acusación formal en casi 70 años contra el liderazgo superior del régimen de Cuba por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.

Junto a Castro, imputó a cinco militares de la Fuerza Aérea cubana cuyos expedientes figuran en el proyecto represorescubanos.com, una base de datos sobre tiranos de la dictadura dirigida por Rolando Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), quien facilitó esa información a Infobae.

La acusación formal, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida el pasado 23 de abril, imputa a Castro y a los cinco militares por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

Los cargos se vinculan al operativo del 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Defensa Anti-Aérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR) derribaron dos avionetas desarmadas de la organización Hermanos al Rescate (BTTR, por sus siglas en inglés) sobre aguas internacionales del estrecho de Florida, matando a cuatro de sus integrantes: los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, y el residente legal Pablo Morales, todos de origen cubano. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.

Blanche realizó el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de la comunidad cubana en el exilio, ante una audiencia de cubanoamericanos que respondió con aplausos. "Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses“, afirmó el fiscal.

La fecha del anuncio no fue casual: el 20 de mayo es el día en que se conmemora la independencia cubana de España en 1902, una efeméride con profundo peso simbólico para la comunidad cubanoamericana de Miami.

Raúl Castro, en la cúspide de la cadena de mando

Raúl Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) al momento del incidente, lo que lo ubica en la cúspide de la cadena de mando militar.

La acusación federal señala que fue él quien, tras los vuelos de Hermanos al Rescate sobre territorio cubano en enero de 1996, autorizó el uso de la fuerza letal contra las aeronaves de la organización.

Según el expediente judicial, Castro Ruz se reunió con líderes militares y los autorizó a tomar “acción decisiva y letal” contra los aviones de BTTR, y ese mandato fue el que desencadenó el operativo del 24 de febrero.

La senadora de Florida Ashley Moody leyó los cargos durante el acto del Departamento de Justicia y precisó las penas máximas: el delito de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses conlleva cadena perpetua; la destrucción de aeronave suma hasta cinco años adicionales; y cada uno de los cuatro cargos de asesinato acarrea “un máximo de pena de muerte o cárcel de por vida”. Blanche afirmó que espera que Castro comparezca ante la justicia estadounidense “por su propia voluntad o por cualquier otra forma”.

Fidel Castro sostuvo en su momento que las fuerzas armadas actuaron bajo “órdenes permanentes” y negó que su hermano hubiera dado una instrucción específica para disparar. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales, contradiciendo la postura de La Habana, que alegó que las aeronaves habían violado su espacio aéreo y calificó a los aviadores de “terroristas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló además que los pilotos no recibieron advertencias previas antes de ser derribados.

Por qué la acusación llega ahora

Aunque el caso fue investigado desde finales de los años 90, Castro nunca había sido acusado formalmente. Durante décadas, distintas administraciones estadounidenses evitaron avanzar judicialmente contra una figura de tan alto nivel dentro del régimen cubano por las implicaciones diplomáticas que podía generar. La situación cambió en el marco del endurecimiento de la política exterior impulsada por Donald Trump hacia La Habana.

La Casa Blanca incrementó las sanciones económicas contra el régimen, elevó la presión política y reforzó el respaldo a sectores del exilio en Miami que desde hace años reclamaban una acusación contra Castro.

El lunes previo al anuncio judicial, el Departamento del Tesoro incluyó en listas negras a los ministros cubanos de Justicia, Energía y Comunicaciones, a varios altos mandos militares y a toda la agencia de inteligencia de la isla. Trump incluso llegó a afirmar que Estados Unidos podría “tomar el control” de Cuba si el régimen no avanzaba hacia cambios políticos y económicos, aunque al conocerse la acusación minimizó la posibilidad de una acción militar: “No habrá escalada. No creo que sea necesario. El lugar se está desmoronando. Es un desastre”, declaró el mandatario.

El ex fiscal federal Guy Lewis, quien trabajó en investigaciones relacionadas con el caso, aseguró que “las pruebas eran contundentes” y calificó el derribo de las avionetas como “un homicidio premeditado y orquestado”.

José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate y sobreviviente del operativo, declaró: “He vivido todos estos años con dolor en el corazón, viendo que un crimen permanecía impune”.

Los cinco militares acusados junto a Raúl Castro

Los cinco militares imputados junto a Castro son los pilotos de la Fuerza Aérea cubana que ejecutaron o participaron en el operativo del 24 de febrero de 1996.

La acusación federal precisa que, desde al menos 1992 y hasta abril de 1996, los cinco entrenaron en misiones específicas para localizar, seguir y atacar aeronaves civiles pequeñas y lentas como las utilizadas por los Hermanos al Rescate.

Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, el piloto que disparó los misiles

Nacido en Las Tunas en 1959, Pérez-Pérez era veterano de 74 misiones de combate con más de 1.000 horas de vuelo, 500 de ellas en aviones MiG-29.

A bordo del MiG 1, junto a su hermano Luis Francisco Pérez-Pérez —mencionado en el expediente judicial como L.F. Pérez-Pérez y ya fallecido según confirmó Cartaya a Infobae—, disparó misiles aire-aire contra los aparatos con matrícula N2456S y N5485S a las 3:21 p.m. y 3:28 p.m. del 24 de febrero de 1996, respectivamente, sin emitir advertencia previa.

Ambos derribos ocurrieron mientras las aeronaves sobrevolaban aguas internacionales y se alejaban de Cuba.

Emilio José Palacio Blanco, el escolta del derribo

El teniente coronel Emilio José Palacio Blanco, apodado “El Narizón” según el expediente de represorescubanos.com, pilotó el MiG-23ML que escoltó al MiG-29 de los hermanos Pérez-Pérez durante la operación.

La acusación federal lo ubica a bordo del aparato que despegó desde la base de San Antonio de los Baños, ubicada en las cercanías de La Habana, a las 3:00 p.m. del 24 de febrero de 1996.

José Fidel Gual Bárzaga y Raúl Simanca Cárdenas, la segunda pareja que persiguió a Basulto

José Fidel Gual Bárzaga y Raúl Simanca Cárdenas integraron la segunda pareja de cazas que despegó ese día desde San Antonio de los Baños con la misión de destruir la tercera avioneta de Hermanos al Rescate, la que llevaba a bordo al fundador de la organización, José Basulto, junto a Silvia Iriondo y otros pasajeros.

Los dos volaban juntos en el biplaza MiG-23 UB 704.

La acusación federal precisa que ambos, junto a González-Pardo Rodríguez, estaban dentro de sus cazas listos para despegar mientras Pérez-Pérez ejecutaba los primeros derribos, y que escucharon por radio las solicitudes de autorización para destruir las aeronaves civiles, la autorización concedida y la confirmación de que los aparatos habían sido destruidos.

La avioneta de Basulto no fue alcanzada. El piloto se ocultó entre las nubes y, cuando los cubanos lo localizaron de nuevo, la aeronave con matrícula N2506 se aproximaba al espacio aéreo territorial estadounidense, por lo que les negaron la autorización para disparar.

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, el teniente coronel que emigró a EEUU en 2024

El quinto acusado presenta una particularidad que lo distingue del resto: el teniente coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez emigró a Estados Unidos a fines de abril de 2024 mediante una visa parole humanitaria, según el expediente de represorescubanos.com.

La acusación federal lo ubica a bordo del MiG-29A 911, parte de la segunda pareja de cazas, con la misión de destruir la avioneta de Basulto.

El documento judicial incluye una fotografía de González-Pardo Rodríguez junto a Pérez-Pérez en una pista de aviación militar, tomada antes del operativo.