El día en que la furia militar del ejército de Sri Lanka provocó la matanza de mujeres y niños en una aldea agrícola

Por sorpresa, soldados del ejército de Sri Lanka irrumpieron en las aldeas de Mahiladithivu y Muthalaikuda, en el este del país. El ataque fue una represalia inmediata: alrededor del mediodía de aquel 12 de junio de 1991, un artefacto explosivo improvisado colocado por guerrilleros de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE) había detonado bajo un tractor de suministros en el camino Kokkadichcholai-Manmunai Ferry Road, en el distrito de Batticaloa. La mina terrestre mató a dos soldados y dejó a un tercero herido.

Enfurecidos por las bajas, un oficial y dieciséis militares del campamento local salieron hacia las comunidades vecinas, culparon a los pobladores y se desquitaron con ellos: masacraron al menos a 67 civiles tamiles, aunque los informes de organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 150 víctimas, incluyendo ancianos, mujeres y un bebé de apenas ocho meses.

El ensañamiento no se detuvo ahí: diecisiete aldeanos de Muthalaikuda fueron arrastrados hasta el cráter que había dejado aquella explosión en el camino. Los militares los obligaron a dar vueltas alrededor del pozo tres veces antes de fusilarlos. Luego tiraron sus cuerpos al hoyo y los quemaron.

Esa misma tarde, la agencia estatal de noticias Lankapuvath informó que 52 civiles habían muerto “en un enfrentamiento” entre el Ejército y el grupo rebelde. Pero esa versión oficial no resistió el peso de los testimonios. El presidente entonces Ranasinghe Premadasa de Sri Lanka escribió una carta a un diputado del área en la que expresó “conmoción y pesar” por “el brutal asesinato de un gran número de civiles inocentes” y ordenó una indagación preliminar a cargo de tres funcionarios del gobierno. Seis días después, el 18 de junio, se estableció formalmente una comisión presidencial de investigación.

El escenario y la guerra que lo hizo posible

Kokkadichcholai es un conjunto de aldeas ubicado junto a una laguna, al oeste de la ciudad de Batticaloa, en la provincia oriental del país. La mayor parte de su población pertenecía a la minoría tamil, específicamente a la casta Mukkuvar, dedicada principalmente a la agricultura. En los alrededores había un campamento militar del ejército ceilandés que se abastecía mediante un tractor que recorría la ruta local.

En junio de 1990, se reanudó la Segunda Guerra Eelam (segunda fase de la guerra civil de Sri Lanka), tras el colapso de las negociaciones entre el gobierno de Colombo y el grupo rebelde, Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE). Desde esa fecha, el este del país —los distritos de Batticaloa, Trincomalee y Amparai— se había convertido en escenario de una violencia sistemática. Organizaciones locales de derechos humanos estimaban que, en apenas cuatro meses, unas 3.000 personas habían muerto o desaparecido a manos de las fuerzas de seguridad solo en la región oriental. En la ciudad de Batticaloa, por ejemplo, más de 1.500 pobladores fueron denunciados como desaparecidos en el segundo semestre de ese año.

El patrón era recurrente: cada ataque del LTTE contra posiciones militares o policiales desencadenaba represalias contra la población civil tamil de la zona. Amnistía Internacional documentó durante su primera visita de investigación desde 1982 —realizada en junio de 1991, días antes de la matanza— que las fuerzas de seguridad operaban “con una sensación casi total de impunidad”. El entonces ministro de Defensa, Ranjan Wijeratne, había declarado ante el Parlamento que “el gobierno no mostrará piedad hacia estos terroristas tamiles, criminales que no merecen vivir”. La organización humanitaria advirtió en el informe “Sri Lanka Noreste: Violaciones de los derechos humanos en un contexto de conflicto armado” que declaraciones de ese tipo, combinadas con la ausencia de consecuencias para los responsables de abusos, alentaban a las fuerzas armadas a cometer ejecuciones extrajudiciales.

