La juramentación de peritos ante la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción marca el umbral de un juicio clave en Honduras, que buscará determinar la responsabilidad de cuatro acusados —tres estadounidenses y un hondureño— en la desaparición de Angie Peña y su presunta relación con una red criminal activa desde 2019, dedicada a la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas.
En la investigación se aseguraron dispositivos electrónicos y documentos que, de acuerdo con información publicada, son piezas clave en el expediente penal.
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Las investigaciones vinculan a los estadounidenses Harold Joseph Green Jr., William James Murdock y Gary Lee Johnston, junto con el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, como parte de un grupo organizado identificado como Delta Teams. Según el requerimiento fiscal, esta estructura no solo estaría implicada en la venta de personas —la modalidad más grave del delito de trata— sino también en la comercialización de drogas y el tráfico ilícito de armas.
El expediente de la acusación sostiene que la red utilizaba mecanismos de intimidación y control sobre las víctimas, tenía roles definidos y habría contado con el respaldo de integrantes de cuerpos de seguridad e incluso el asesoramiento de un juez de paz, quien presuntamente facilitó la confección de documentos falsos y la simulación de procesos judiciales para amedrentar o presionar a testigos y a quienes se resistían. El señalamiento de posibles vínculos internos en entidades estatales suma gravedad al caso: autoridades han advertido que todo funcionario involucrado deberá responder ante la ley.
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Las investigaciones vinculan a los estadounidenses Harold Joseph Green Jr., William James Murdock y Gary Lee Johnston, junto con el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, como parte de un grupo organizado identificado como Delta Teams. Según el requerimiento fiscal, esta estructura no solo estaría implicada en la venta de personas, la modalidad más grave del delito de trata, sino también en la comercialización de drogas y el tráfico ilícito de armas.
El expediente de la acusación sostiene que la red utilizaba mecanismos de intimidación y control sobre las víctimas, tenía roles definidos y habría contado con el respaldo de integrantes de cuerpos de seguridad e incluso el asesoramiento de un juez de paz, quien presuntamente facilitó la confección de documentos falsos y la simulación de procesos judiciales para amedrentar o presionar a testigos y a quienes se resistían. El señalamiento de posibles vínculos internos en entidades estatales suma gravedad al caso: autoridades han advertido que todo funcionario involucrado deberá responder ante la ley.
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El caso cobró notoriedad tras la desaparición de Angie Peña mientras ella se encontraba en una zona turística del Caribe hondureño. Desde ese momento, familiares y autoridades desplegaron operativos por tierra y mar, revisaron sistemas de videovigilancia e interrogaron testigos. Los avances investigativos permitieron identificar la presunta red criminal Delta Teams y recolectar evidencias que serán debatidas ante el tribunal.
La figura penal de asociación para delinquir, aplicada al menos a Johnston y Trejo Nájera, establece castigos para quienes formen parte de organizaciones ilícitas, incluso si su intervención directa en las acciones delictivas no está demostrada.
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El MP, señala que la desaparición de la joven debe analizarse dentro de la operatoria amplia y sistemática de la red, más allá de un hecho aislado. Los peritos, legitimados por el tribunal, presentarán sus análisis técnicos y científicos en audiencia para esclarecer la magnitud y el funcionamiento de la organización.
Para la familia de Angie Peña, que desde el primer día exige justicia y la investigación exhaustiva sobre la posible participación de redes criminales, la apertura del juicio representa una etapa determinante.
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Delta Teams, la presunta red bajo juicio, opera según la acusación desde al menos 2019 y evidencia el carácter multidimensional del delito: la venta de personas, el tráfico de drogas y la proliferación de armas apuntan a un fenómeno de criminalidad organizada que demanda respuestas institucionales acordes a su escala y sofisticación.
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