
La muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, continúa generando conmoción nacional y nuevas interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el violento ataque armado contra los elementos policiales.
En las últimas horas, autoridades de la Policía Nacional confirmaron que una de las principales líneas de investigación apunta a que los agentes habrían sido confundidos con integrantes de estructuras criminales que operan en esa zona del norte del país.
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El jefe policial en San Pedro Sula, Eduardo Lanza, y el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), César Ruiz, informaron que los primeros análisis de inteligencia sugieren que los atacantes identificaron erróneamente a los uniformados como supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), organización criminal que mantiene intentos de expansión en distintos sectores de Cortés.
Según explicaron las autoridades, en Corinto operan varias estructuras delictivas que mantienen disputas territoriales y actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y otros delitos, situación que habría provocado la confusión durante el desarrollo del operativo.

Las investigaciones preliminares indican que los agentes se desplazaban en una zona considerada altamente conflictiva, donde grupos criminales permanecen en constante alerta ante posibles incursiones de bandas rivales o fuerzas de seguridad.
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No obstante, las autoridades también manejan una segunda hipótesis basada en testimonios brindados por pobladores del sector, quienes señalaron que el ataque podría haber sido producto de una estrategia deliberada ejecutada por otros grupos criminales.
De acuerdo con esa versión, las estructuras delictivas habrían utilizado información falsa o mecanismos de engaño para hacer creer a los atacantes que los agentes policiales pertenecían a organizaciones rivales, desencadenando así el enfrentamiento armado.
La situación ha despertado preocupación dentro y fuera de la institución policial debido a las múltiples inconsistencias que rodean el caso y a las dudas sobre la planificación del operativo ejecutado en Corinto.
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En medio de las investigaciones también salió a la luz información relacionada con documentos oficiales de la Policía Nacional que reflejarían un destino distinto para la misión asignada a los agentes fallecidos.

De acuerdo con reportes conocidos públicamente, el libro de novedades policial registró que el equipo de la DIPAMPCO tenía como destino el departamento de Colón y no el municipio de Omoa, donde finalmente ocurrió el ataque.
El documento establece que el subcomisario Lester Amador salió junto a un grupo de agentes para cumplir con la misión de trabajo identificada como “018-2026”, relacionada con labores de vigilancia vinculadas a un supuesto caso de drogas.
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Esa revelación ha generado nuevas interrogantes sobre cómo y por qué los agentes terminaron desplazándose hacia Corinto, así como sobre las decisiones tomadas dentro de la cadena de mando antes de la operación.
Ante este escenario, el defensor de derechos humanos Andrés Pavón exigió que el caso sea investigado de forma “objetiva, transparente y a profundidad”, debido a la gravedad de los hechos y las dudas que persisten alrededor del operativo.
Pavón manifestó que el Ministerio Público debe actuar de oficio y garantizar una investigación independiente que permita esclarecer completamente lo sucedido.

Asimismo, advirtió que no se puede permitir que la muerte de los agentes quede en la impunidad, especialmente cuando han surgido señalamientos sobre posibles irregularidades operativas y fallas en los protocolos de seguridad.
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Por su parte, el abogado César Bonilla expresó solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que Honduras enfrenta una “débil estrategia de seguridad” frente al avance de la violencia y el crimen organizado.
Bonilla sostuvo que este caso evidencia problemas estructurales dentro de las instituciones de seguridad, particularmente en temas relacionados con inteligencia, planificación operativa y supervisión interna.
También señaló la necesidad de desarrollar investigaciones internas y externas para determinar si existieron negligencias o errores que pusieron en riesgo la vida de los agentes durante la misión.
El profesional del derecho cuestionó además la falta de autoridades permanentes dentro de la DIPAMPCO en los últimos años, indicando que esa situación limita la capacidad investigativa y operativa de la institución.
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