Una mujer hondureña exonerada tras pasar 22 años en prisión enfrenta deportación en Texas

Después de que la Justicia de Texas exoneró a Carmen Mejía por un error judicial que la mantuvo privada de libertad durante más de dos décadas, la amenaza de una posible deportación a Honduras pone en riesgo su reencuentro con su familia y su futuro en Estados Unidos, en un contexto donde las detenciones y expulsiones de migrantes han aumentado de forma sustancial desde 2025, según medios locales.

Aunque el juez del condado de Travis desestimó oficialmente el caso contra Carmen Mejía, de 54 años, y dejó sin efecto la condena que la retuvo en prisión por 22 años, las autoridades locales mantuvieron su detención. Esto responde a una norma que exige retener a las personas durante 48 horas por solicitud del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras se resuelve si serán deportadas, remitidas a un centro de migrantes o liberadas.

La exoneración de Mejía ocurrió tras la presentación de nuevas pruebas. Un tribunal de apelaciones la declaró inocente a finales de enero, concluyendo que la muerte de un bebé de 10 meses que tenía bajo su cuidado en 2003 fue resultado de un accidente, no de un homicidio.

Vanessa Potkin, abogada de la ONG Innocence Project, afirmó: “La máxima injusticia sería que, tras demostrar su inocencia y superar una tarea hercúlea, ahora sea sometida a otra forma de encarcelamiento”. Potkin resaltó que Mejía sobrevivió a más de dos décadas en prisión por la esperanza de reunirse con sus hijos.

Mientras, Mejía que no vio crecer a sus cuatro hijos durante más de dos décadas espera que las autoridades federales decidan si podrá reconstruir su vida en Estados Unidos o enfrentará una nueva separación de su familia.

Durante la audiencia de exoneración, la fiscal adjunta del condado de Travis, Sarah Byrom, reconoció ante el tribunal: “Señora Mejía, hoy reconocemos que nuestra oficina le falló. El Estado la procesó y obtuvo una condena por lo que ahora entendemos fue un accidente trágico”. El juez P. David Wahlberg solicitó a las autoridades federales que valoren las circunstancias migratorias de Mejía y declaró: “Reconozcan que Carmen Mejía ha pasado casi 23 años bajo custodia del estado de Texas por algo que no fue un delito”; señaló que la deportación agravaría la tragedia sufrida.

Carmen Mejía llegó en 1995 a Estados Unidos desde Honduras, huyendo de la pobreza y un contexto familiar abusivo. Al momento de su arresto en 2003 tenía un Estatus de Protección Temporal (TPS) y permiso de trabajo, según la información de Innocence Project.

Actualmente, mientras las autoridades federales deciden el destino migratorio de Mejía, ella espera volver a reunirse con sus cuatro hijos, a quienes no acompañó en su crecimiento durante más de dos décadas de prisión.

Durante el juicio original, la fiscalía sostuvo que un adulto había sumergido intencionalmente al menor en agua hirviendo. Sin embargo, décadas después, peritos determinaron que las lesiones eran compatibles con un accidente doméstico, causado por el agua extremadamente caliente del calentador de la vivienda, que carecía de dispositivos de seguridad térmica.

El número de personas retenidas en centros de inmigración alcanzó cifras récord en 2025, al igual que los arrestos dentro de territorio estadounidense y el empleo de detención obligatoria. Además, el gobierno ha extendido el uso de mecanismos como la “expulsión acelerada”, permitiendo la deportación de ciertos migrantes sin una audiencia judicial completa