El asesinato con más de 40 disparos de Kimberly Nohemy Licona e Iris Yohana Lanza Martínez en Choloma, al norte de Honduras, reaviva el temor y la indignación frente a la exponencial vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante el avance del crimen organizado.
La saña del ataque —armas de fuego de corto y largo alcance, rostro desfigurado de una de las víctimas— pone en primer plano la ausencia de protección estatal y la impunidad, en una zona donde el aumento de la violencia de género y la letalidad contra jóvenes y niñas genera una profunda alarma social.
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ha vinculado directamente los hechos con estructuras criminales: ambas víctimas, primas entre sí, tenían lazos familiares con Johny Aguilar, conocido como “El Búnker”, cabecilla de la Pandilla 18.
Este elemento, añade un matiz de posible “ajuste de cuentas”, según la investigación preliminar.
En el ataque también resultó herido un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, según las autoridades. Su traslado a un centro asistencial en San Pedro Sula amplía la escala del operativo criminal, que buscaba tanto infligir daño físico como enviar un mensaje de advertencia e intimidación en el territorio.
La imagen de este supuesto cabecilla ha circulado en redes sociales junto a las víctimas, lo que ha contribuido a reforzar la versión de las autoridades. Incluso, publicaciones previas de Kimberly en plataformas digitales mostraban fotografías con su hermano, acompañadas de mensajes afectivos como “Feliz cumpleaños, hermano” y “Te amo, hermanito”, elementos que ahora forman parte del análisis investigativo.
En medio de la investigación, también han salido a la luz detalles personales sobre Kimberly Licona que han generado conmoción. Familiares confirmaron que la joven era madre de dos niñas pequeñas, lo que ha intensificado el impacto emocional del caso en su entorno cercano. Un mensaje difundido por su cuñada refleja el dolor de la familia tras la tragedia.
“Mi niña se fue y dejó a las dos princesas de su corazón solitas. Mi Kim, siempre la recordaré. Nunca olvidaré cuando me dijo que la niña iba a llevar mi nombre. Se fue sin despedirse, mi Kim. No puedo creer que ya no esté”, expresó, evidenciando el profundo vacío que deja la pérdida.
Organizaciones sociales y familiares han solicitado celeridad y diligencia en la investigación, exigiendo que el Estado responda con políticas efectivas para proteger a las mujeres en contextos de riesgo.
El doble asesinato registrado en Choloma constituye una expresión extrema de la vulnerabilidad y exposición a la que se enfrentan las mujeres en territorios bajo influencia del crimen organizado. Más allá de la relación de las víctimas con líderes pandilleros, los hechos documentados subrayan el ciclo de desprotección y el impacto devastador sobre la infancia y las comunidades.
La Dipampco descartó, las versiones que afirmaban que las jóvenes colaboraban con la policía. En el sitio del crimen no se hallaron rótulos ni mensajes alusivos: la falta de pruebas respalda que se trató de un ataque planificado y dirigido a mujeres con lazos familiares con la organización criminal, no a informantes de las fuerzas del orden.
Criminologos advierten que Honduras atraviesa un momento de incremento en homicidios de mujeres: ataques armados, amenazas, desplazamiento forzado y violencia doméstica son frecuentes. La impunidad, multiplica el riesgo y perpetúa el ciclo de agresiones.
El Estado hondureño, a través de la Dipampco, mantiene la investigación abierta y continúa recabando pruebas. Sin embargo, la magnitud del fenómeno en municipios como Choloma y otros del Valle de Sula, donde confluyen disputas entre pandillas.
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