Más de 300 mil hogares hondureños han sido alcanzados por la extorsión, con un impacto directo en la economía y la vida cotidiana de las familias y comunidades en todo el país. Esta situación se agrava por el crecimiento sostenido del delito, que ha impulsado decisiones drásticas como el desplazamiento forzado e incluso la modificación de rutinas y actividades básicas de la población, según los últimos informes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El informe más reciente de la ASJ advierte que, a pesar del estado de excepción y de una multiplicación de operativos de seguridad desde 2022, las medidas adoptadas no han reducido el número de víctimas ni el miedo generalizado. De hecho, la tasa de hogares afectados por extorsión aumentó del 9 % en 2022 al 11,6 % en 2024, lo que supone un salto cuantitativo y cualitativo en el alcance del fenómeno.
El subregistro de denuncias emerge como uno de los obstáculos principales en el abordaje del fenómeno. Mientras que en 2021 se reportaron cerca de dos mil denuncias formales, la cifra proyectada para 2024 es menor a 500. Las detenciones también cayeron: de más de 460 registradas en 2021 a menos de 200 este año. Este descenso, lejos de indicar una baja en el delito, revela que una gran parte de las víctimas elige no acudir a los canales oficiales, ya sea por desconfianza o temor a represalias, imposibilitando así la acción judicial y el procesamiento de los responsables.
La ASJ sostiene que la extorsión ha superado los límites de los centros urbanos y afecta hoy a sectores antes considerados menos vulnerables y a diversas regiones sin distinción geográfica. El director de Seguridad y Justicia de la organización explicó que se observó un “repliegue y despliegue” de las estructuras criminales, que amplían su influencia en lugares donde la población antes vivía con mayor tranquilidad.
Esta expansión resulta en un estado de vulnerabilidad permanente: miles de hogares se ven forzados a destinar parte de sus ingresos para cubrir el dinero exigido por delincuentes, lo que afecta de forma sistémica la economía familiar y local. Comerciantes, profesionales independientes y pequeños empresarios se ven entre los principales afectados, sujetos a pagos periódicos bajo amenazas que restringen no solo sus posibilidades económicas, sino también su libertad de movimiento y desarrollo personal.
El fenómeno de la extorsión no se limita al daño económico. Informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) revelan que en años recientes más de 600 menores cada año han resultado en riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado interno. Familias completas optan por abandonar sus hogares al enfrentar amenazas, intentos de homicidio o intentos de reclutamiento, lo que representa una de las consecuencias más graves y persistentes del avance del crimen organizado.
El desplazamiento, subraya la ASJ, implica no solo la pérdida material, sino también la ruptura de redes comunitarias y educativas, ya que las familias deben reubicarse abruptamente, perdiendo sus vínculos sociales y soporte cotidiano.
La relación entre extorsión y el reclutamiento criminal de jóvenes preocupa especialmente a la ASJ. Los datos recopilados muestran que la participación de adolescentes en actividades delictivas, incluida la extorsión, es cada vez más frecuente. El fenómeno comienza a edades tempranas, impactando el entorno familiar y truncando oportunidades de educación y desarrollo personal.
La organización advierte que este contexto limita gravemente las opciones de futuro para una generación expuesta a la violencia y la inseguridad desde edades escolares, sumando complejidad al entramado de la criminalidad estructural en el país.
La ASJ recalca que la extorsión está entrelazada con otros factores de violencia y criminalidad, por lo que demanda una estrategia coordinada que trascienda las acciones policiales y aborde las causas profundas del problema. Insisten en la importancia de proteger prioritariamente a los sectores más expuestos, como jóvenes, mujeres y comunidades bajo control de estructuras criminales, mediante políticas públicas de alcance social, judicial y educativo.
A pesar de los reiterados llamados y las sucesivas prórrogas del estado de excepción en vigor desde diciembre de 2022, la organización señala que la extorsión continúa consolidándose como una de las mayores amenazas a la estabilidad social y económica hondureña. Los desafíos persisten y requieren una intervención interinstitucional y de la sociedad civil que rompa el ciclo de la victimización y la impunidad.
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