Honduras analiza nuevas medidas ante alza de combustibles mientras advierten impacto en energía y transporte

El Gobierno de Honduras evalúa la creación de nuevas políticas para atenuar el impacto del alza en los precios de los combustibles, una tendencia que podría persistir durante los próximos meses debido a la inestabilidad internacional, especialmente por el conflicto en el Medio Oriente y su repercusión en el mercado petrolero mundial.

La crisis internacional tiene efectos medibles en la economía local. El último ajuste en la estructura de precios, que entró en vigencia esta semana, reporta aumentos que varían entre cuatro y más de diez lempiras por galón, de acuerdo con el tipo de combustible, según la explicación brindada por el ministro de Comunicaciones José Augusto Argueta a periodistas.

Uno de los datos más significativos es el alza de 10.16 lempiras por galón en el Kerosene, que lo sitúa en 99.08 lempiras, mientras que el diésel pasó a 99.70 lempiras por galón tras un incremento de 5.80 lempiras. Estos valores establecen una base para comprender la magnitud de la crisis: la gasolina superior alcanzó 113.54 lempiras por galón y la regular llegó a 101.37 lempiras. El gas licuado de petróleo utilizado en vehículos subió a 45.88 lempiras por galón.

En términos directos, la reciente subida de precios fue parcialmente absorbida por el Gobierno de Honduras, que decidió asumir parte del costo en el diésel y la gasolina regular con el propósito de evitar que las alzas se trasladen completamente al consumidor final.

El ministro Argueta señaló la dificultad de proyectar el desenlace de la crisis internacional y advirtió que la actual estrategia solo tiene un alcance limitado. “Queremos ser responsables, no podemos estar prometiendo situaciones que son imposibles de cumplir”, declaró el funcionario a medios de comunicación locales. De persistir el contexto externo adverso, el Ejecutivo anticipa la necesidad de explorar medidas adicionales frente al encarecimiento del petróleo.

El funcionario afirmó que esta situación repercute en los precios de la electricidad y las tarifas del transporte público, ya que una parte sustancial de la generación eléctrica y de la movilidad urbana depende de productos derivados del petróleo.

Como respuesta a las inquietudes públicas, el ministro José Augusto Argueta declaró que, el Gobierno se encuentra evaluando nuevas medidas para amortiguar el impacto del incremento internacional en el precio de los combustibles, aunque reconoce que cualquier decisión de mitigación tiene límites en un contexto externo de alta volatilidad.

Ante las dificultades crecientes, el sector privado ha sugerido acciones para fomentar el consumo responsable. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, propuso implementar campañas de concienciación para reducir el uso de carburantes en el país. Gallardo enfatizó la necesidad de disminuir la demanda para limitar la salida de divisas dedicadas a la importación de derivados del petróleo: “Hay que incentivar campañas de ahorro para bajar el consumo de los combustibles y que las divisas no se vayan en la compra de combustibles”, apuntó la dirigente empresarial.

El ministro de Energía, Eduardo Oviedo, recomendó optimizar el uso de vehículos mediante acciones como compartir el automóvil, reducir desplazamientos innecesarios, combinar varios mandados en un solo viaje y planificar mejor los trayectos diarios. Oviedo explicó que el objetivo es reducir el gasto de carburantes en los hogares, lo que ayudaría a mitigar el impacto en momentos de incertidumbre global sobre los precios del petróleo.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Honduras estudia campañas interinstitucionales para promover el uso eficiente de recursos, tanto energéticos como combustibles. Esta estrategia busca incrementar la conciencia nacional sobre la necesidad de hábitos de consumo responsables, considerando que los precios internacionales del crudo se mantienen elevados y son determinados por factores externos al país.

En el frente administrativo, las autoridades incluyeron en su agenda la revisión de plazas y la posible cancelación laboral de empleados considerados inactivos en dependencias estatales. El ministro Argueta informó que el Ejecutivo continúa a la espera del listado que debe remitir la Comisión Liquidadora para avanzar en ese proceso.