El Congreso de Brasil aprobó la reducción de la condena de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por liderar el intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.
La decisión, adoptada en una sesión conjunta de ambas cámaras, supone un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había vetado por completo el proyecto de ley para modificar las sentencias. Ayer el Senado rechazó al candidato del presidente para la Corte Suprema, la primera vez en 132 años que la cámara alta toma una decisión semejante.
En el Senado, la anulación del veto contó con 49 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara de Diputados, la votación arrojó 318 votos favorables frente a 144 en contra, con cinco abstenciones.
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La nueva ley establece que no se sumen penas por delitos similares y facilita el cambio a un régimen penitenciario menos severo, por lo que expertos estiman que Bolsonaro podría dejar la prisión cerrada en dos a cuatro años, mucho antes de lo originalmente previsto. De igual manera todavía no se sabe la cantidad exacta de tiempo que se le reducirá de la pena.
La medida afecta también a cientos de personas condenadas por participar en la asonada violenta contra las sedes de la Presidencia, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo, ocurrida en la capital brasileña.
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El texto legal establece criterios y porcentajes mínimos para el cumplimiento de penas y el acceso a regímenes penitenciarios menos restrictivos, lo que podría acelerar el paso de los condenados a arresto domiciliario o a un régimen semiabierto.
Bolsonaro, quien comenzó a cumplir su condena en noviembre, permanece en arresto domiciliario desde el 27 de marzo, tras recibir autorización judicial por motivos de salud.
El proyecto de ley aprobado había sido vetado en diciembre por el presidente Lula Da Silva, quien argumentó que una rebaja en las penas por delitos contra el Estado de Derecho democrático podría alentar futuras amenazas al orden democrático y representar un retroceso en el proceso de redemocratización iniciado con la Constitución de 1988.
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La base aliada del Gobierno criticó el procedimiento parlamentario por considerar que la maniobra de dividir el análisis del veto no está permitida por el reglamento. Según los legisladores oficialistas, el proyecto resulta inconstitucional y la votación debía abordar el veto de manera integral.
El presidente del Congreso defendió la decisión y explicó que la Secretaría General de la Cámara había determinado que algunos puntos del texto eran inválidos por su incompatibilidad con la Ley Antifacciones.
El debate en el Senado fue inaugurado por el senador Sergio Moro, quien calificó de “cruel” el veto presidencial, al entender que la condena de cerca de 1.400 personas por los hechos del 8 de enero resultaba excesiva.
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El proyecto de ley establece que, en lugar de sumar las penas por los delitos de abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, como ocurre con las condenas actuales, se aplicará el principio de concurrencia formal, que prevé que solo se cumpla la pena más severa.
La decisión del Congreso tiene la posibilidad de ser apelada ante el Tribunal Supremo, que deberá definir la constitucionalidad y el alcance de la nueva legislación.
(Con información de EFE, AP y CNN Brasil)
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