El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), formalizó acusación contra ocho miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) como supuestos responsables de la muerte de Ricardo Alberto Umaña Gómez. El caso fue presentado durante una audiencia preliminar ante el Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Según informó el MP, la fiscalía sostuvo cargos contra Juan Carlos Mejía Paz, Selvin Albino Galdámez Castro, Juan Ramón Almendares Soto, Darlin Amaliel Cruz Lara, Henry Alexander Becklem López, Luis Fernando Guillén Gonzales, José Jazmín Sosa Sosa y Noel Enmanuel García ávila. A los acusados se les imputan delitos de homicidio, encubrimiento y omisión del deber de perseguir el delito.
De acuerdo con el comunicado, la acusación se relaciona con los hechos registrados el 19 de mayo de 2024 en la aldea Monterrey, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés. En esa fecha, Ricardo Alberto Umaña Gómez conducía un vehículo junto a un familiar cuando, según la fiscalía, ignoró la señal de alto de un retén militar instalado en el sector.
La versión oficial sostiene que, ante la negativa de detenerse, Juan Carlos Mejía Paz presuntamente disparó su arma de reglamento, alcanzando a la víctima. La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida argumentó que el resto de los militares incurrió en encubrimiento y omisión del deber de perseguir el delito, al no actuar conforme a la ley frente al hecho.
Las diligencias fiscales señalan que los militares intentaron auxiliar a Umaña Gómez y lo trasladaron en una patrulla al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció minutos después. El Ministerio Público acusa a Mejía Paz del delito de homicidio. Los otros siete militares enfrentan cargos por encubrimiento y omisión del deber de perseguir el delito. Todos los imputados se defienden en libertad bajo medidas sustitutivas, tras haberse presentado de forma voluntaria ante los juzgados en enero de 2025.
El portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, indicó que la Fiscalía cuenta con “suficientes elementos probatorios para buscar una condena contra los imputados”. Entre las principales pruebas figuran el testimonio de la esposa de la víctima, quien presenció los hechos y permitió identificar a los militares participantes en el retén. Además, la Fiscalía dispone del dictamen médico forense y de las armas decomisadas, una de las cuales habría sido utilizada para disparar el proyectil letal, según los peritajes balísticos.
El caso ha generado atención por la participación de elementos de la Policía Militar del Orden Público en hechos de violencia. La acusación formal marca un precedente en los procedimientos contra integrantes de fuerzas de seguridad por posibles abusos en el ejercicio de sus funciones.
Guzmán precisó que Mejía Paz podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión si resulta condenado por homicidio, mientras que los demás militares se exponen a penas que rondan desde los seis años por los delitos imputados. El proceso judicial continúa a la espera de la programación del juicio oral y público en el Tribunal de Sentencia.
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