El régimen de Nicaragua autoriza a su embajadora en Austria para suscribir préstamo millonario con el Fondo OPEP

La autorización del régimen de Nicaragua para que su embajadora en Austria suscriba un nuevo préstamo millonario con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional marca otro capítulo en la estrategia financiera del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según reportó EFE, el acuerdo presidencial otorga plenos poderes a Sabra Amari Murillo Centeno, embajadora de Nicaragua en Austria, para suscribir un préstamo de 31,5 millones de dólares destinado a la construcción de una carretera en el norte del país.

Este nuevo crédito, detalló EFE, financiará el llamado “Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Empalme Télíca-Malpaisillo-Empalme San Isidro”, bajo la ejecución del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). El préstamo fue autorizado por el Ejecutivo nicaragüense mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que también habilitó al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para gestionar los trámites ante el Fondo OPEP.

La dinámica de endeudamiento del gobierno Ortega-Murillo con organismos multilaterales ha sido objeto de análisis y preocupación en la región. Según un estudio publicado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, en los últimos años el régimen ha recibido más de 3.200 millones de dólares en préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cifra que representa el 64% de los fondos multilaterales destinados al país entre 2018 y 2024.

Los recursos suelen destinarse a infraestructura, salud, educación y proyectos de desarrollo, pero la opacidad en la administración de estos fondos ha sido reiteradamente señalada por organizaciones internacionales. El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional es una institución financiera intergubernamental fundada en 1976 por los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Su misión, según información oficial, es fortalecer la cooperación financiera con países en desarrollo mediante préstamos concesionales, financiamiento a proyectos de infraestructura y apoyo a programas sociales.

El Fondo opera desde Viena, Austria, y ha canalizado globalmente más de 29,000 millones de dólares para proyectos en 125 países, según datos de la propia organización. Los préstamos se otorgan con condiciones favorables y están destinados a sectores como transporte, energía, agua, saneamiento, salud y educación.

En el caso de Nicaragua, el Fondo OPEP ha aprobado en los últimos años diversos créditos alineados con los planes de desarrollo del país. El préstamo más recientes es el de 25 millones de dólares autorizado en diciembre pasado para la construcción de la carretera que conectará con Managua, según consignó EFE. Durante el primer semestre de 2025, el Fondo OPEP aprobó un nuevo préstamo de 20 millones de dólares dirigido a facilitar el crédito para negocios agrícolas, favoreciendo la inclusión financiera y la expansión del sector rural.

La recurrencia de estos créditos ha generado debate sobre el nivel de endeudamiento externo de Nicaragua. El Banco Central de Nicaragua reportó una deuda externa total de 15,272 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2024, lo que incrementa las obligaciones futuras del país. Organizaciones como Raza e Igualdad y la Concertación Democrática Nicaragüense han advertido sobre la falta de transparencia y la ausencia de auditorías independientes en la ejecución de los fondos, lo que dificulta conocer el destino final de los recursos y los mecanismos de adjudicación de los contratos.

El contexto político agrega presión adicional. Diversos actores sociales y organismos internacionales han señalado que los préstamos multilaterales contribuyen a consolidar la permanencia del régimen de Ortega y Murillo, al financiar salarios de funcionarios alineados y proyectos ejecutados sin control independiente. “Mucho del dinero de los préstamos se usa para pagar salarios de personas afines a la dictadura,” explicó Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, en una entrevista recogida por Havana Times. La falta de acceso público a la información y la debilidad institucional alimentan las denuncias de corrupción y uso discrecional de los fondos.

A pesar de las críticas, el acceso a financiamiento externo no ha cesado. En septiembre de 2024, el BCIE aprobó un nuevo préstamo de 130 millones de dólares para “infraestructura social y desarrollo humano”, reflejando el respaldo regional a la continuidad de este tipo de operaciones, según reportes del sitio de la CDN.

La tendencia indica que, mientras organismos multilaterales sigan aprobando préstamos sin mecanismos robustos de supervisión y transparencia, el régimen de Nicaragua continuará accediendo a financiamiento para proyectos de infraestructura y programas sociales, sin que existan garantías suficientes sobre el uso y destino de los fondos. El debate sobre el rol de estos préstamos en la sostenibilidad financiera y política del país permanece abierto en la región.