El día que en México se tuvo que pagar un impuesto por cada perro de mascota

En octubre de 1853, Antonio López de Santa Anna, quien entonces presidía México, decretó un impuesto a los perros en la Ciudad de México.

La norma establecía que cada propietario debía pagar un impuesto mensual de un peso por cada perro, sin distinción de raza o uso, con excepción exclusiva para perros lazarillos.

De acuerdo con Héctor Strobel del Moral, el objetivo principal de este impuesto , así como otros controversiales, era incrementar la recaudación tributaria tras la profunda crisis fiscal que siguió a la guerra con Estados Unidos y adaptar el sistema fiscal mexicano a modelos europeos.

Esta contribución formaba parte de un conjunto de impuestos directos impulsados por Santa Anna, como los gravámenes a puertas, ventanas, caballos y carros, diseñados para gravar bienes considerados indicadores de riqueza. Sin embargo, el impuesto a los perros se aplicó únicamente en la capital y fue encomendado al Ayuntamiento de la Ciudad de México para su recaudación y administración.

Problemas al impuesto sobre los perros

La implementación del impuesto estuvo marcada por la improvisación y la falta de mecanismos de control. El decreto imponía un plazo de ocho días para el registro de los perros y amenazaba con triplicar la cuota por incumplimiento.

No obstante, la mayoría de los capitalinos optó por ignorar la disposición. Para finales de octubre de 1853, casi ningún propietario había inscrito a su perro. El tesorero de la capital, Pedro Solórzano, planteó entonces al ministro de Gobernación la necesidad de contar con facultades coercitivas para castigar a los evasores.

Solórzano propuso entregar collares especiales a los perros de quienes cumplieran con el pago, de manera que los animales sin collar pudieran ser identificados y capturados. Si en 24 horas el dueño no saldaba el adeudo, el perro podía ser sacrificado. Esta propuesta nunca fue atendida por las autoridades.

La ausencia de un padrón confiable y de procedimientos de fiscalización resultó determinante. Como detalla Strobel del Moral, nunca se elaboró un registro de mascotas que permitiera vigilar el cumplimiento de la cuota mensual, por lo que la recaudación dependió casi por completo de la voluntad de los contribuyentes. Sin coerción ni controles, el impuesto canino funcionó en la práctica como una especie de donativo voluntario, con ingresos muy bajos.

¿Cuánto recaudó el impuesto a los perros?

Los datos citados por Strobel del Moral reflejan el impacto limitado del gravamen. Durante 1854, la recaudación apenas sumó 1 mil 362 pesos; en el primer semestre de 1855, la cifra fue similar, con 1 mil 300 pesos recaudados.

El promedio mensual correspondía aproximadamente al pago por cien perros, algunos registrados bajo un mismo dueño. En comparación, el impuesto sobre puertas y ventanas generó 20 mil pesos solo en la capital durante 1855, mientras que la contribución canina representó solo el 0.27% de los ingresos municipales.

La evasión del impuesto fue generalizada. La gran mayoría de los habitantes de la capital evitó registrarse y quienes sí pagaron, lo hicieron por lo regular fuera de plazo.

El impuesto desapareció cuando cayó el régimen de Santa Anna. En agosto de 1855, la capital dejó de registrar pagos por el impuesto a los perros, anticipando su abolición formal. Cabe destacar, varios países europeos tienen un tributos a los perros.