El destino del dinero que los hondureños aportan mediante la Tasa de Seguridad vuelve a generar cuestionamientos sobre las prioridades del Estado en materia de seguridad y justicia.
Las cifras correspondientes a 2026 muestran que una parte considerable de los recursos se concentra en gastos operativos, mientras que el financiamiento para fortalecer las investigaciones criminales permanece sin crecimiento.
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Los datos forman parte de un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización civil hondureña, elaborado con información de la Secretaría de Finanzas. El estudio expone que la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia cuenta con una asignación de L 215 millones (USD 7,95 millones), la misma cantidad que recibió durante 2025.
La cifra representa aproximadamente el 4% de los L 5.882 millones que se proyectan recaudar mediante este mecanismo durante 2026. De cada 100 lempiras disponibles, apenas cuatro se destinan a una de las áreas fundamentales para identificar estructuras criminales, reunir pruebas y esclarecer hechos delictivos, señala el documento.
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El estancamiento presupuestario contrasta con el crecimiento de los ingresos de la Tasa de Seguridad, que se ha convertido en una fuente millonaria de financiamiento para distintas instituciones estatales.
Mientras las autoridades mantienen operativos policiales y militares como parte de sus estrategias de seguridad, la investigación de los delitos requiere recursos para desarrollar diligencias, obtener pruebas y respaldar los procesos que posteriormente llegan a los tribunales.
Destino de los fondos
Uno de los datos que más llama la atención en el desglose presupuestario es la cantidad destinada a alimentación y alquiler de vehículos. Para 2026, ambos conceptos suman L 2.993 millones (USD 110,64 millones), una cantidad que supera la mitad de los recursos proyectados de la Tasa de Seguridad.
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En el caso de los alimentos, la asignación alcanza los L 2.271 millones (USD 83,95 millones), mientras que el alquiler de vehículos representa otros L 722 millones (USD 26,69 millones). Estos gastos contrastan con los L 215 millones destinados a investigación e inteligencia criminal, que no registran ningún incremento respecto al año anterior.
Estas cifras abren preguntas sobre las instituciones que reciben los fondos, las condiciones bajo las cuales se realizan las compras de alimentos y los contratos utilizados para alquilar vehículos.
Distribución entre instituciones
El análisis de la ASJ muestra diferencias importantes entre las instituciones beneficiadas. La Secretaría de Seguridad concentra cerca de L 2.900 millones (USD 107,21 millones), equivalentes a aproximadamente el 49,3% del total, mientras que la Secretaría de Defensa recibe L 1.344 millones (USD 49,68 millones).
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Esta distribución refleja que la mayor parte del financiamiento se concentra en las instituciones encargadas de las operaciones policiales, militares y penitenciarias, mientras otras áreas vinculadas con la investigación y la administración de justicia reciben cantidades considerablemente menores.
El Ministerio Público, sin recursos
Otro de los aspectos señalados por la ASJ es que el Ministerio Público no cuenta con una asignación de recursos provenientes de la Tasa de Seguridad para 2026. La situación genera cuestionamientos porque esta institución tiene bajo su responsabilidad dirigir las investigaciones penales, coordinar las diligencias correspondientes y presentar los requerimientos fiscales contra quienes son señalados de cometer delitos.
La Ley de Seguridad Poblacional, aprobada mediante el Decreto Legislativo 105-2011, establece como finalidad fortalecer a los operadores de justicia para combatir la delincuencia común y organizada. Su artículo 32 dispone que los recursos del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional deben financiar acciones de prevención y control de la criminalidad.
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La ASJ también ha cuestionado la falta de transparencia en el manejo de los fondos, especialmente en lo relacionado con las compras y contrataciones. Según la organización, la información pública disponible sobre las adquisiciones del Comité Técnico del Fideicomiso presenta importantes rezagos.
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