El distrito acumulaba, además, un historial previo de violencia masiva. En 1987, el mismo conjunto de aldeas de Kokkadichcholai había sido escenario de otra matanza. Entre finales de la década de 1980 y principios de los años 90, más de 1.100 civiles habían sido víctimas de desaparición forzada o presuntamente asesinados en la zona, según documentó la Universidad de Profesores por los Derechos Humanos (UTHR), una organización de la Universidad de Jaffna que publicaba informes de primera mano sobre las violaciones en el noreste.

12 de junio de 1991

Alrededor de las 12:45 de la tarde de aquel 12 de junio de 1991, el artefacto explosivo detonó bajo el tractor de suministros perteneciente a la base militar de Kokkadichcholai. Los dos soldados que viajaban en el vehículo murieron en el acto, lo que provocó el envío inmediato de refuerzos hacia el lugar de la explosión. En el puesto militar había otros diez milicianos, desarmados, de la Organización de Liberación Popular de Tamil Eelam (PLOTE, por sus siglas en inglés); según los testimonios recogidos por la Universidad de Profesores por los Derechos Humanos, para el informe “La masacre de Kokkadichcholai y después”, estos paramilitares advirtieron a los civiles de la aldea que un ataque represivo era inminente.

La mayoría de los hombres y algunas mujeres lograron huir a tiempo. Quienes no pudieron escapar buscaron refugio en un molino de arroz propiedad de un vecino identificado como Kurukulasingam, donde se estima que se escondieron más de cien personas. Según el recuerdo de los sobrevivientes, un grupo de militares entró a ese lugar por la fuerza y abrió fuego indiscriminado. Mataron a casi todos los refugiados y dejaron heridos a los que estaban en la casa de al lado. Cuando los militares se fueron, varios de los sobrevivientes y algunos curiosos se acercaron al refugio para ayudar. Fue justo cuando llegó la segunda patrulla de seis soldados: empujaron a todos adentro del refugio y les dispararon. Al salir, remataron a cinco que estaban heridos. Luego de esa masacre, los militares intentaron incendiar los cadáveres, entre los que había ancianos, mujeres y niños.

La escena más documentada ocurrió en Muthalaikuda, en el cráter. Allí, diecisiete aldeanos, entre ellos un adolescente de 16 años llamado Suthaharan, fueron sacados de sus casas y arrastrados hasta el cráter dejado por la mina terrestre. Mientras los militares los obligaron a rodear el foso tres veces antes de fusilarlos, para luego arrojar sus restos al hoyo e incinerarlos, en paralelo, en Mahiladithivu, aproximadamente 50 aldeanos fueron asesinados. Entre ellos, estaba el bebé de ocho meses.

La UTHR estimó que el saldo real superó los 123 civiles muertos: 67 cadáveres identificados y sepultados, y otros 56 desaparecidos que se presumen fallecidos tras haber sido reducidos a cenizas. En contraste, la policía local, de composición mayoritariamente cingalesa, solo certificó 32 decesos. El molino concentró la mayor cantidad de víctimas, con 43 fallecidos. Los lugareños también denunciaron que, al menos, seis mujeres fueron violadas, incluyendo a dos hermanas; aunque las autoridades policiales negaron las agresiones sexuales, funcionarios médicos las confirmaron en privado dentro de los informes de la mencionada universidad.

Al día siguiente, el 13 de junio, mientras el ejército permanecía acuartelado, los primeros en llegar al escenario de la matanza fueron miembros del propio LTTE, quienes tomaron fotos de la destrucción. Para el amanecer, los cuerpos ya habían comenzado a descomponerse bajo el clima tropical, por lo que alrededor de las dos de la tarde los aldeanos enterraron, casi de urgencia, la mayoría de los cuerpos.

El 16 de junio, una comitiva oficial encabezada por Bradman Weerakoon —asesor presidencial para Asuntos Internacionales— y los diputados locales Joseph Pararajasingham y Karunakaran llegó en helicóptero a la base militar. Los mandos de la guarnición sostuvieron que los muertos eran combatientes rebeldes y que el acceso a las aldeas seguía siendo peligroso, lo que forzó la evacuación del grupo hacia Batticaloa. Solo el diputado Pararajasingham logró romper el cerco y reunirse con las victimas. Cuatro días más tarde, el 20 de junio, la comandancia de la base fue relevada con la asignación de un nuevo oficial al mando.

