Centro de Investigación advierte sobre debilidades en justicia civil y criminal pese a mejora de Guatemala

El país subió cuatro posiciones en la medición del World Justice Project, pero mantiene un apego débil al Estado de derecho, con resultados críticos en el sistema penitenciario y la investigación de delitos

Infografía con una balanza de la justicia, gráficos estadísticos, iconos de reloj de arena, celda carcelaria y textos explicativos con cifras.
El informe del World Justice Project sitúa a Guatemala en el puesto 106 global mientras persisten deficiencias críticas en la investigación criminal y el sistema penitenciario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala subió cuatro posiciones en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project, hasta el puesto 106 entre 143 países, por una mejor valoración de expertos. El avance, sin embargo, convive con resultados críticos en la justicia civil, la investigación de delitos y el sistema penitenciario.

La capacidad de las cárceles para reducir la conducta delictiva de las personas privadas de libertad recibió apenas 0,12, la calificación más baja de todos los indicadores examinados. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) planteó que el sistema penitenciario debe ser una prioridad, con dos cárceles de máxima seguridad y una carrera para agentes penitenciarios aún sin fechas definidas.

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El país obtuvo 0,44 puntos sobre un máximo de uno, frente a un promedio mundial de 0,55 y uno regional de 0,51. Guatemala quedó en el percentil 26: el 74% de las naciones evaluadas mostró un apego más fuerte al Estado de derecho.

Una balanza con una celda y un edificio en sus platillos, un mazo de juez, cadenas rotas, un libro y el mapa con la bandera de Guatemala.
Una balanza judicial junto al mapa de Guatemala ilustra los desafíos del país en materia de justicia penal y administración penitenciaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La valoración de expertos detrás del ascenso

La puntuación pasó de 0,4395 en 2025 a 0,4442 en 2026, un incremento de 1,1% que constituyó la tercera mayor mejora mundial de esta edición. Solo Letonia, con un alza de 1,6%, y Trinidad y Tobago, con 1,2%, registraron aumentos superiores.

El investigador del CIEN David Casasola explicó que la variación no refleja una nueva percepción de la población. La encuesta ciudadana usada para Guatemala data de 2021, mientras que la mejora respondió a las respuestas de expertos consultados en 2026, sobre todo en gobierno abierto y derechos fundamentales.

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El índice mide ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia criminal. La metodología combina una encuesta a mil personas, que se actualiza cada cuatro o cinco años, con cuestionarios anuales dirigidos a académicos, abogados en ejercicio y funcionarios públicos.

La nueva posición permitió a Guatemala superar a Costa de Marfil, que cayó del lugar 106 al 107; Zambia, del 103 al 108; Líbano, del 107 al 109; y Sierra Leona, del 109 al 110. Los cuatro países retrocedieron en la comparación anual y ninguno obtuvo una nota inferior a la que Guatemala tenía en 2025.

La calificación redondeada del país se mantiene en 0,44 desde 2021. Casasola indicó que la posición relativa ha cambiado más por el comportamiento de otras naciones que por transformaciones internas de gran escala, en un año en el que el 62% de los países analizados retrocedió: el noveno período consecutivo de deterioro global predominante.

Gobierno abierto y derechos, los factores mejor calificados

El mejor desempeño de Guatemala correspondió a gobierno abierto, con 0,53 puntos y el lugar 61. El resultado estuvo impulsado por los mecanismos efectivos de queja, con 0,64, y por el derecho de acceso a la información pública.

Los derechos fundamentales alcanzaron también 0,53 puntos y ubicaron al país en el puesto 73. La libertad de creencia y religión obtuvo 0,66, aunque la libertad de reunión y asociación descendió de 0,65 en 2021 a 0,60.

La justicia civil quedó en el lugar 136 de 143, con una calificación de 0,34, mientras que la justicia criminal alcanzó 0,31 y ocupó el puesto 123. El CIEN identificó ambos factores como las principales debilidades del sistema de justicia guatemalteco.

Los retrasos procesales en materia civil recibieron 0,16, su mejor resultado desde 2015. Sin embargo, la aplicación efectiva de las resoluciones judiciales cayó a 0,19, el peor registro del período, por la lentitud de los procedimientos y las dificultades para que las decisiones se cumplan.

La investigación criminal obtuvo 0,22, una puntuación asociada a la baja capacidad para esclarecer delitos y llevar los casos hasta una condena. La ausencia de corrupción en el Organismo Legislativo recibió 0,09, otro de los indicadores con evaluación más baja.

Cárceles, investigación y transformación digital

La analista María del Carmen Aceña sostuvo que la construcción de centros de máxima seguridad y la profesionalización de los agentes penitenciarios deben recibir atención prioritaria. Casasola coincidió y señaló que la investigación requiere mayor capacidad técnica, mediante un sistema de cámaras, un banco de voces y un banco genético para acelerar el esclarecimiento de delitos.

Entre sus propuestas, el CIEN planteó una estrategia de transformación digital para los tres organismos del Estado, dirigida a mejorar la eficiencia, la interoperabilidad institucional y la transparencia. La medida tendría especial foco en la reducción de los plazos judiciales.

La institución recomendó además elaborar estadísticas que evalúen la calidad de la gestión judicial, además del número de casos resueltos, y diseñar una agenda para atender los obstáculos de la justicia civil. Para la justicia penal, propuso un plan estratégico conjunto entre las instituciones involucradas, con metas compartidas y presupuestos coordinados, junto con nueva infraestructura penitenciaria, mecanismos de control, supervisión y rehabilitación.

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