El Congreso de la República avanzó con una iniciativa para regular el teletrabajo en Guatemala, la cual busca establecer reglas claras para esta modalidad laboral.
La propuesta, que pasó la primera lectura ayer martes 18 de agosto en el Congreso, propone regular los horarios, priorizar el derecho a la desconexión digital y mejorar condiciones laborales mediante el uso de tecnologías de la información.
La propuesta surge tras el aumento de trabajo a distancia durante la pandemia y responde a desafíos actuales, como la congestión vehicular.
Definición de teletrabajo y aspectos centrales
La iniciativa define el teletrabajo como la prestación de servicios laborales, totales o parciales, de forma regular, continua o periódica, mediante tecnologías de la información y comunicación, bajo subordinación y dependencia entre empleador y trabajador.
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El dictamen contempla la creación de horarios diferenciados y la posibilidad de implementar el teletrabajo en el sector público, con el objetivo de reducir el tráfico en la capital. Esta última solicitado por la Municipalidad de Guatemala.
Uno de los puntos clave es el derecho a la desconexión digital. Los trabajadores podrán negarse a responder comunicaciones fuera de la jornada laboral, salvo en situaciones excepcionales previamente justificadas.
Esta medida busca proteger períodos de descanso, licencias y vacaciones, sin que ello implique una disponibilidad permanente.
Grupos prioritarios y supervisión estatal
La ley da prioridad a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, cuidadores, personas con enfermedades crónicas o terminales y adultos mayores.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será responsable de regular, supervisar y promover el teletrabajo, así como de emitir normativas, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y ofrecer modelos de contratos para adaptar a las empresas.
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Aunque el martes fue incluida la propuesta y avanzó en primera lectura, hubo muchas voces que manifestaron su rechazo a la propuesta, argumentando que los trabajadores perderán derechos laborales.
Opiniones y desafíos legales
En una entrevista con La Hora, el abogado José Guillermo Gándara, especialista en derecho laboral, opinó que esta propuesta representa el primer intento formal de regulación, pero consideró que “carece de un análisis integral del ámbito laboral y omite el rol de la Inspección General de Trabajo como autoridad central”.
Añadió que la iniciativa no contempla mecanismos de fortalecimiento para la supervisión estatal ni herramientas digitales para inspecciones a distancia. Gándara subrayó que el Código de Trabajo es de orden público, por lo que una ley independiente resulta antitécnica y superficial.
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Señaló que el abordaje de la regulación debería haber incluido el diálogo tripartito entre gobierno, sector empresarial y trabajadores, lo que no ocurrió en esta ocasión.
Propuestas en debate y visión parlamentaria
Actualmente existen cuatro propuestas legislativas sobre teletrabajo: la iniciativa 5764, orientada a crear un marco integral; la 5781, que reforma el Código de Trabajo para incorporar el teletrabajo; la 6556, con ley específica; y la 6733, impulsada desde el Ejecutivo para fomentar el trabajo digno, pero todas fueron integradas en una por la Comisión legislativa encargada.
El diputado Geovanny Barragán, miembro de la comisión, explicó que el principal reto será diferenciar la aplicación en los sectores público y privado, señalando que la percepción ciudadana sobre posibles plazas fantasmas en el Estado exige controles rigurosos.
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La diputada Elena Motta manifestó que el teletrabajo podría implementarse en el sector privado mediante acuerdos contractuales, pero en el sector público es indispensable contar con un marco legal específico para prevenir malas prácticas.
Perspectiva de impacto y próximos pasos
El diputado José Pablo Mendoza, ponente de la iniciativa 6556, vinculó la regulación con el objetivo de aliviar la congestión vehicular y ampliar oportunidades laborales.
El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía consideran el teletrabajo una vía para mejorar la competitividad y atraer inversión, siempre que se definan con claridad los derechos, obligaciones y mecanismos de supervisión.
Cámaras empresariales y el sector de call centers apoyan el avance de la ley, aunque solicitan ajustes técnicos para evitar vacíos legales. Las discusiones continúan, con la expectativa de que el tema sea incluido en la agenda legislativa del segundo semestre de 2026.
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