El Congreso de Guatemala ratificó el estado de sitio en Zacapa e Izabal y autorizó a las fuerzas de seguridad a tomar el control de las cárceles del país, tras aprobar el Decreto 29-2026 con 147 votos a favor.
La medida de excepción regirá durante 30 días desde el 14 de noviembre y responde a una sucesión de ataques armados que dejó al menos una veintena de muertos en el oriente guatemalteco.
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La decisión legislativa confirmó el Decreto Gubernativo 8-2026, emitido por el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros, aunque incorporó cambios al alcance inicial.
El régimen excepcional se mantendrá limitado territorialmente a los departamentos de Zacapa e Izabal, pero las autoridades podrán intervenir los centros penitenciarios, de detención preventiva y de cumplimiento de condenas en todo el territorio nacional.

El pleno descartó, en cambio, una propuesta para incluir a Huehuetenango dentro de las zonas bajo estado de sitio. Esa enmienda obtuvo 41 votos y no alcanzó el respaldo necesario.
Las fuerzas de seguridad podrán intervenir las 22 prisiones del país
La modificación aprobada por los diputados faculta al Ministerio de la Defensa Nacional, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC) a ejecutar acciones conjuntas dentro de los centros de privación de libertad.
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El sistema penitenciario guatemalteco cuenta con 22 cárceles y más de 24 mil personas detenidas o condenadas, según los datos mencionados durante el debate parlamentario.
Los legisladores que respaldaron la ampliación argumentaron que la medida busca responder al aumento de las extorsiones y a la presunta operación de estructuras criminales desde los penales.
La enmienda establece que las fuerzas de seguridad podrán asumir el control de esos centros, aunque el estado de sitio como régimen territorial seguirá vigente únicamente en Zacapa e Izabal.

El Congreso también precisó que nadie podrá ser perseguido por sus opiniones durante la aplicación de la medida excepcional.
El decreto permite operativos conjuntos, patrullajes y puestos de control en rutas consideradas estratégicas.
Además, suspende de forma temporal garantías constitucionales vinculadas con la libertad de circulación, el derecho de reunión y la exigencia de una orden judicial para efectuar capturas y allanamientos.
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La medida llegó 48 días después de la masacre de Huité
El estado de sitio fue decretado después de varios hechos violentos registrados en Zacapa. Entre ellos figura la masacre ocurrida el 27 de septiembre en Huité, donde ocho personas fueron asesinadas en circunstancias que aún se investigan.
También está el ataque armado del 6 de noviembre en Río Hondo, en el que murió el diputadoJulio César Portillo.
Las autoridades han vinculado la escalada de violencia con organizaciones criminales y estructuras relacionadas con el narcotráfico que disputan el control territorial y las rutas para el traslado de drogas.
Varios diputados cuestionaron que el Ejecutivo hubiera emitido la medida 48 días después de los asesinatos en Huité.
Christian Álvarez, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), sostuvo que la violencia afecta a otras zonas, como la zona 18 de la capital, Villa Nueva y Escuintla.
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El jefe de bancada Valor, Elmer Palencia, afirmó que el problema de seguridad trasciende Zacapa e Izabal. También mencionó la fuga de 20 líderes de la Mara 18 y criticó la respuesta del oficialismo frente a ese episodio.
La oposición respaldó el decreto, pero pidió una estrategia sostenida
El diputado José Chic, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), anticipó el voto favorable de su bancada, aunque advirtió que la militarización temporal no resolverá el problema sin una política de seguridad definida.
“Se necesitan resultados reales”, sostuvo Chic. El legislador señaló que, si no se debilitan las estructuras criminales, estas podrían retomar sus actividades una vez que termine el período de excepción.
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El debate también incluyó cuestionamientos sobre la aplicación del régimen en las prisiones. El diputado Ronald Portillo consideró que una intervención administrativa podría ser más viable, dado que las personas privadas de libertad ya tienen limitados varios de sus derechos constitucionales.
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