La investigación, el juicio y la impunidad

La Comisión Kokkadicholai fue establecida el 18 de junio de 1991 bajo la Ley de Comisiones de Investigación de Sri Lanka. Fue la primera investigación independiente de este tipo celebrada en el país sobre una masacre cometida por el ejército. La integraron tres comisionados: K.D.O.S.M. Seneviratne como presidente, S. Selliah y el doctor A.M.M. Sahabdeen. Las audiencias públicas se realizaron en la base de la Fuerza Aérea en Batticaloa entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 1991, y posteriormente en el Bandaranaike Memorial International Conference Hall de Colombo. Hasta mediados de diciembre, 136 testigos habían declarado.

El informe preliminar de la comisión se publicó el 30 de enero de 1992, en parte por presión del gobierno para tenerlo listo antes de la reunión del consorcio de ayuda internacional prevista para el 7 de febrero, en París. El informe final fue entregado al gabinete en marzo de 1992. Sus conclusiones confirmaron que los soldados del campamento de Kokkadicholai eran responsables de las matanzas, pero las justificaron como el resultado del “comportamiento descontrolado” de los militares tras la muerte de sus compañeros, y no como una acción militar planificada. La comisión declaró que no existían pruebas contra ningún soldado en particular y que, por tanto, “los culpables no pueden ser llevados ante un tribunal penal”. Recomendó que el ejército condujera sus propias investigaciones bajo la ley militar.

El informe final recomendó también el pago de 5.245.225 rupias de Sri Lanka —equivalentes a unos 175.000 dólares estadounidenses de la época— en concepto de indemnización para las familias de los 67 muertos identificados y para quienes perdieron propiedades. Ninguno de los militares presuntamente responsables fue obligado a declarar ante la comisión. Solo el comandante del campamento prestó testimonio, y lo hizo sin juramento.

El caso pasó a un tribunal militar. El consejo de guerra absolvió a los dieciséis soldados implicados en las matanzas, pero declaró culpable al oficial al mando, el teniente H.A.S. Kudaligama del 5.º Batallón de la Guardia Gemunu, por dos cargos: no haber controlado a sus subordinados y haber dispuesto ilegalmente de los cadáveres. El ejército anunció en diciembre de 1992 su destitución del servicio. Los dieciséis soldados absueltos fueron enviados al frente norte como medida disciplinar.

El Comité Asiático de Vigilancia de Derechos Humanos (Asia Watch), filial de Human Rights Watch, señaló que la comisión había referido el caso a un tribunal militar precisamente cuando ese mecanismo era incompatible con los estándares del derecho internacional para investigar ejecuciones extrajudiciales. La Comisión Internacional de Juristas (ICJ, por sus siglas en inglés) determinó en un informe de enero de 2010 que la decisión de derivar el caso a la justicia militar había equivalido a una “subversión de la jurisdicción de los tribunales civiles” y que el resultado produjo un único “chivo expiatorio” en lugar de justicia real.

En 2001, el ejército reconoció formalmente su responsabilidad en la masacre. En enero de 2002, personal militar en Batticaloa admitió públicamente su participación en matanzas masivas de aldeanos en el este, mencionando entre ellas el ataque de Kokkadicholai. En febrero de ese año, el fiscal general presentó cargos contra más de 600 policías y militares vinculados a desapariciones ocurridas antes de 1994. El 28 de junio de 2002, dos soldados fueron condenados a seis años de prisión y a una multa de 2.500 rupias —equivalentes a 27 dólares estadounidenses— por su participación en un secuestro y asesinato cometido en 1989, en un proceso que no guardaba relación directa con Kokkadicholai pero que formaba parte de la misma ola de rendición de cuentas.