El magistrado suspendido Mario Morazán compareció este jueves ante el Congreso Nacional de Honduras en un ambiente dominado por cuestionamientos a la legalidad y transparencia del juicio político iniciado en su contra, alegando que el proceso refleja la crisis estructural que aqueja al sistema electoral.
A lo largo del pleno, Morazán sostuvo que su destitución ya estaría definida de antemano, asegurando que existen los 90 votos necesarios en el Legislativo para removerlo del cargo.
El funcionario recalcó que: “El juicio político no es más que una formalidad para legitimar una decisión previamente tomada”, anticipando la gravedad del desenlace y su impacto más allá del ámbito personal.
El episodio más crítico de la comparecencia se produjo cuando Morazán acusó al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, de falta de decencia. La reacción fue inmediata: Zambrano advirtió que interrumpiría al magistrado si este persistía en sus señalamientos personales y le exigió centrarse en los argumentos legales que motivan el proceso.
El magistrado sostuvo que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades, entre ellas la supuesta falta de notificación oportuna del informe de la comisión legislativa que recomienda su destitución.
Según el propio Morazán, el documento fue finalizado la noche anterior y le fue entregado sin las 24 horas de anticipación que, en su opinión, exige el debido proceso.
El resultado tendrá implicaciones determinantes, dado que este tipo de procedimientos ha recibido críticas incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la ausencia de garantías suficientes para los funcionarios sometidos al escrutinio legislativo, de acuerdo con la intervención de Morazán.
Durante la sesión, el magistrado denunció además que le fue retirada la protección personal a pesar de su condición.
En un mensaje dirigido a sus allegados, expresó una advertencia inusual: “No pienso suicidarme, no me voy a tirar de un balcón ni espero que me caiga un rayo”, expresando preocupación por su seguridad y solicitando a sus familiares que no den crédito a versiones de posibles atentados en su contra.
En respuesta a las irregularidades señaladas, el presidente Zambrano puso sobre la mesa el salario del magistrado, 190 mil lempiras mensuales más complementos y criticó sus ausencias en sesiones tanto presenciales como virtuales, considerándolo incompatible con la responsabilidad del cargo.
Además, cuestionó la legalidad del nombramiento previo de Morazán como fiscal adjunto, vinculándolo con decisiones tomadas por la comisión permanente encabezada por Luis Redondo.
Morazán argumentó que nunca obstaculizó el cronograma electoral ni el tratamiento de expedientes desde su posición en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). En particular, defendió su oposición a la inscripción de Jorge Cálix como diputado por Olancho, sosteniendo que la ley —de acuerdo a su interpretación— lo prohíbe.
Declaró que, bajo esas circunstancias, no reconoce a Cálix como diputado válido, marcando una línea divisoria entre las decisiones jurídicas y los intereses partidarios.
Uno de los momentos de mayor gravedad fue cuando denunció la existencia de un requerimiento fiscal contra dos magistrados del TJE que, según su relato, no fue ejecutado por la Corte Suprema de Justicia ni por el Fiscal General.
Morazán explicó que la entonces presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, en su calidad de juez natural, solo citó a los acusados en vez de ordenar su detención pese a la existencia de pruebas, alimentando dudas sobre la igualdad en la aplicación de la ley.
Entre las justificaciones presentadas por Morazán, admitió haber desoído algunas instrucciones de su colega Mario Flores sobre su participación en sesiones virtuales, alegando que este formato no fue autorizado formalmente hasta el 7 de enero de 2026.
El propio magistrado reiteró que los argumentos utilizados en el informe de la comisión especial que recomienda su destitución son, en sus palabras, “penosos”, y no representan fielmente el ejercicio técnico y jurídico que asegura haber seguido durante su gestión.
La crisis reflejada en el caso de Mario Morazán expone las fragilidades del entramado institucional hondureño. El proceso no solo evidencia la polarización política, sino que también pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La forma en que se resuelva el juicio político afectará de modo directo la percepción pública sobre la independencia y legitimidad de las instituciones democráticas en Honduras, en un contexto donde la ciudadanía ya manifiesta elevados niveles de desconfianza hacia quienes administran la justicia y el proceso electoral en el país.
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